Indonesia

República de Indonesia

Jefe del Estado y del gobierno: Susilo Bambang Yudhoyono
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa continuaron gozando de impunidad. Se recibieron informes de casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y uso excesivo de la fuerza en Papúa. Continuaron recibiéndose numerosos informes de malos tratos o tortura en centros de detención y calabozos policiales de todo el país. Tres personas fueron ejecutadas en septiembre, lo que provocó un debate cada vez más intenso sobre la pena de muerte. Al menos 13 personas fueron condenadas a muerte. La libertad de expresión continuó amenazada, y al menos ocho personas fueron procesadas por expresar sus opiniones pacíficamente.

Información general

En mayo entró en vigor la ratificación por parte de Indonesia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero al finalizar 2006 no se habían promulgado leyes para incorporar las disposiciones de estos tratados a la legislación nacional.

En junio, Indonesia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se comprometió a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional antes de 2008.

Los grupos religiosos minoritarios y los edificios de las iglesias continuaron sufriendo ataques. En Sulawesi se produjeron a lo largo del año actos violentos esporádicos por motivos religiosos.

En julio se aprobó la largamente esperada Ley de Protección de Testigos (Ley 13/2006), por la que se creaba un organismo de protección de víctimas y testigos, además de otras medidas positivas. Sin embargo, diversas ONG se quejaron de que, al no estar completas algunas definiciones, la protección otorgada por la ley era insuficiente.

Impunidad

En octubre, el Tribunal Supremo anuló la sentencia condenatoria dictada contra Pollycarpus Budihari Priyanto por el asesinato del defensor de los derechos humanos Munir, envenenado en un vuelo a los Países Bajos en 2004. No se hizo rendir cuentas a nadie por este delito.

La mayor parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no se investigaron, y los responsables de violaciones perpetradas en el pasado continuaron gozando de impunidad. La Fiscalía General no inició ninguna actuación con respecto a dos casos sobre los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había enviado en 2004 datos que indicaban que las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes contra la humanidad.

En marzo, Eurico Guterres -miliciano timorés condenado a 10 años de cárcel por crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental en 1999- fue encarcelado tras confirmar el Tribunal Supremo la condena que se le había impuesto en 2002. Fue la única persona a la que el Tribunal Especial de Derechos Humanos halló responsable de los crímenes de 1999 que vio su condena confirmada.

Comenzó su trabajo la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental para documentar los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999 y promover la reconciliación. Las disposiciones establecidas en su mandato permitirían amnistiar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

En diciembre, el Tribunal Constitucional anuló la Ley 27/2004, que establecía la creación de una Comisión Indonesia de la Verdad y la Reconciliación. Activistas de derechos humanos habían impugnado las disposiciones que permitían amnistiar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y limitaban las posibilidades de las víctimas de obtener una indemnización. Sin embargo, el Tribunal determinó que debía derogarse la ley completa porque «carecía de lógica», algunos artículos violaban la Constitución y la derogación de artículos independientes impediría el cumplimiento del resto de la ley. La anulación de la ley hizo que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado se quedasen sin un mecanismo para la obtención de indemnizaciones.

Tortura y malos tratos

La tortura y los malos tratos a personas detenidas y encarceladas continuaron siendo habituales.

Según los informes, 23 hombres fueron objeto de malos tratos durante un interrogatorio policial para obligarlos a «confesar» su participación en los actos violentos ocurridos durante una manifestación que se celebró en Jayapura, Papúa, en marzo. Según los informes, antes de ser juzgados en mayo, agentes de policía propinaron patadas a 16 de los acusados y los golpearon en la cabeza y el cuerpo con culatas de rifles y porras de goma para obligarlos a declararse culpables ante el tribunal. Al parecer, cuando volvieron al lugar de detención, agentes de policía propinaron patadas y golpes a los que se habían negado a aceptar los cargos.

Las condiciones de reclusión no cumplían las normas mínimas internacionales. Las personas detenidas carecían de acceso a una cama adecuada, servicios de salud, alimentación apropiada, agua limpia y productos de higiene. Eran objeto de violencia física y sexual y vivían en condiciones de grave hacinamiento. En ocasiones, los menores permanecían recluidos con personas adultas, y a veces las reclusas estaban custodiadas por guardias varones.

Pena de muerte

Al menos tres personas fueron ejecutadas por pelotón de fusilamiento en 2006: Fabianus Tibo, Dominggus da Silva y Marinus Riwu, de Sulawesi. Sus casos hicieron que se intensificase el debate en torno a la pena de muerte. Se temía que su juicio hubiera sido injusto y, al parecer, dos de ellos fueron objeto de malos tratos antes de ser ejecutados.

Durante 2006 se anunciaron las ejecuciones de otras 19 personas, entre las que había tres hombres declarados culpables de participar en los atentados con bomba que se perpetraron en Bali en 2002. Sin embargo, ninguna de estas personas había sido ejecutada al finalizar el año.

Se tuvo conocimiento de que al terminar 2006 había no menos de 92 personas condenadas a muerte.

Discriminación y violencia contra las mujeres

En mayo, la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer criticó la ausencia de disposiciones que tuvieran en cuenta las cuestiones de género en el proyecto de revisión del Código de Procedimiento Penal, pues éste carecía de disposiciones para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual o de género, y no abordaba las necesidades concretas de las mujeres que estaban bajo custodia.

En agosto, el gobierno distribuyó una circular en la que prohibía a los profesionales de la medicina y la enfermería practicar la «circuncisión femenina» (mutilación genital femenina). Sin embargo, quienes continuaran con la práctica no serían castigados.

Al finalizar el año seguían en marcha los planes para convertir en ley un polémico proyecto de ley sobre pornografía que sancionaría a las mujeres que llevaran faldas cortas o se negaran a cubrir determinadas partes del cuerpo.

Al parecer, la creciente aplicación de la shari'a (ley islámica) por parte de gobiernos locales afectó a las mujeres de forma desproporcionada. En febrero, una mujer fue condenada a tres días de cárcel tras un juicio injusto en el que un juez falló que ejercía el sexo como profesión porque se encontraba sola en la calle por la noche e iba maquillada. En 2006, sólo en el municipio de Tangerang hubo no menos de 15 casos de mujeres detenidas por delitos similares; una mujer de 63 años fue detenida cuando compraba fruta.

Las empleadas del hogar, que no estaban incluidas en la Ley de Mano de Obra, sufrían la violación de sus derechos laborales y eran sometidas a abusos físicos, sexuales y psicológicos. En junio, el Ministerio de Trabajo preparó un proyecto de ley sobre personal doméstico, pero en él no se regulaban muchos de sus derechos básicos, como el número máximo de horas laborales y el salario mínimo, ni tampoco las necesidades especiales de las mujeres.

Nanggroe Aceh Darussalam

La situación de la seguridad en Nanggroe Aceh Darussalam continuó estable, aunque se produjeron enfrentamientos esporádicos.

La Ley de Gobernanza de Aceh, aprobada por el Parlamento en julio, estipulaba la creación de un Tribunal de Derechos Humanos para Nanggroe Aceh Darussalam destinado a juzgar a los responsables de futuras violaciones. Sin embargo, no incluía disposiciones para procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

En septiembre, varias organizaciones locales remitieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos información sobre fosas comunes excavadas en Nanggroe Aceh Darussalam desde la firma de un acuerdo de paz en agosto de 2005. Las organizaciones instaron a la Comisión a que realizase investigaciones exhaustivas e impidiese que se llevasen a cabo nuevas excavaciones sin la presencia de los expertos médicos y jurídicos necesarios.

En diciembre se celebraron las primeras elecciones locales en Nanggroe Aceh Darussalam, en presencia de la Misión de Observación en Aceh dirigida por la Unión Europea, que prolongó su estancia hasta el 15 de diciembre.

A lo largo del año se expresó preocupación por el aumento del uso de la shari'a en Nanggroe Aceh Darussalam y sus efectos negativos en la población femenina. Las mujeres denunciaban que eran objetivo de las Patrullas de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud de modo desproporcionado, y que sufrían hostigamiento por infracciones menores y en ocasiones sin razón aparente. Los informes recibidos indicaban que al menos 23 personas fueron golpeadas con varas por juego, adulterio, venta y consumo de bebidas alcohólicas y robo.

Papúa

Se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Al menos en seis casos, las fuerzas de seguridad dispararon contra civiles.

En enero, un menor murió a causa de disparos y al menos dos personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego en la localidad de Waghete. Las versiones de los hechos proporcionadas por la policía y por víctimas y testigos eran muy dispares. Muchos observadores temían que el incidente se hubiera producido como represalia por la gran repercusión que habían tenido las actividades de 43 personas de la región de Waghete que en enero habían solicitado asilo en Australia.

En marzo, cinco miembros de las fuerzas de seguridad murieron en Abepura tras enfrentamientos con manifestantes que pedían el cierre de la mina de oro y cobre de la empresa PT Freeport. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y dispararon balas de goma contra la multitud. Al menos seis civiles -posiblemente muchos más- resultaron heridos, incluido un transeúnte. Veintitrés personas fueron procesadas en relación con estos hechos violentos. Al finalizar 2006, al menos 21 hombres habían sido condenados en juicios injustos a entre 4 y 15 años de cárcel. Según los informes, todos ellos fueron sometidos a malos tratos mientras estaban detenidos por la policía. Abogados y defensores de los derechos humanos que tenían relación con los juicios fueron objeto de intimidación y recibieron amenazas de muerte.

Las severas restricciones impedían a casi todas las ONG y a los periodistas extranjeros trabajar en Papúa. Las autoridades afirmaban que las organizaciones extranjeras fomentaban la división, pero se permitió la entrada en Papúa de al menos un equipo de un medio de comunicación internacional, si bien el acceso estuvo restringido y fue objeto de una estrecha vigilancia.

Libertad de expresión

Al menos ocho presos de conciencia fueron condenados a prisión durante 2006, y otros ocho, condenados en años anteriores, siguieron encarcelados. Entre ellos había activistas políticos pacíficos, dirigentes sindicales, seguidores de determinadas religiones y estudiantes.

En febrero y marzo, seis dirigentes sindicales -Robin Kimbi, Masri Sebayang, Suyahman, Safrudin, Akhen Pane y Sruhas Towo- fueron condenados a periodos de cárcel de entre 14 meses y dos años, al parecer a causa de sus actividades sindicalistas legítimas. Los hombres fueron detenidos tras una huelga y una manifestación que se celebraron en septiembre de 2005 en una plantación de aceite de palma propiedad de la empresa Musim Mas, en la provincia de Riau. La huelga se convocó después de negarse la empresa a negociar con el sindicato, SP Kahutindo, sobre cuestiones como la aplicación de las normas laborales mínimas en virtud de la legislación nacional. Cuatro de los hombres -Suyahman, Safrudin, Akhen Pane y Sruhas Towo- quedaron en libertad en noviembre.

En diciembre, el Tribunal Constitucional revocó por inconstitucionales los artículos 134, 136 y 137 del Código Penal, que castigaban los «insultos al presidente o al vicepresidente» con hasta seis años de cárcel. Estos artículos se habían utilizado durante mucho tiempo para impedir la libertad de expresión y encarcelar a activistas.

Legislación sobre seguridad

En abril, la policía declaró que en torno a 200 personas habían sido detenidas desde el comienzo de las operaciones antiterroristas tras los atentados con bomba perpetrados en Bali en 2002. Durante 2006, al menos 56 personas fueron detenidas en virtud de la legislación antiterrorista, y otras 24, detenidas previamente, fueron declaradas culpables. A pesar de que gobierno y legisladores declararon en febrero que se revisaría la legislación antiterrorista (Ley 16/2003), a lo largo del año no se produjeron avances visibles.

Continuaron recibiéndose informes que indicaban que agentes de policía infligían malos tratos a personas sospechosas de actividades terroristas. En abril, la policía mató a tiros a dos presuntos terroristas durante una redada en Wonosobo, Java Central.

Derechos económicos, sociales y culturales

Se llevaron a cabo desalojos masivos sin que se hubiera realizado una consulta adecuada; las indemnizaciones fueron escasas o inexistentes y se hizo un uso excesivo de la fuerza.

En enero se produjeron dos desalojos forzosos a gran escala en el este de Yakarta. Según los informes, más de 600 familias se quedaron sin hogar, y no se les ofreció una indemnización adecuada ni una vivienda alternativa. La serie de desalojos forzosos estaba relacionada con la ampliación de la línea de ferrocarril entre el este de Yakarta y Cikarang.

En mayo, la perforación de sondeo realizada en el este de Java por la empresa petrolera y de gas Lapindo Brantas provocó la salida de una gran cantidad de fango caliente y tóxico, que al finalizar el año aún no había dejado de manar. El fango desplazó a alrededor de 10.000 personas y enterró pueblos enteros, zonas cultivadas e infraestructura. En las zonas cercanas a la salida del lodo, más de un millar de personas fueron hospitalizadas con dificultades respiratorias, y existía el temor de que el agua estuviese contaminada.

Lapindo Brantas ofreció pagar una indemnización extrajudicial de 35 dólares estadounidenses mensuales a las personas desplazadas y, según los informes, reservó 6.900 millones de rupias (750.000 dólares estadounidenses) para cubrir las futuras pérdidas agrícolas. Las personas afectadas se quejaron de que la indemnización era insuficiente. En septiembre, el presidente del país decretó que Lapindo Brantas debía pagar 1,5 billones de rupias (163 millones de dólares estadounidenses) para reparar la infraestructura estatal. Ordenó que casi 3.000 familias fueran reubicadas de forma permanente y ofreció empleos e indemnizaciones económicas. Sin embargo, el gobierno no fue explícito con respecto a otros derechos, como los derechos al agua y a una vivienda adecuada.

Al finalizar el año, cientos de miles de personas continuaban sin alojamiento a consecuencia del terremoto que se produjo el 27 de mayo en Yogyakarta y que causó la muerte de 5.900 personas y el desplazamiento de 1,5 millones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Indonesia: Comments on the draft revised Criminal Procedure Code (Índice AI: ASA 21/005/2006)

Visitas

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Java en febrero y marzo para realizar una investigación sobre las empleadas domésticas en Indonesia. Delegaciones de Amnistía Internacional también visitaron Indonesia en julio y septiembre.