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Zimbabue

Rep�blica de Zimbabue

Jefe del Estado y del gobierno: Robert Mugabe
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

La situación de los derechos humanos continuó deteriorándose, en un contexto de aumento de la pobreza. La libertad de expresión, asociación y reunión siguió sometida a restricciones. Cientos de personas fueron detenidas por participar en protestas pacíficas o intentar celebrarlas. Agentes de policía fueron acusados de torturar a defensores y defensoras de los derechos humanos que permanecían bajo custodia. Continuó empeorando la situación de miles de personas cuyas viviendas fueron destruidas en 2005 durante la Operación Murambatsvina (Restaurar el Orden), sin que las autoridades tuviesen prevista una solución efectiva. El gobierno continuó poniendo obstáculos a las iniciativas de carácter humanitario organizadas por la ONU y por ONG locales e internacionales.

Información general

En enero, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante, Comisión Africana) presentó al Consejo Ejecutivo de la Unión Africana una resolución crítica sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabue que había aprobado a finales de 2005. En su respuesta, el gobierno de Zimbabue solicitó a la Comisión Africana la revocación de la resolución, alegando que no se habían seguido los procedimientos. Todos los argumentos presentados por el gobierno se referían al procedimiento, y no abordaban los graves motivos de preocupación sobre los derechos humanos que se planteaban. El gobierno había incumplido reiteradamente las recomendaciones que figuraban en el informe de 2002 elaborado por la Misión de Investigación de la Comisión Africana y en el informe de 2005 elaborado por la enviada especial del secretario general de la ONU para las cuestiones relacionadas con asentamientos humanos en Zimbabue.

En agosto, el Banco de la Reserva de Zimbabue introdujo nuevos billetes bancarios en sustitución de los antiguos, dividiendo su valor nominal por mil: por ejemplo, un billete de 20.000 dólares zimbabuenses fue sustituido por otro de 20. Se estableció un plazo de 21 días para cambiar los billetes viejos antes de que dejaran de ser de curso legal, pero se limitó a 100 millones de dólares zimbabuenses (400 dólares estadounidenses) la cantidad de dinero en efectivo que podía llevar cada persona. Para reforzar el programa, conocido como Proyecto Amanecer, se establecieron controles de carretera en todo el país. Se recibieron informes de abusos contra los derechos humanos en controles de carretera atendidos por agentes de policía, empleados del Banco de la Reserva y, en algunos casos, miembros de las milicias juveniles progubernamentales. Seg�n los informes recibidos, a las personas que pasaron por estos controles se las agredió y sometió a agresiones y tratos inhumanos y degradantes, como obligarlas a quitarse la ropa durante los registros. En algunos controles de carretera, los agentes de policía confiscaron dinero, incluso cuando la cantidad que llevaban las víctimas no llegaba al máximo estipulado.

Al finalizar el año, la tasa de inflación era superior al 1.000 por ciento.

Derecho a una vivienda adecuada

La Operación Garikai/Hlalani Kuhle (Vida Mejor), un programa de construcción de viviendas iniciado en 2005 con la aparente intención de proporcionar vivienda a las personas que habían sido objeto de desalojos forzosos, no ofreció una solución para la mayoría de esas personas.

Hasta mayo, un año después de la creación del programa, sólo se habían construido 3.325 casas, en comparación con las 92.460 estructuras que servían de vivienda destruidas en la Operación Murambatsvina. En gran parte de las zonas parecía que se había paralizado la construcción. Muchas de las viviendas clasificadas como �construidas� no estaban finalizadas, no tenían acceso a agua ni instalaciones sanitarias y continuaban deshabitadas.

Además, las nuevas casas eran en gran parte inaccesibles para los cientos de miles de víctimas de los desalojos forzosos. Para la mayoría de estas personas resultaban demasiado caras, aun cuando se les ofreciese la posibilidad de comprarlas, algo que no ocurría con frecuencia. El proyecto para asignar las nuevas casas (muchas de ellas inacabadas) y los solares sin edificar careció de transparencia. Las viviendas y los terrenos se adjudicaron a personas que no habían perdido sus hogares durante la Operación Murambatsvina, y como mínimo el 20 por ciento de las casas construidas se destinaron a funcionarios, policías y soldados.

A pesar de que el gobierno afirmó reiteradamente que la Operación Garikai/Hlalani Kuhle consistía en un programa de construcción de viviendas por parte del gobierno para víctimas de los desalojos masivos, en realidad asignó a los afectados pequeños terrenos sin edificar, sin acceso a agua ni servicios sanitarios, en los que tenían que construir sus propias casas sin ayuda.

El gobierno continuó con los desalojos forzosos de grupos de personas, a las que a menudo obligaba a salir del lugar al que se habían trasladado tras la demolición de sus viviendas durante la Operación Murambatsvina. Estos desalojos forzosos resultaron traumáticos para las víctimas, que volvían a perder sus bienes. Se recibieron informes de un mínimo de tres desalojos a pequeña escala sólo en Harare.

En abril y mayo, la policía amenazó con apoderarse por la fuerza de 200 parcelas en el asentamiento de Hatcliffe Extension New Stands, en las afueras de Harare, para ampliar un internado de la policía cercano, lo que afectaría a 15 familias. Tras las protestas de Amnistía Internacional y de Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue, las autoridades revocaron la decisión.

El 15 de junio, la policía municipal desalojó por la fuerza a un grupo de aproximadamente 150 familias desplazadas que vivían en chozas improvisadas a lo largo del río Mukuvisi, en Harare. El grupo llevaba viviendo allí desde la destrucción, un año antes, de las casas de ladrillo que tenían alquiladas. La policía derribó con palancas las estructuras, les prendió fuego y les dijo a las personas que vivían allí que tenían que irse, pero no les ofreció alojamiento alternativo.

Obstrucción de la ayuda humanitaria

El gobierno continuó entorpeciendo y frustrando las iniciativas de carácter humanitario destinadas a proporcionar alojamiento de emergencia. Tras rechazar reiteradamente las soluciones de alojamiento temporal ofrecidas por la ONU en 2005, en marzo por fin el gobierno dio permiso a la ONU para levantar alojamientos de este tipo. Al concluir 2006 se habían construido aproximadamente 2.300 refugios, en comparación con el objetivo establecido por la ONU para proporcionar alojamiento de emergencia, que, basándose en las necesidades existentes, fijaba en 40.000 el n�mero de familias en agosto de 2005; en 2006 el objetivo se redujo a 23.000 familias.

Derecho a la alimentación

A pesar de que las cosechas mejoraron ligeramente, millones de personas continuaron sufriendo una gran inseguridad alimentaria. La inflación continuó haciendo que muchas personas sin recursos no pudieran acceder a alimentos básicos. Seg�n el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, los precios del maíz aumentaron en un 25 por ciento entre septiembre y octubre. El limitado programa de alimentación de emergencia para grupos vulnerables creado por este organismo sufrió escasez de cereales y legumbres, lo que hizo que sólo 331.000 personas recibieran ayuda, frente a las 800.000 previstas para octubre.

Restricciones a la libertad de asociación y reunión

Continuó la utilización selectiva de la Ley de Orden P�blico y Seguridad y de la Ley de Delitos Diversos para impedir que la oposición política y los grupos de la sociedad civil se reunieran o celebraran protestas pacíficas. Cientos de activistas de derechos humanos fueron detenidos o recluidos en virtud de estas leyes durante el año.

Libertad de expresión

Se utilizaron leyes represivas, como la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad y la Ley de Servicios de Radiodifusión, para limitar la libertad de expresión. En julio, el gobierno presentó en el Parlamento el Proyecto de Ley de Interceptación de las Comunicaciones, que, de convertirse en ley, restringiría a�n más la libertad de expresión. La ley permitiría que las autoridades interceptasen correo y telecomunicaciones, y surgieron temores de que el gobierno pudiera utilizarla para espiar las actividades de organizaciones de derechos humanos y de la oposición política.

El 25 de septiembre comenzó el juicio contra el personal y los miembros del consejo de administración de Voice of the People, emisora de radio independiente que emitía desde fuera de Zimbabue pero tenía oficinas en el país. El Estado retiró los cargos contra las personas físicas y, en virtud de la Ley de Servicios de Radiodifusión, iba a acusar a la Fundación Voice of the People de emitir sin licencia.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades y la policía continuaron atacando reiteradamente al colectivo de defensores de los derechos humanos. Se siguió utilizando legislación represiva para obstaculizar su trabajo, y cientos de ellos fueron objeto de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y hostigamiento.

A primeras horas del 18 de enero, dos agentes de policía y un soldado llegaron al domicilio del destacado abogado de derechos humanos Arnold Tsunga, en Mutare, y exigieron verle. Cuando se les dijo que Arnold Tsunga no se encontraba allí, detuvieron al personal del servicio doméstico. Posteriormente, el personal quedó en libertad sin cargos, tras la intervención de Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue, organización de la que Arnold Tsunga es director ejecutivo. El 21 de enero, la policía visitó su domicilio de Harare, la capital, al parecer para detenerle por su pertenencia al consejo de administración de Voice of the People. Arnold Tsunga no se encontraba allí, y la policía detuvo a un chofer y a un conserje por, al parecer, obstaculizar las investigaciones al decir que no sabían dónde se encontraba el abogado. El 26 de enero, Arnold Tsunga recibió una advertencia digna de crédito que le indicaba que el Servicio de Inteligencia Militar de Zimbabue había ordenado matarlo.

El 11 de septiembre, más de 100 mujeres afiliadas al grupo de activistas Mujeres de Zimbabue, �en pie! (Women of Zimbabwe Arise, WOZA) fueron detenidas antes de una sentada pacífica que estaba previsto celebrar en la sede de la municipalidad de Harare, en protesta por el deterioro de los servicios. Entre las personas detenidas y recluidas había cinco madres con bebés y una mujer embarazada que, seg�n los informes, se puso de parto mientras permanecía bajo custodia policial. Muchas estuvieron detenidas en condiciones lamentables durante periodos superiores a las 48 horas permitidas por la ley, y permanecieron recluidas hasta el 14 y el 15 de septiembre. Las mujeres fueron acusadas de �participar en una reunión p�blica con la intención de causar desórdenes, alterar el orden p�blico o fanatismo�. Fueron absueltas el 23 de octubre.

El 13 de septiembre, la policía detuvo a Lovemore Matombo, presidente del Congreso Sindical de Zimbabue (Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU), Wellington Chibebe, secretario general del ZCTU, Lucia Matibenga, vicepresidenta primera del ZCTU, y otros 12 activistas del ZCTU y del Movimiento por el Cambio Democrático, principal partido de la oposición. Habían intentado celebrar una protesta pacífica por el deterioro de las condiciones sociales y económicas en Zimbabue. Seg�n los informes, las 15 personas fueron torturadas el 13 de septiembre mientras permanecían bajo custodia en la comisaría de policía de Matapi. El 14 de septiembre fueron trasladadas a la Jefatura de Policía de Harare y quedaron en libertad. Los informes médicos confirmaron que tenían lesiones producidas por golpes con objetos contundentes, lo suficientemente pesados como para causar fracturas en manos y brazos, así como m�ltiples lesiones graves en el tejido blando de la parte posterior de la cabeza, los hombros, los brazos, las nalgas y los muslos. Los médicos también afirmaron que ocho de los activistas tenían lesiones que concordaban con el método de tortura conocido como falanga (golpes en la planta de los pies), que puede causar problemas permanentes para caminar. Los golpes fueron tan fuertes que Lucia Matibenga sufrió perforación de tímpano a consecuencia de ellos.

Decenas de miembros del ZCTU fueron también detenidos y permanecieron recluidos en Harare, Beitbridge, Bulawayo, Mutare y otros centros urbanos. Seg�n los informes, el día anterior a las protestas, el 12 de septiembre, en una aparente acción preventiva, la policía también detuvo a algunos dirigentes del ZCTU en sus domicilios y oficinas de Rusape, Gweru, Chinhoyi y Kariba.

Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica

En noviembre, la Asamblea Legislativa (cámara baja del Parlamento de Zimbabue) aprobó el Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica, que quedó pendiente de su paso al Senado. De convertirse en ley, el proyecto prohibiría prácticas culturales dañinas como el ofrecimiento de mujeres o niñas con el fin de apaciguar a los espíritus, la mutilación genital femenina, el levirato forzoso y las pruebas de virginidad forzosas. Se crearía un consejo con el mandato de abordar las cuestiones relativas a la violencia doméstica, y todas las comisarías de policía estarían obligadas a crear un departamento que se ocupase de los casos de violencia doméstica.

Comisión de derechos humanos

En septiembre, el gobierno inició un proceso de consultas para la creación de una comisión de derechos humanos. El Programa de la ONU para el Desarrollo actuó como facilitador. La propuesta del gobierno de crear una comisión de derechos humanos se consideró en general una nueva medida gubernamental para desviar la atención de la grave crisis de derechos humanos que sufría el país.