Pakistán

Rep?blica Islámica de Pakistán

Jefe del Estado: Pervez Musharraf
Jefe del gobierno: Shaukat Aziz
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Decenas de personas sufrieron detención arbitraria y desaparición forzada. Entre las víctimas había personas detenidas en el contexto de la ?guerra contra el terror?, nacionalistas baloches y sindhis y periodistas. Se cometieron homicidios ilegítimos con impunidad. Se utilizaron las leyes sobre la blasfemia para perseguir a miembros de minorías religiosas. Continuaron los informes de homicidios por motivos de ?honor?. Los consejos tribales y religiosos ejercieron ilegalmente funciones judiciales e impusieron penas crueles, inhumanas y degradantes. Al menos 446 personas fueron condenadas a muerte. El n?mero de ejecuciones de las que se tuvo noticia, 82, entre ellas la de un menor de edad, supuso un marcado aumento con respecto al año anterior.

Información general

Mientras los enfrentamientos entre el ejército y activistas nacionalistas se intensificaron en la provincia de Baluchistán, en las zonas tribales el gobierno concertó un acuerdo de paz con los ancianos de las tribus y los talibanes locales. Al parecer, el acuerdo de septiembre permitió a los combatientes tribales encontrar refugio y crear estructuras cuasigubernamentales, recaudar impuestos, imponer su ?código penal? y ejercer funciones cuasijudiciales.

Algunas personas fueron ejecutadas p?blicamente por grupos paramilitares que intentaban imponer su propia interpretación de las normas islámicas. Más de un centenar de personas fueron asesinadas en las zonas tribales, al parecer por cooperar con el gobierno. Se hallaron muchos cuerpos decapitados con notas que advertían que no se apoyara al gobierno.

El diálogo con India sufrió un retroceso cuando la policía india acusó a Pakistán de estar implicado en las explosiones de bombas que tuvieron lugar en Mumbai (Bombay), y Pakistán acusó a India de apoyar a los nacionalistas baloches. Las conversaciones se reanudaron a finales de año.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Decenas de personas sospechosas de tener vínculos con grupos terroristas, activistas baloches o sindhis y periodistas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada. Agentes estatales negaron tener conocimiento de su paradero, tanto a requerimiento de sus familiares como cuando se les interrogó en los tribunales durante las vistas de recursos de hábeas corpus. Las personas liberadas denunciaron haber sufrido tortura y malos tratos.

Abdur Rahim Muslim Dost, ciudadano afgano radicado en Pakistán, y su hermano fueron liberados de Guantánamo en abril de 2005 después de más de tres años de reclusión. En septiembre lo detuvieron de nuevo en Peshawar, al parecer en relación con un libro que narraba las experiencias de los dos hermanos. Las vistas de los recursos de hábeas corpus se aplazaron reiteradamente. En diciembre, organismos estatales negaron que estuviera bajo su custodia. Al terminar el año seguían sin conocerse su suerte y su paradero.

Munir Mengal, director del primer canal de televisión independiente en lengua baloche, que emitía desde Dubai, fue detenido por funcionarios de la agencia de información el 4 de abril en el aeropuerto de Karachi. Seguían sin conocerse su suerte y su paradero. Funcionarios de inmigración comunicaron a sus familiares que se lo había llevado personal de los Servicios de Información. La policía se negó a registrar una denuncia. En julio, durante las vistas de su petición de hábeas corpus, el Ministerio de Defensa notificó al Tribunal Superior de Sindh que Munir Mengal no estaba bajo custodia de ninguno de sus organismos, y que el Ministerio sólo tenía un control administrativo, no operativo, de esos organismos, por lo que no podía hacer cumplir las órdenes de los tribunales.

Uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos

La impunidad por los homicidios ilegítimos de presuntos delincuentes y oponentes políticos del gobierno contribuyó al aumento de este tipo de crímenes.

En junio se encontró el cuerpo sin vida de Hayatullah Khan en Waziristán del Norte; había muerto como consecuencia de disparos. Hayatullah Khan había sido secuestrado en diciembre de 2005 tras divulgar pruebas fotográficas de un ataque realizado por fuerzas estadounidenses con aviones teledirigidos, pruebas que contradecían la versión oficial. Las autoridades dijeron a los familiares en varias ocasiones que no tardaría en quedar en libertad. Se presentaron al gobierno los informes de dos investigaciones oficiales, pero no se hicieron p?blicos.

En enero, entre 13 y 18 personas, seg?n los informes, fueron víctimas de homicidios ilegítimos causados por misiles disparados desde aviones teledirigidos estadounidenses en las zonas tribales, y en octubre al menos 82 personas murieron en un ataque similar. Seg?n los informes, en los dos ataques murieron menores de edad. Funcionarios del Estado calificaron a las víctimas de ?extremistas?, pero no hicieron nada para detenerlas ni para poner fin a sus actividades. En octubre, las autoridades afirmaron que los ?nicos responsables del ataque habían sido helicópteros paquistaníes, pese a las declaraciones de testigos presenciales que afirmaron que 20 minutos antes de que llegaran los helicópteros se habían producido explosiones de bombas. No se llevaron a cabo investigaciones.

Desprotección de las minorías

Durante 2006 se informó de al menos 44 casos registrados de blasfemia. Las causas judiciales relacionadas con la blasfemia tardaban años en concluir. Las personas acusadas rara vez eran puestas en libertad bajo fianza y a menudo sufrían malos tratos mientras estaban detenidas.

Ranjha Masih fue absuelto del delito de blasfemia en noviembre por el Tribunal Superior de Lahore por falta de pruebas. Lo condenaron a cadena perpetua en 2003, tras ser detenido en 1998 durante el funeral de un obispo católico que se suicidó para protestar por la persecución de los cristianos.

Violencia contra las mujeres

Persistieron los altos niveles de homicidios por motivos de ?honor?, de violencia en el ámbito familiar -que incluyó mutilaciones- y de prácticas tradicionales perjudiciales. Los consejos de ancianos (jirgas), prohibidos por el Tribunal Superior de Sindh en 2004, siguieron ?condenando? a niñas y mujeres a penas crueles.

En los distritos de Mardan y Swabi, en tres meses de mediados de 2006, 60 niñas y mujeres fueron entregadas a oponentes de sus familias para zanjar conflictos y como indemnización por asesinatos.

En noviembre, el Parlamento aprobó una enmienda de las Leyes de Hudud que siguió penalizando las relaciones heterosexuales mantenidas de mutuo acuerdo fuera del matrimonio, pero dispuso que las denuncias de relaciones sexuales extramatrimoniales debían ser investigadas por un tribunal para determinar su admisibilidad antes de que se presentaran cargos formales. En virtud de la Ordenanza sobre el Delito de Fornicación y Adulterio, la policía había detenido con frecuencia a parejas a las que sus familiares no consideraban casadas legítimamente y las había acusado formalmente de fornicación. La nueva ley también prohibía que se presentaran cargos de fornicación contra una mujer si había denunciado haber sido violada pero no había podido probar la ausencia de consentimiento.

Se introdujo una ordenanza presidencial que permitía la libertad bajo fianza de las mujeres sometidas a juicio por todos los delitos excepto asesinato, corrupción y terrorismo. Unas 1.300 mujeres recluidas por cargos de fornicación quedaron en libertad bajo fianza.

Derechos de la infancia

Continuaba en espera de resolución el recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Lahore en diciembre de 2004 que declaró inconstitucional la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores. La aplicación de la Ordenanza, reinstaurada temporalmente, continuó adoleciendo de deficiencias, ya que en muchas zonas siguió sin haber agentes de libertad condicional y el n?mero de tribunales de menores siguió siendo insuficiente (en algunas zonas no había ninguno). Siguió juzgándose a menores junto con adultos.

Pena de muerte

Unas 446 personas fueron condenadas a muerte, la mayoría por asesinato. Ochenta y dos fueron ejecutadas, en su mayor parte en la provincia de Punyab.

Mutabar Khan, que al parecer tenía 16 años cuando se cometió un presunto asesinato en 1996, fue ejecutado en la Prisión Central de Peshawar en junio de 2006. Al no poder probar su edad, no se benefició de la Orden Presidencial de Conmutación de 2001, que anuló las condenas a muerte de todos los menores que en esa fecha estaban en espera de ejecución. La familia de la víctima del asesinato había accedido inicialmente a perdonarlo a cambio de una indemnización, pero después se retractó.

En noviembre, el presidente Musharraf conmutó la condena a muerte de Mirza Tahir Hussain tras haberse pospuesto la fecha de su ejecución en varias ocasiones. Mirza Tahir Hussain había sido condenado a muerte en 1998 por asesinato y robo. Diferentes tribunales dictaron sentencias divergentes en este caso, desde la absolución hasta la pena de muerte.

Ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto

Organismos internacionales de ayuda humanitaria afirmaron que muchos programas de reconstrucción adolecían de déficit de financiación y demoras debido a dificultades administrativas y falta de información sobre las necesidades de las víctimas. El terremoto de octubre de 2005 causó la muerte de casi 73.000 personas y dejó sin hogar a más de 3,5 millones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Pakistán. Ejecuciones extralegales en zonas tribales (?ndice AI: ASA 33/013/2006)

• Pakistan: Human rights ignored in the ?war on terror? (?ndice AI: ASA 33/036/2006)

• Pakistan: Working to stop human rights violations in the ?war on terror? (?ndice AI: ASA 33/051/2006)

Visitas

• Una delegación de Amnistía Internacional asistió al Foro Social Mundial en marzo, y otra organizó un taller sobre desapariciones forzadas junto con la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en Islamabad en septiembre. El gobierno negó toda responsabilidad en las desapariciones forzadas generalizadas que había documentado Amnistía Internacional; el presidente Musharraf calificó el informe de ?insensateces? a las que no deseaba responder.