BIELORRUSIA
República de Bielorrusia
Jefe del Estado: Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno: Sergei Sidorsky
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado
Información general
La comunidad internacional condenó reiteradamente violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión. La Misión de Observación Electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó el modo en que se habían llevado a cabo las elecciones presidenciales del 19 de marzo y afirmó: «El uso arbitrario del poder y las detenciones generalizadas practicadas demostraron la falta de respeto al derecho básico a la libertad de reunión, asociación y expresión». En una serie de conclusiones aprobadas el 10 de abril, el Consejo de la Unión Europea (UE) criticó las elecciones y condenó la violencia utilizada contra manifestantes por las autoridades bielorrusas y las detenciones de manifestantes y miembros de la oposición. La UE decidió adoptar medidas restrictivas contra 31 funcionarios responsables de vulnerar las normas electorales internacionales y de una campaña de represión de la sociedad civil y la oposición democrática. La lista de funcionarios afectados se amplió posteriormente. El 18 de mayo, la UE congeló bienes del presidente Lukashenko y 35 autoridades más.
Represión de la libertad de asociación
Las ONG continuaron sometidas a fuertes medidas de control y contención de sus actividades. Se detuvo a varios activistas de la sociedad civil o se presentaron cargos contra ellos en aplicación del artículo 193 del Código Penal, que se había reformado en noviembre de 2005 para tipificar el delito, penado con hasta tres años de prisión, de «organizar y dirigir una organización no registrada que viola los derechos de los ciudadanos».
El 21 de febrero, Mikalay Astreyka, Enira Branizkaya, Alyaksandr Shalayka y Tsimafey Dranchuk, miembros de Asociación Iniciativa, ONG que tenía previsto vigilar las elecciones presidenciales, fueron detenidos en su oficina por agentes del Comité Bielorruso para la Seguridad del Estado. Éste manifestó inicialmente que los cuatro estaban organizando la realización fraudulenta de encuestas a la entrada de los colegios electorales y planeaban un alzamiento violento. En agosto fueron declarados culpables de «organizar y dirigir una organización no registrada que viola los derechos de los ciudadanos». Mikalay Astreyka fue condenado a dos años de cárcel; Tsimafey Dranchuk, a uno, y Enira Branizkaya y Alyaksandr Shalayka, a seis meses cada uno. Los cuatro quedaron en libertad antes de concluir el año.
Al final de diciembre de 2005, el Tribunal Supremo Económico había reanudado su investigación sobre un caso de evasión fiscal por el grupo de derechos humanos Comité Bielorruso de Helsinki, única organización nacional de derechos humanos que seguía funcionando en el país. El 1 de marzo, Tatiana Protko, presidenta del Comité, fue acusada de no pagar los impuestos correspondientes a una subvención concedida por un programa de la UE, a pesar de que este programa gozaba de exención fiscal en virtud de un memorando de 1994 firmado por las autoridades bielorrusas y la UE. Dos decisiones judiciales de 2004 habían confirmado que las actividades del Comité eran legales. A consecuencia de la nueva investigación, cabía la posibilidad de que la organización fuera sancionada con una multa de cuantía equivalente a 70.000 dólares estadounidenses y cerrada. El 23 de junio, el Ministerio de Justicia presentó otra demanda ante el Tribunal Supremo Económico para solicitar dicho cierre alegando que la organización había incumplido la legislación fiscal. Al concluir 2006, esta segunda causa seguía abierta. El 1 de noviembre, el Tribunal Económico de Minsk resolvió que la organización debía pagar los impuestos y decidió confiscar bienes por valor de 118.300 dólares estadounidenses para hacer frente al pago. Los bienes se retiraron el 5 de diciembre. El 19 de diciembre, el departamento de patrimonio de la administración presidencial informó a la organización de que debía desalojar las oficinas que ocupaba antes del 20 de enero de 2007. Sin una sede social registrada, la organización dejaría de ser legal.
Detención de participantes en manifestaciones pacíficas
Durante las manifestaciones que tuvieron lugar tras las elecciones de marzo, gran número de personas participantes en ellas fueron detenidas y golpeadas por la policía antidisturbios y las fuerzas antiterroristas. Según el grupo de derechos humanos Vyasna, durante el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de marzo se detuvo a 686 personas. La mayoría de los detenidos fueron acusados de infracciones administrativas, como participación en reuniones no autorizadas y vandalismo, penadas con entre 10 y 15 días de privación de libertad.
El 27 de abril, cinco destacados miembros de la oposición bielorrusa fueron juzgados y declarados culpables, en aplicación del artículo 167 del Código de Infracciones Administrativas, de «organizar una reunión no autorizada». La acusación guardaba relación con una marcha pacífica, convocada con motivo del 20 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil el 26 de abril. Los participantes habían recibido permiso para concentrarse en la plaza de Bangalore en Minsk, donde iban a pronunciarse discursos. Sin embargo, Alyaksandr Milinkevich se dirigió a la multitud, según informes, antes de que comenzara la marcha. Junto con Vintsuk Vyachorka y Alyaksandr Bukhvostov, fue condenado a 15 días de privación de libertad. Zmitser Dashkevich y Sergei Kalyakin fueron condenados a 14 días.
Hostigamiento de activistas de la oposición
Se sometió a hostigamiento e intimidación a activistas de la oposición, a los que se impusieron cada vez más condenas por delitos comunes con objeto de desacreditarlos.
El 10 de mayo, Artur Finkevich, miembro del movimiento político juvenil Frente Maladi (Frente Juvenil), fue condenado a dos años de trabajo correctivo por el tribunal del distrito de Pershamajski por hacer pintadas de índole política. Había sido acusado de «vandalismo premeditado» en aplicación de la sección 2 del artículo 339 del Código Penal. Anteriormente a los jóvenes activistas de la oposición se les aplicaba el Código de Infracciones Administrativas y se les imponían breves penas de cárcel por hacer pintadas. Se temía que las autoridades hubieran hecho uso del Código Penal por razones políticas para disuadir a otros activistas de continuar con su labor.
Presos de conciencia
Once personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional estuvieron recluidas durante el año.
El 13 de julio, Alyaksandr Kazulin, candidato presidencial en las elecciones de marzo, fue condenado a cinco años y medio de prisión por «vandalismo» y por «organizar actividades colectivas que alteran el orden público o participar activamente en actividades similares». Se temía que estos cargos formaran parte de una campaña constante y sistemática de hostigamiento, intimidaciones y obstrucción emprendida contra él por las autoridades bielorrusas.
En abril, Mikhail Marinich, destacado activista de la oposición y candidato presidencial en 2001, quedó en libertad antes de haber cumplido su condena, por razones de salud. Había sido declarado culpable de falsos cargos («desfalco en gran escala haciendo uso indebido de su cargo oficial») en diciembre de 2004 y condenado a cinco años de prisión, reducidos posteriormente a tres y medio.
Valerii Levonevskii quedó en libertad el 15 de mayo tras cumplir enteramente sus dos años de condena. Presidente del comité nacional de huelga de los comerciantes de puestos de mercado, había sido condenado, junto con su vicepresidente, Alexander Vasiliev, a dos años de prisión en septiembre de 2004 por insultar públicamente al presidente Lukashenko en un folleto satírico. Alexander Vasiliev había sido puesto en libertad el 7 de julio de 2005 en virtud de una amnistía concedida por el presidente Lukashenko para conmemorar el fin de la II Guerra Mundial.
Violencia contra las mujeres
Aunque hubo algunos progresos, las medidas para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar siguieron siendo inadecuadas. Hacían falta programas oficiales obligatorios de formación para policías, jueces y personal médico. Organismos clave como las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y los tribunales no registraban los casos de violencia doméstica de manera sistemática. No había estadísticas exactas sobre las víctimas de violencia doméstica, pero, en 2005, 166 personas habían muerto asesinadas y 2.736 mujeres habían sido víctimas de delitos en el ámbito del hogar. La falta de sensibilización y apoyo públicos hacía que muchas mujeres no pudieran escapar de las situaciones de violencia.
Pena de muerte
Según información publicada en la prensa, durante 2006 se impusieron nueve condenas de muerte. No había información oficial sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo y penas de muerte impuestas.
Actualización
No hubo avances en los intentos de determinar la suerte de cuatro personas que podían haber sido víctimas de desaparición forzada en 1999 y 2000 y que, según la opinión general, habían muerto a manos de agentes estatales.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)
• Belarus: Domestic Violence - more than a private scandal (Índice AI: EUR 49/014/2006)
• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)
Visita
• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Bielorrusia en febrero.
Palabras clave : Europa y Asia Central , Bielorrusia , activismo , pena de muerte , libertad de expresión , presos de conciencia , violencia contra las mujeres