BAHRÉIN
Reino de Bahréin
Jefe del Estado: rey Hamad bin ?Issa Al Jalifa
Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman Al Jalifa
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado
Información general
En septiembre, Bahréin se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En noviembre se celebraron elecciones a una nueva Cámara de Representantes de 40 escaños. Aunque los partidos políticos estaban prohibidos oficialmente, la Sociedad Nacional Islámica al-Wefaq, principal grupo chií de oposición, que había boicoteado las elecciones parlamentarias anteriores, convocadas en 2002, obtuvo 17 escaños, y dos grupos sunníes, la Sociedad Nacional Islámica al-Menbar y la Sociedad Islámica al-Asala, ganaron en total 12 escaños. Los candidatos favorables al gobierno obtuvieron 10. De las 18 mujeres que concurrieron a las elecciones, sólo resultó elegida una, Latifa al-Ga'ood.
Detenidos de Guantánamo
Un ciudadano bahreiní, Salah al-Balooshi, recluido por las autoridades estadounidenses en la bahía de Guantánamo, Cuba, fue devuelto a Bahréin en octubre y quedó en libertad. Dos más, ?Issa ?Abdullah al-Murbati y Juma'a Mohammed al-Dossari, continuaron recluidos en Guantánamo durante 2006.
Nueva legislación antiterrorista
En agosto, el rey Shaij Hamad bin ?Issa Al Jalifa ratificó una nueva ley antiterrorista, aprobada en julio tanto por los miembros de la Cámara de Representantes, elegidos democráticamente, como por los integrantes del Consejo Consultivo, designados por nombramiento. La nueva ley ampliaba el ámbito de aplicación de la pena capital, y antes de su introducción había sido criticada por el Comité de la ONU contra la Tortura, así como por el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, quien expresó el temor de que se utilizara para penalizar el ejercicio pacífico de los derechos humanos.
Libertad de expresión y asociación
En julio, la Cámara de Representantes aprobó diversas enmiendas al Decreto 18 de 1973, relativo a las reuniones, procesiones y concentraciones públicas, y las remitió al Consejo Consultivo. Ciertas disposiciones del Decreto, así como algunas de las enmiendas propuestas, imponían fuertes restricciones al derecho a la libertad de expresión y reunión. Por ejemplo, la definición de «concentración pública» era muy amplia, por lo que era necesario notificar oficialmente con antelación incluso reuniones privadas de pocas personas. El artículo 10.a prohibía las reuniones y concentraciones políticas de personas sin ciudadanía bahreiní, mientras que el 10.b impedía las manifestaciones convocadas con fines electorales. El rey ratificó la nueva ley en julio, tras haberla aprobado el Consejo Consultivo.
En octubre, el Tribunal Penal Superior prohibió la divulgación de toda información relativa a un informe publicado en septiembre por Salah al-Bandar, asesor del gobierno bahreiní de nacionalidad británica, según el cual las autoridades tenían planeado manipular los resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre en perjuicio de la comunidad chií, a la que pertenecía la mayoría de la población. Salah al-Bandar fue expulsado al Reino Unido ese mismo mes, y posteriormente se presentaron cargos en su contra por «apoderarse ilegalmente de documentos oficiales y robar dos cheques bancarios». Él negó las acusaciones.
En octubre, el ministro de Información dictó una orden por la que se prohibían siete sitios web en aplicación de los artículos 19 y 20 de la Ley de Prensa y Publicaciones de 2002. No se conocían exactamente las razones de la prohibición, pero se creía que guardaba relación con el informe de Salah al-Bandar. A lo largo del año se prohibieron varios sitios web más.
Activistas de los derechos humanos
Según informes, varios activistas de los derechos humanos sufrieron hostigamiento durante el año, por medio de llamadas telefónicas anónimas en las que se les conminaba a poner fin a sus actividades de defensa de los derechos humanos. En algunas se les instaba, por ejemplo, a dejar de referirse al informe de Salah al-Bandar en su trabajo.
Abusos contra detenidos
En agosto, 19 hombres, la mayoría de los cuales se hallaban recluidos en la prisión de Dry-Dock, en la isla de Muharraq, fueron golpeados por la policía antidisturbios tras una sesión judicial, presuntamente por haber anunciado su intención de declararse en huelga de hambre en protesta por su reclusión sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza y por los reiterados aplazamientos de las sesiones judiciales. Al parecer, los 19 habían sido detenidos por celebrar una reunión ilegal y realizar actos de sabotaje en la localidad de Sanabis. Según informes, tras comparecer ante el Tribunal Penal Superior, los sacaron de la prisión, les ataron las manos a la espalda y los obligaron a permanecer boca abajo y a pleno sol durante más de dos horas, en el transcurso de las cuales los golpearon con palos y les propinaron patadas. Quedaron en libertad en septiembre en virtud de un indulto real. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre los presuntos malos tratos que habían sufrido.
Pena de muerte
En noviembre, el rey ratificó la condena de muerte de tres personas. Mohammad Hanif Atta Mohammad, ciudadano paquistaní, había sido declarado culpable del asesinato, en agosto de 2003, del bahreiní Ibrahim al-Asmawi. Su condena de muerte, impuesta por el Tribunal Penal Superior, se había confirmado en apelación. En otra causa, dos ciudadanos de Bangladesh -Jasmine Anwar Hussain, trabajadora doméstica, y Mohammad Hilaluddin- habían sido condenados a muerte en noviembre de 2004, y sus condenas se habían confirmado en apelación en diciembre de 2005. Los tres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en diciembre de 2006. Fueron las primeras ejecuciones llevadas a cabo en Bahréin desde 1996.
Palabras clave : Oriente Medio y Norte de África , Bahréin , activismo , pena de muerte , libertad de expresión , Guantánamo , "guerra contra el terror"