India
República de la India
Jefe del Estado: A. P. J. Abdul Kalam
Jefe del gobierno: Manmohan Singh
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado
Información general
Un acuerdo firmado en marzo con Estados Unidos proporcionó a India acceso a material y equipo nuclear estratégico para fines civiles, e indicó un estrechamiento de las relaciones entre ambos países.
A lo largo del año murieron cientos de personas a causa de atentados con bombas, incluidas 21 personas en la ciudad india septentrional de Varanasi en marzo, más de 200 en varios atentados con bombas perpetrados en Mumbai (Bombay) en julio, y 37 en Malegaon, estado de Maharashtra, en septiembre. La preocupación por estos ataques continuó dominando las conversaciones de paz entre India y Pakistán, en las que apenas se produjeron avances. Los dos países acordaron establecer un «mecanismo contra el terror» sobre el que no se proporcionó información detallada. Apenas hubo progresos en las conversaciones en curso con respecto a Cachemira, Nagaland y Assam.
Las actividades cada vez más frecuentes de los maoístas en algunos estados aumentaron la preocupación por la seguridad y los derechos humanos. En varios estados, entre ellos, los de Orissa y Bengala Occidental, tuvieron lugar protestas de personas cuyos medios de vida se veían amenazados por proyectos de desarrollo acelerados, tanto en curso como previstos. En algunos estados, como Maharashtra, Andhra Pradesh y Kerala, se registraron elevados índices de suicidio de agricultores sumamente endeudados.
Tras los nuevos enfrentamientos que se produjeron en Sri Lanka, en torno a 10.000 refugiados tamiles huyeron de la isla por mar y llegaron a Tamil Nadu, en donde ya vivían más de 100.000 personas refugiadas. Según los informes, alrededor de 50.000 de esas personas se encontraban en campos que no contaban con las instalaciones adecuadas.
Legislación sobre seguridad
India continuó sin participar directamente en la «guerra contra el terror» liderada por Estados Unidos. Sin embargo, tras los atentados con bombas perpetrados en Mumbai (Bombay) y Malegaon aumentaron las peticiones de que se promulgase nueva legislación antiterrorista en sustitución de la derogada Ley de Prevención del Terrorismo.
Después de los atentados con bomba, cientos de personas, en su mayoría musulmanes, estuvieron detenidas arbitrariamente durante breves periodos en Maharashtra. Un total de 16 fueron acusadas en virtud de la Ley del estado sobre el Control de la Delincuencia Organizada. Los tribunales locales absolvieron a tres de ellas por falta de pruebas.
La aplicación de la legislación sobre seguridad fue causa de violaciones de derechos humanos en varios estados. Un informe oficial elaborado por un grupo de expertos reconoció la existencia de un uso abusivo generalizado de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas en el noroeste del país, pero fue objeto de críticas por no tener en cuenta cuestiones relativas a la impunidad y por recomendar la aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales. Hubo protestas que exigían la derogación de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas.
Al menos 400 personas permanecían encarceladas en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, ya derogada, y varias fueron sometidas a juicios especiales en los que se incumplieron las normas sobre garantías procesales. Las pocas sentencias condenatorias que se dictaron estaban relacionadas con casos graves y de gran resonancia. La mayor parte de las causas pendientes fueron revisadas por comités oficiales. Sin embargo, el proceso de revisión quedó en entredicho cuando Gujarat y otros estados se negaron a aceptar la recomendación clave de los comités de que se retirasen los cargos presentados en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo.
Jammu y Cachemira
La violencia por motivos políticos disminuyó ligeramente, pero se siguieron recibiendo informes de tortura, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En 2006 se recibieron informes de alrededor de 6 muertes bajo custodia, 38 desapariciones forzadas, incluidas las de varios menores, y 22 ejecuciones extrajudiciales. Combatientes islamistas continuaron llevando a cabo ataques basados en la identidad de las víctimas.
* En mayo, 35 hindúes fueron víctimas de homicidio en los distritos de Doda y Udhampur. Autoridades del gobierno acusaron a Lashkar-e-Taiba, grupo armado islamista con base en Pakistán, de haber causado las muertes para desbaratar el proceso de paz.
* En octubre, Muhammad Maqbool Dar, de 17 años y procedente de Pakherpora, murió bajo custodia tras ser interrogado por los Fusileros de Rastriya, fuerza de contrainsurgencia del ejército. Se ordenó el inicio de una investigación judicial y de una investigación interna en el ejército.
Continuó existiendo impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, aunque en algunos casos se iniciaron acciones penales tras años de aplazamientos.
* En abril, la Oficina Central de Investigaciones dictó acta de acusación formal contra cinco militares por la ejecución extrajudicial de cinco vecinos de Pathribal en marzo de 2000. Los militares fueron acusados de falsificar pruebas para sustentar su afirmación de que los hombres eran combatientes extranjeros muertos en un «enfrentamiento» con fuerzas de seguridad. Anteriormente, los militares habían afirmado que los hombres habían matado a 35 sij en Chittisinghpora cuatro días antes del «enfrentamiento». Cuando los habitantes de la zona iniciaron una protesta en Brakpora alegando que los cinco hombres eran vecinos inocentes, el ejército abrió fuego y mató a 10 manifestantes. La investigación sobre los hechos de Pathribal quedó paralizada cuando se supo que se habían alterado muestras de ADN.
Un nuevo informe indicó que alrededor de 10.000 personas habían sido víctimas de desaparición forzada desde 1989. La Asociación de Padres de Personas Desaparecidas informó de que las autoridades no proporcionaban a las familias de las víctimas datos sobre su paradero. En agosto aumentó la gran inquietud existente en torno a las competencias de que gozaba la Comisión de Derechos Humanos estatal, al dimitir su presidente a causa de la actitud «poco seria» del gobierno del estado frente a las violaciones de derechos humanos.
Impunidad
Apenas hubo progresos en los casos relativos a los disturbios contra los sij ocurridos en Nueva Delhi en 1984, tras el asesinato de la primera ministra Indira Gandhi a manos de dos de sus guardaespaldas sij, y que desembocaron en la muerte de casi 3.000 sij. En 2005, el gobierno de la Alianza Progresista Unida prometió la reapertura de la más reciente de las numerosas investigaciones que se habían realizado, tras la dimisión forzada de dos dirigentes del Partido del Congreso, que encabezaba la Alianza Progresista Unida. Una comisión judicial había concluido que existían pruebas fundadas sobre la participación en los ataques de los dos dirigentes que dimitieron.
En Punyab continuaron eludiendo la acción de la justicia la mayoría de los agentes de policía responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de malestar social que tuvo lugar entre 1984 y 1994. En respuesta a los 2.097 casos de violaciones de derechos humanos denunciados que se perpetraron durante este periodo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había ordenado que el estado de Punyab ofreciese una indemnización en 1.051 casos relativos a personas muertas bajo custodia y había nombrado a un comisionado para que decidiese qué indemnización se debía ofrecer en otros 814 casos. Las conclusiones de la Oficina Central de Investigaciones sobre estas muertes bajo custodia no se hicieron públicas, y la CNDH no planteó activamente al poder judicial las cuestiones sin resolver relativas a la impunidad.
Violencia en Gujarat en 2002
Se siguió denegando justicia a la mayoría de las víctimas y a los supervivientes de los actos violentos ocurridos en Gujarat en 2002, en los que miles de musulmanes fueron atacados y más de 2.000 resultaron muertos. La rehabilitación continuó siendo lenta. Según los informes, miembros de la minoría musulmana de Gujarat tenían dificultades para alquilar viviendas y acceder a los recursos públicos. Un grupo oficial de expertos concluyó que más de 5.000 familias desplazadas vivían en condiciones «infrahumanas».
Seguían siendo escasos los procesamientos relativos a los actos de violencia que concluían con éxito. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó la reapertura de 1.594 casos cerrados por la policía del estado, y 41 agentes de policía estaban siendo procesados por su presunta participación en los hechos.
Aparecieron nuevos indicios sobre los disturbios, como información sobre llamadas realizadas a través de teléfonos móviles entre quienes dirigieron los ataques y políticos pertenecientes al Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), partido nacionalista hindú que estaba entonces en el poder. Al finalizar el año, la comisión judicial nombrada en 2002 por el gobierno del estado de Gujarat para investigar los ataques no había finalizado su trabajo.
El Tribunal Superior de Gujarat anuló la orden del gobierno del país mediante la que se nombraba otra comisión para investigar la causa del incendio ocurrido en un tren en Godhra en 2002 en el que murieron 59 peregrinos hindúes. El Tribunal afirmó que no era necesaria una segunda comisión que investigase el incendio, desencadenante de los ataques contra los musulmanes y la violencia posterior.
Al finalizar el año continuaban pendientes en el Tribunal Supremo seis importantes causas relativas a homicidios y agresiones sexuales sufridas por mujeres musulmanas, que los denunciantes habían solicitado trasladar a tribunales fuera del estado de Gujarat.
* En marzo, un tribunal de Mumbai (Bombay) condenó a nueve personas a cadena perpetua y absolvió a otras ocho tras la celebración de un nuevo juicio por el caso de la panadería Best Bakery, relativo a la matanza de 14 personas perpetrada en la ciudad de Vadodara durante los actos violentos ocurridos en 2002. En 2003, un tribunal local había absuelto a todas las personas acusadas, pero el Tribunal Supremo trasladó el caso a Mumbai. Posteriormente, el tribunal de Mumbai declaró a Zahira Shaikh y a otra familiar de las víctimas culpables de perjurio, tras convertirse ambas en testigos desfavorables y retractarse de sus declaraciones, según los informes, bajo presión.
El proyecto de ley para prevenir la violencia entre comunidades de distinta religión presentado por el gobierno de la Alianza Progresista Unida estaba aún pendiente de aprobación por el Parlamento. Había sido presentado en 2005, tras las críticas generalizadas que recibió el gobierno del BJP por no poner freno a la violencia desencadenada en Gujarat. Mientras tanto, en otros dos estados gobernados por el BJP –Rajastán y Chhattisgarh– se aprobaron leyes que tipificaban como delito la conversión religiosa en determinadas circunstancias, lo que fue criticado como contrario a la libertad de elegir religión.
Chhattisgarh
En la zona de Dantewada aumentó la violencia entre maoístas y miembros de la organización antimaoísta Salwa Judum, milicia que, según la opinión generalizada, estaba respaldada por el gobierno del estado de Chhattisgarh. Fue habitual que la población civil se convirtiera en objetivo de ambas partes, y 45.000 adivasi fueron obligados a vivir en campos especiales, por lo que corrían un peligro cada vez mayor de ser víctimas de violencia. Las autoridades de Chhattisgarh promulgaron legislación que prohibía que los medios de comunicación informasen sobre determinadas violaciones de derechos humanos.
* El 28 de febrero, presuntos maoístas detonaron una mina que hizo volar un camión por los aires; 26 personas murieron y 30 resultaron heridas.
Derechos económicos, sociales y culturales
Alrededor de 300 millones de personas seguían viviendo en la pobreza, a pesar de la implementación de nueva legislación que garantizaba un empleo anual mínimo para las personas más desfavorecidas de las zonas rurales. No se aplicó plenamente la nueva legislación sobre el derecho a la información, considerada como un medio de empoderar a las personas sin recursos. El gobierno del país y los gobiernos estatales se mostraban reacios a revelar información clave sobre sus procesos de toma de decisiones.
Aumentó la preocupación sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades que ya estaban marginadas (como los adivasi), pues existían temores por la explotación sin restricciones que gobierno y empresarios hacían de las fuentes de obtención de recursos de estas comunidades. Varios estados fueron testigos de protestas periódicas contra la adquisición de tierras y otros recursos con el fin de dedicarlos a la minería, el riego, la energía y las infraestructuras urbanas. Estas obras llevaban aparejados desalojos forzosos, hostigamiento, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y negación del acceso a la justicia.
* En enero, 11 adivasi murieron cuando la policía disparó contra manifestantes que protestaban contra los desplazamientos que ocasionaría el proyecto de la empresa siderúrgica Tata Steel previsto en Orissa.
* En abril, la policía utilizó fuerza excesiva contra activistas que llevaban a cabo un ayuno de protesta contra los desplazamientos causados por el proyecto del embalse de Narmada; algunos manifestantes fueron detenidos.
* En julio y entre septiembre y octubre, la policía hostigó y detuvo a activistas que protestaban contra la decisión del gobierno de Uttar Pradesh de adquirir tierras de labranza para el proyecto de gas de la empresa Reliance.
Bhopal
Veintidós años después del escape de gases tóxicos de la planta de pesticidas de Union Carbide Corporation en Bhopal, que destrozó innumerables vidas y causó un gran daño medioambiental, los supervivientes seguían luchando para conseguir las indemnizaciones, la asistencia médica y la rehabilitación adecuadas. Tras una prolongada campaña, incluida una marcha que las personas supervivientes hicieron desde Bhopal a Delhi en abril, el gobierno accedió a limpiar los residuos tóxicos, proporcionar agua potable y crear una comisión para la rehabilitación de las víctimas. Sin embargo, al finalizar 2006 se habían producido pocos avances sobre el terreno con respecto a estas iniciativas. En agosto, las lluvias del monzón causaron inundaciones en zonas cercanas a la planta de Union Carbide, lo que suscitó el temor de que pudiera contaminarse el agua del subsuelo. Union Carbide Corporation y Dow Chemicals (que absorbió la empresa en 2001) continuaron reiterando que no eran responsables del escape ni de sus consecuencias.
Violencia contra las mujeres
En octubre entró en vigor legislación aprobada en 2005 para garantizar la protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia en el ámbito familiar, como las muertes a causa de la dote, las agresiones sexuales y los ataques con ácido. Los estados aún no la habían aplicado plenamente.
La tradicional preferencia por los niños continuó siendo la causa de abortos de fetos de sexo femenino, pese a la prohibición de averiguar el sexo del bebé antes de su nacimiento, establecida en 1993. Sólo unas cuantas personas fueron declaradas culpables de violar la prohibición, hecho criticado por el Tribunal Supremo. En Punyab y Rajastán se produjeron protestas por la lentitud de las investigaciones sobre estos casos.
Muchos de los abusos sufridos por mujeres musulmanas en Gujarat en 2002 no entraban en la definición de violación según la legislación nacional, lo que continuó dificultando que las víctimas obtuviesen justicia.
Dos directrices del Tribunal Supremo ofrecieron avances para las víctimas de violación. El Tribunal dictó que la falta de pruebas médicas ya no sería motivo para desestimar un testimonio, y que la identidad de las víctimas debía ser confidencial en los fallos de los tribunales.
Pena de muerte
Al menos 40 personas fueron condenadas a muerte en 2006, pero no hubo ejecuciones. No se disponía de información exhaustiva sobre el número de personas en espera de ejecución.
Aumentó la preocupación con respecto a las peticiones de indulto cuando el Tribunal Supremo determinó que podría revisar las decisiones del ejecutivo sobre estas peticiones. La resolución se conoció tras el intenso debate provocado por la petición de indulto presentada en favor de Mohammed Afzal, condenado a muerte por cargos relativos al ataque armado contra el Parlamento de India perpetrado en diciembre de 2001.
Otras cuestiones
Suscitó preocupación el hecho de que las modificaciones de la Ley de Protección de los Derechos Humanos, de 1993, debilitasen el marco operativo de la CNDH, en cuyo mandato no se incluía la investigación de los abusos cometidos por las fuerzas armadas ni de las denuncias con más de un año de antigüedad. Las modificaciones también permitían el traslado de casos desde la CNDH a comisiones estatales que continuaban sufriendo escasez de recursos. Once de los 28 estados aún tenían que crear tales comisiones y, en cinco de las que ya estaban funcionando, la presidencia estaba vacante.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Declaraciones
India: Amnistía Internacional condena los atentados múltiples con bombas en Mumbai (Bombay) (Índice AI: ASA 20/017/2006)
India: Continúa la preocupación por la seguridad de la población civil atrapada en el agravamiento del conflicto en Chhattisgarh, incluida la comunidad adivasi (Índice AI: ASA 20/018/2006)
India: Motivos de preocupación respecto a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos (Índice AI: ASA 20/019/2006)
India: Amnistía Internacional condena los atentados con explosivos en Malegaon, Maharashtra (Índice AI: ASA 20/025/2006)
India: Continúan detenidos dos años después de la revocación de la Ley de Prevención del Terrorismo (Índice AI: ASA 20/026/2006)
India: The Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) Review Committee takes one step forward and two backwards (Índice AI: ASA 20/031/2006)
Visitas
Una delegación de Amnistía Internacional, en la que participó la secretaria general de la organización, visitó India en febrero y se reunió con autoridades del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Representantes de Amnistía Internacional se reunieron también con autoridades y activistas en mayo, julio y diciembre.