ARGELIA

República Democrática y Popular de Argelia
Jefe del Estado: Abdelaziz Bouteflika
Jefe del gobierno: Abdelaziz Belkhadem (sustituyó a Ahmed Ouyahia en mayo)
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional:firmado

El gobierno introdujo nuevas leyes de amnistía que afianzaban la impunidad de los responsables de abusos graves contra los derechos humanos, en un esfuerzo, según declaró, por cerrar las cicatrices del conflicto interno de la década de los noventa. Estas leyes penalizaban las críticas relativas a violaciones cometidas en el pasado por las fuerzas del gobierno. No se avanzó en la investigación de casos de desapariciones forzadas y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante la década de los noventa ni se aclaró la suerte de las víctimas de desaparición forzada. En virtud de las leyes de amnistía, quedaron en libertad unas 2.200 personas que habían estado encarceladas o detenidas por cargos relacionados con el terrorismo, y se ofreció la posibilidad de quedar exentos de responsabilidad penal a los miembros de grupos armados que se entregaran. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad, que se saldaron con más de 300 muertes, incluidas las de más de 70 civiles. Se recibieron continuos informes de tortura y malos tratos a personas detenidas por las autoridades y acusadas de actividades relacionadas con el terrorismo, y preocupaba la falta de imparcialidad de los juicios en causas por terrorismo y en causas abiertas por motivos políticos. Se hostigó y condenó a prisión a periodistas, sindicalistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Información general

Argelia continuó sintiendo los efectos del largo y sangriento conflicto interno de la década de los noventa, en el que, a consecuencia de los ataques y abusos de los grupos armados y las fuerzas de seguridad del gobierno, se calculaba que habían perdido la vida hasta 200.000 personas. El gobierno presentó su política de «reconciliación nacional» como la solución definitiva para superar este brutal legado. Se aprobaron medidas de amnistía general, se eximió de responsabilidad penal a los responsables de abusos cometidos en el pasado, se introdujeron medidas de indemnización para algunas categorías de víctimas y prestaciones sociales para ex miembros de grupos armados y sus familias, y medidas destinadas a la reintegración de personas que habían sido marginadas por sospecharse que habían apoyado al Frente Islámico de Salvación (Front islamique du salut, FIS). El Frente, cuyo triunfo en las elecciones de 1992 había desencadenado la intervención del ejército y el posterior conflicto interno, siguió estando prohibido y fue excluido del proceso político, aunque algunos de sus ex líderes apoyaban activamente el plan de «reconciliación» del gobierno.

Argelia fue un importante aliado de Estados Unidos en la «guerra contra el terror» encabezada por este último. Persistió la violencia a manos de grupos armados residuales, a menudo relacionada con actividades delictivas, como el contrabando, la extorsión sistematizada y el blanqueo de dinero. El gobierno continuó su campaña armada contra estos grupos que, según afirmaba, tenían lazos con Al Qaeda. A pesar del permanente riesgo de tortura en casos relacionados con el terrorismo, varios países continuaron expulsando a ciudadanos argelinos alegando que eran un peligro para la seguridad nacional. Al parecer, las autoridades argelinas aseguraron a algunos países que no se torturaría ni maltrataría a las personas devueltas a Argelia, pero se negaron a permitir que la situación de estas personas fuera verificada por observadores independientes.

El alza del precio del petróleo y el gas trajo consigo grandes beneficios que permitieron al gobierno pagar aproximadamente dos tercios de la deuda externa. Las instituciones financieras internacionales advirtieron de que se necesitaban reformas para diversificar el crecimiento y crear empleo. Siguieron siendo frecuentes las protestas violentas por las condiciones económicas y sociales, y las acusaciones de corrupción eran generalizadas.

Impunidad

No se avanzó en la investigación de los numerosos abusos graves, como actos de tortura, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas, cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto de la década de los noventa. El gobierno siguió sin cooperar de forma efectiva con los mecanismos y órganos de derechos humanos pertinentes de la ONU para resolver los problemas heredados del conflicto.

En febrero se afianzó aún más la impunidad mediante leyes de amnistía aprobadas por decreto presidencial que, según el gobierno, tenían por objeto aplicar la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, documento marco aprobado mediante referéndum nacional en 2005. Grupos de derechos humanos y asociaciones de víctimas organizaron manifestaciones públicas en protesta por la nueva legislación, que calificaron de inconstitucional.

Las leyes de amnistía declaraban inadmisible cualquier denuncia contra las fuerzas de seguridad y contra quienes habían actuado en colaboración con ellas, con lo que de hecho se concedía inmunidad general a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de conflicto interno. Es más, dichas leyes amenazaban con penas de prisión a quienes hablaran públicamente sobre abusos a manos de las fuerzas de seguridad. Durante la década de los noventa, las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado fueron responsables de actos de tortura generalizados y de miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todos ellos considerados delitos de derecho internacional. Las leyes de amnistía contravenían la obligación internacional de Argelia de investigar estos delitos y exigir responsabilidades a sus perpetradores, con lo que se negaba a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo por las injusticias que habían sufrido.

Asimismo, las leyes de amnistía ampliaban el alcance de medidas previas que eximían de responsabilidad penal a los miembros de grupos armados que se entregaran a las autoridades en un plazo de seis meses, con lo que, según se afirmaba, se intentaba poner fin a las luchas entre grupos armados. Las leyes no proporcionaban suficientes salvaguardias que garantizaran el procesamiento de los autores de delitos graves, como el homicidio de civiles. Según declaraciones oficiales, hasta 300 miembros de grupos armados se entregaron antes de que venciera el plazo, pero no se sabe cuántos de ellos quedaron exentos de responsabilidad penal ni según qué procedimiento. Las autoridades anunciaron que las personas que se entregaran en el futuro se beneficiarían de medidas similares, incluso después de que hubiera expirado el plazo.

Por otra parte, las leyes disponían la liberación, en virtud de una amnistía, de las personas detenidas o recluidas por su presunta participación en actividades terroristas, a excepción de las que hubieran participado en homicidios colectivos, violación y atentados con bomba. Según declaraciones oficiales, unas 2.200 personas acusadas de participación en actividades terroristas, o condenadas por ello, quedaron en libertad en marzo y durante los meses siguientes, pero no se hicieron públicos sus nombres ni se informó del proceso que se había seguido para determinar quiénes reunían los requisitos necesarios para ello. Varias personas acusadas de participación en actos de terrorismo internacional quedaron inicialmente en libertad, aunque no tenían derecho a ello según lo estipulado por la ley. En algunos casos se volvió a aprehender y recluir a algunos de ellos. Otras personas que habrían reunido los requisitos para salir en libertad seguían recluidas al concluir el año.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió que se debía enjuiciar o dejar en libertad inmediatamente a Malik Medjnoun, que llevaba casi siete años recluido sin juicio, y que se debían investigar las violaciones de derechos humanos que, al parecer, había sufrido bajo custodia. Sin embargo, no se tuvo constancia de ninguna medida del gobierno en respuesta a esta decisión, y Malik Medjnoun continuó recluido y sin juicio hasta el final del año. En el año 2000 se lo había acusado de participación en el homicidio, en 1998, del conocido cantante Lounes Matoub. Este delito aún no se ha sometido a una investigación completa, imparcial e independiente. En 1999 y 2000, Malik Medjnoun permaneció siete meses recluido en un lugar secreto de forma no reconocida y, según informes, fue torturado durante ese periodo.

Homicidios por motivos políticos

Según informes, durante el año más de 300 personas fueron víctimas de homicidio a manos de grupos armados o de fuerzas de seguridad del gobierno. Entre ellas había más de 70 civiles.

Los grupos armados continuaron perpetrando ataques contra objetivos militares y, en menor medida, civiles. Las fuerzas militares llevaron a cabo operaciones de búsqueda y ataques en áreas donde persistía la violencia de los grupos armados, y mataron a presuntos miembros de éstos. Se temía que algunos de dichos homicidios hubieran sido ejecuciones extrajudiciales, y que algunas de las víctimas fueran mujeres y menores relacionados con miembros de grupos armados, pero fue difícil recabar datos concretos.

Violaciones de derechos humanos en el contexto de operaciones antiterroristas

Continuó recurriéndose a la tortura impunemente. Siguieron recibiéndose informes de tortura y malos tratos bajo custodia del Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), órgano de inteligencia militar que llevaba a cabo detenciones e investigaciones relativas al terrorismo. Personas detenidas bajo custodia de este órgano declararon que habían sido golpeadas, torturadas con descargas eléctricas, colgadas del techo y obligadas a ingerir grandes cantidades de agua sucia, orina o sustancias químicas. El Departamento las recluía en lugares secretos durante periodos de hasta varios meses durante los cuales se les negaba todo contacto con el mundo exterior, lo que contravenía la ley. No se tuvo constancia de investigaciones sobre los informes de tortura y malos tratos, a pesar de las nuevas disposiciones introducidas en 2004 que penalizaban la tortura. Se condenó a muerte, in absentia, al menos a tres personas declaradas culpables de pertenecer a un grupo terrorista.

Hadj Djilali Bouazza, ciudadano argelino residente en Bélgica, fue detenido en marzo, unos 10 días después de haber llegado de visita a Argelia, y pasó tres meses recluido bajo custodia del Departamento de Información y Seguridad. Durante ese periodo no se le permitió tener contacto con el mundo exterior y, según informes, le infligieron abusos, como pisotearlo o vendarle los ojos y golpearlo en un lado de la cabeza, lo que le produjo sordera temporal en un oído. No se llegó a efectuar el examen médico independiente solicitado por su representante letrado. Hadj Djilali Bouazza permanecía en prisión, en espera de juicio por presuntas actividades terroristas en Argelia y en el extranjero.

Ahmed Chergui fue detenido a finales de junio en la provincia de Boumerdes, al este de Argel, y permaneció tres días bajo custodia de agentes de la gendarmería. Según la información recibida, durante ese periodo lo desnudaron y amenazaron con sufrir el ataque de un perro. A continuación lo transfirieron a la custodia del Departamento de Información y Seguridad y, al parecer, lo sometieron a nuevas torturas, como golpes violentos en las piernas. Según informes, a pesar de las numerosas contusiones que presentaba en los muslos, un informe médico certificó que no se habían apreciado señales de lesiones. Fue acusado de actividades relacionadas con el terrorismo, y permanecía recluido en espera de juicio.

Desapariciones forzadas

No se tomaron medidas para aclarar lo sucedido a las miles de personas que habían sido víctimas de desaparición forzada entre 1993 y 2002. A pesar de las decenas de causas entabladas por los familiares, tampoco se emprendieron investigaciones judiciales exhaustivas ni se celebraron juicios contra los presuntos perpetradores. Las leyes de «reconciliación nacional» prohibían a los tribunales investigar denuncias contra los responsables.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo públicas sus primeras decisiones sobre casos de desaparición forzada en Argelia. El Comité consideró que el Estado había violado varias disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no haber protegido los derechos y la vida de Salah Saker y Riad Boucherf, desaparecidos en 1994 y 1995 respectivamente. Asimismo, reconoció que la manera en que las autoridades habían tratado a sus familiares, que seguían sin conocer su suerte o paradero, constituía malos tratos.

Las leyes de «reconciliación nacional» incluían disposiciones para indemnizar a las familias de las víctimas de desaparición forzada, pero al concluir el año aún no se había efectuado ningún pago. Ante la ausencia de investigaciones y procesos judiciales, muchas familias rechazaron la indemnización ofrecida al temer que con los pagos se tratara de acallar sus demandas de verdad y justicia.

Las fuerzas de seguridad convocaron a varias decenas de familias de personas desaparecidas que habían pedido ayuda a las autoridades en años anteriores y les notificaron por escrito la muerte de sus seres queridos; éste era un requisito previo para solicitar cualquier indemnización. Sin embargo, en los documentos se negaban las afirmaciones de las familias, según las cuales sus seres queridos habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad, y se aseguraba, en cambio, que habían sido víctimas de homicidio a manos de hombres no identificados o mientras participaban en las actividades de un grupo armado.

Se intimidó a los familiares de las personas desaparecidas y se procesó a algunos de ellos en relación con documentos que habían elaborado y con sus actividades de campaña en defensa de las personas desaparecidas en Argelia, o por sus protestas pacíficas contra la política oficial de reconciliación nacional.

Intimidación de periodistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos

Se impusieron continuamente restricciones a la libertad de expresión y de reunión, y se siguió negando reconocimiento legal a varias organizaciones independientes, incluidas organizaciones de familias de personas desaparecidas. Algunas restricciones estaban relacionadas con el estado de excepción, impuesto en 1992, que permanecía en vigor.

Las leyes de amnistía introducidas en febrero penalizaban la libertad de expresión en relación con la conducta de las fuerzas de seguridad. En virtud de estas nuevas leyes, cualquier persona que denunciara violaciones de derechos humanos o que deseara promover un debate al respecto podría ser procesada y condenada a una pena de hasta cinco años de prisión, o de 10 en el caso de una segunda infracción. Al concluir el año no se tenía constancia de que se hubieran aplicado estas leyes, pero tanto las víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias como defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas eran objeto de distintas formas de hostigamiento e intimidación, incluida la amenaza de acciones judiciales por ejercer derechos consagrados en la legislación internacional.

Los medios de comunicación argelinos informaron de que se había procesado por difamación a unos 20 periodistas a partir de las denuncias formuladas por funcionarios públicos. Se impusieron unas 15 penas hasta de un año de prisión, pero la mayoría de los periodistas seguían en libertad en espera de que se resolvieran sus recursos de apelación.

En julio, el presidente Bouteflika decretó un indulto para todos los periodistas condenados en relación con leyes que restringían la libertad de expresión. Decenas de periodistas condenados a prisión y multados se beneficiaron de esta medida. En mayo se había hecho público un anuncio similar, del que en la práctica se beneficiaron muy pocos de los aproximadamente 200 periodistas a quienes oficialmente iba dirigido. La razón de ello fue que se aplicaba sólo a periodistas cuyas penas se hubieran confirmado, pero la mayoría de los procesados seguían en libertad en espera de los resultados de sus recursos de apelación.

En septiembre se presentaron cargos falsos contra la abogada Hassiba Boumerdesi y el abogado Amine Sidhoum, al parecer con la intención de intimidarlos y disuadirlos de llevar a cabo actividades de derechos humanos. Permanecían en libertad, en espera de juicio por violación de las leyes que regían la organización y la seguridad de las prisiones.

Personas refugiadas y migrantes

Los migrantes irregulares corrían el riesgo de ser detenidos y expulsados de forma colectiva. También se recibieron informes de malos tratos a migrantes irregulares a manos de la policía de fronteras argelina. Miles de migrantes irregulares, incluidos posibles solicitantes de asilo, fueron expulsados a países del África subsahariana sin que se les diera la posibilidad de solicitar asilo ni de apelar contra las órdenes de expulsión.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

•  Argelia: Poderes ilimitados. Tortura a manos del servicio de seguridad militar en Argelia (Índice AI: MDE 28/004/2006)

•  Argelia: La nueva ley de amnistía garantizará que no se castigan las atrocidades (Índice AI: MDE 28/005/2006)

•  Algeria: Torture in the «war on terror» - a memorandum to the Algerian President (Índice AI: MDE 28/008/2006)

Visita

•  Amnistía Internacional comunicó en mayo al gobierno que deseaba visitar Argelia, pero se le denegó el acceso al país.