Europa y Asia Central

La seguridad, la migración y los problemas relacionados con territorios que aspiraban a obtener la condición de Estado continuaron siendo importantes motivos de preocupación en toda la región.

El país más reciente de Europa, Montenegro, surgió en junio de la desmembración de la ex Yugoslavia, pero la decisión sobre el estatuto definitivo de Kosovo, que seguía siendo formalmente parte de Serbia, fue aplazada hasta principios de 2007. No se registró ningún progreso significativo en la determinación de la condición de las entidades de la región –no reconocidas por la comunidad internacional– localizadas dentro de las fronteras de Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, pero fuera del control de facto de estos Estados. Chipre continuó siendo una isla dividida. En España, el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) declaró un «alto el fuego permanente» en marzo, pero el proceso de diálogo con el gobierno concluyó en diciembre después de que una bomba hiciese explosión en un aeropuerto matando a dos personas. En Turquía, en 2006 se intensificaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos y aumentaron los ataques con bomba contra civiles por parte de otros grupos armados. Persistía la impunidad a consecuencia de los conflictos en la región.

Muchos países de la región seguían actuando como un imán para las personas que intentaban escapar de la pobreza, la violencia o la persecución. Las cambiantes pautas migratorias procedentes de África provocaron la arribada de más de 30.000 personas a las Islas Canarias, mientras se desconocía cuántas podían haber perdido la vida en la travesía a bordo de embarcaciones inseguras. Sin embargo, los países europeos siguieron sin respetar los derechos de las personas refugiadas y migrantes y, para abordar la migración irregular, adoptaron estrategias represivas que incluían la detención y la expulsión forzadas sin permitir el acceso a procedimientos de asilo justos e individualizados. En el contexto de la «guerra contra el terror», los gobiernos también violaron sus obligaciones internacionales al devolver a personas a países donde corrían riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura.

Dos nuevos países –Bulgaria y Rumania– se preparaban para entrar a formar parte de la Unión Europea a comienzos de 2007. Aunque la ampliación continuaba considerando los derechos humanos como un signo clave de la preparación de los candidatos para la adhesión, la Unión Europea, como modelo de «unión de valores», se mostraba cada vez más ambivalente. Surgieron nuevos indicios de la falta de voluntad del Consejo de la Unión Europea para enfrentarse a Estados Unidos por su forma de llevar a cabo la «guerra contra el terror», y del hecho de que el propio Consejo no «predicaba con el ejemplo» en lo relativo a la migración. A la erosión de la credibilidad en materia de derechos humanos en los ámbitos europeo y mundial se sumaba un enfoque institucional limitado de los derechos humanos dentro de las fronteras de la Unión, con el establecimiento de una Agencia Europea de Derechos Fundamentales cuyas competencias para abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los Estados miembros eran muy reducidas.

El racismo y la discriminación continuaban presentes en toda la región. En muchos países las autoridades no hicieron frente de manera convincente a las opiniones e ideologías racistas y xenófobas, no pusieron en práctica programas integrales para combatirlas y no actuaron con la diligencia debida para prevenir, investigar y enjuiciar los ataques por motivos raciales. En algunos países eran las propias autoridades las que discriminaban a las minorías al no defender sus derechos. Con frecuencia la discriminación venía motivada por la identidad y la condición jurídica –o la ausencia de ella– de la persona, a la que impedía el acceso a una amplia variedad de derechos humanos, entre ellos derechos económicos, sociales y culturales.

Seguridad y derechos humanos

Aparecieron nuevos indicios de complicidad por parte de gobiernos europeos en el programa estadounidense de «entregas extraordinarias», una práctica ilegal en virtud de la cual numerosos hombres fueron detenidos y trasladados en vuelos secretos a países donde fueron víctimas de nuevos delitos, entre ellos tortura y desaparición forzada. Cada vez quedó más patente, también en las investigaciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, que muchos gobiernos europeos habían adoptado la actitud de «oír, ver y callar» en lo que se refería a los vuelos para entregas extraordinarias que habían utilizado su territorio.

Algunos llegaron a colaborar voluntariamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense para facilitar los abusos. La complicidad de países como Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia, Macedonia, Reino Unido y Suecia iba desde la aceptación y ocultación de entregas extraordinarias, detenciones secretas, tortura y otros malos tratos (y utilización de la información obtenida de ese modo) a la participación directa en secuestros y transferencias ilegales. Además, existían indicios de que las fuerzas de seguridad de Alemania, Reino Unido y Turquía habían aprovechado la situación para interrogar a personas que habían sido objeto de estas entregas.

También en otras áreas la seguridad continuó anteponiéndose al respeto de los derechos humanos fundamentales, en detrimento de ambos. Existían graves temores de que los gobiernos de Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Ucrania, colaborando con Uzbekistán en nombre de la seguridad regional y de la «guerra contra el terror», estuvieran incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud del derecho de los derechos humanos y el derecho en materia de refugiados al devolver a personas a Uzbekistán, a pesar del riesgo que corrían de sufrir graves abusos, entre ellos tortura.

El gobierno del Reino Unido continuó socavando la prohibición universal de la tortura al intentar expulsar a personas a las que consideraba sospechosas de terrorismo a países con historiales de tortura y otros malos tratos. Las autoridades de Reino Unido pretendían basarse en «garantías diplomáticas» intrínsecamente ineficaces e indignas de confianza plasmadas en memorandos de entendimiento que había firmado con países con historiales de tortura bien documentados.

En Turquía, la nueva Ley de Lucha contra el Terrorismo contenía disposiciones amplias y draconianas que en la práctica podían contravenir el derecho internacional de los derechos humanos y facilitar los abusos. Las personas acusadas en virtud de la legislación antiterrorista en vigor en Turquía seguían sufriendo procesos interminables, y algunas permanecían recluidas durante más de un decenio a la espera de recibir la sentencia definitiva.

Sin embargo, hubo otras señales –aparte de las investigaciones sobre las entregas extraordinarias– de una negativa a tolerar tales abusos. En España, en una decisión histórica, el Tribunal Supremo anuló en julio una sentencia de seis años de cárcel y ordenó la liberación inmediata de un hombre que había permanecido bajo custodia estadounidense en la base militar de la bahía de Guantánamo, Cuba, basándose en que las pruebas obtenidas durante su reclusión en la base eran inadmisibles. Según la sentencia del Tribunal, el centro de detención de Guantánamo constituía un limbo legal sin garantías ni control de ninguna clase y, por tanto, todas las pruebas o procedimientos derivados de él debían declararse nulos y sin efecto.

En noviembre, un órgano de derechos humanos de la ONU confirmó que las autoridades suecas habían cometido múltiples violaciones de derechos humanos en relación con una expulsión sumaria a Egipto. El gobierno sueco reaccionó reiterando que ninguna de esas conclusiones era legalmente vinculante y continuó negándose a proporcionar reparación, incluida indemnización, a las víctimas. En diciembre, la fiscalía italiana solicitó a un juez que dictase acta de acusación formal contra 26 agentes de la CIA acusados de secuestrar a un religioso egipcio en la ciudad italiana de Milán y de participar en su «entrega extraordinaria» a Egipto donde, al parecer, fue torturado.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Los Estados continuaban con la práctica constante de interceptar, detener y expulsar, violando sus derechos humanos, a personas extranjeras, incluidas las que buscaban protección internacional. Un año después, las investigaciones sobre la muerte en 2005 de 13 migrantes cuando intentaban entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos seguían sin dar resultados. Otras tres personas murieron en incidentes similares en julio de 2006.

Hombres, mujeres y menores seguían encontrando obstáculos para acceder a los procedimientos de concesión de asilo. En Grecia, Italia, Malta y Reino Unido algunas de estas personas fueron víctimas de detención ilegal, y a otras se les negaron el asesoramiento y la asistencia jurídica necesarios. Muchas fueron expulsadas ilegalmente de países como España, Grecia, Italia y Malta, antes de que sus solicitudes pudieran haber sido examinadas adecuadamente. A algunas se las envió a países donde corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

Como respuesta al cambio de las pautas de migración, varios países de la Unión Europea establecieron misiones de patrulla marítima fronteriza conjunta, coordinadas por Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, y dirigidas a interceptar en el mar embarcaciones de migrantes y devolver a sus ocupantes a sus países de origen. Ello planteaba graves motivos de preocupación con respecto a derechos fundamentales, como el derecho a solicitar y obtener asilo, el derecho a abandonar el propio país, y el principio de no devolución (non-refoulement).

En algunos países se introdujo nueva legislación que restringía aún más los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. En Suiza, por ejemplo, se negaba el acceso al procedimiento de asilo a las personas que careciesen de documento nacional de identidad. En Francia, una nueva ley supeditaba la concesión de permisos de residencia para las personas migrantes a la existencia de contratos laborales, lo que las exponía a sufrir explotación en el puesto de trabajo.

Racismo y discriminación

En toda la región, las personas de etnia romaní continuaban sufriendo una discriminación generalizada por motivos de identidad y seguían excluidas en gran medida de la vida pública, sin poder disfrutar de pleno acceso a derechos como la vivienda, el empleo y los servicios de salud. En algunos países, las autoridades no integraron plenamente a los menores de etnia romaní en el sistema educativo, y toleraron o promovieron la creación de clases o escuelas especiales, incluidos centros donde se impartía un programa abreviado. Las personas de etnia romaní también fueron víctimas de crímenes de odio, al igual que las judías y las musulmanas. En Rusia, la violencia racista seguía siendo un fenómeno extendido.

Muchas personas eran discriminadas por causas relacionadas con su condición jurídica. En Azerbaiyán, las personas desplazadas por el conflicto de Nagorno-Karabaj tenían pocas oportunidades de ejercer sus derechos económicos y sociales, entre otras cosas a causa de un complicado proceso de registro interno que vinculaba el derecho a beneficiarse de los servicios sociales y de empleo a la posesión de un lugar de residencia fijo. En Montenegro, más de 16.000 personas romaníes y serbias desplazadas de Kosovo continuaban sin tener acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales al negárseles la inscripción en el registro civil. En Eslovenia, miles de personas –todas procedentes de otras repúblicas de la ex Yugoslavia– que habían sido «borradas» ilegalmente del registro de residentes permanentes sufrían problemas similares. En Estonia, los miembros de la minoría de habla rusa tenían un acceso limitado al mercado laboral debido a las restricciones sobre los derechos lingüísticos y de las minorías.

En Letonia, Polonia y Rusia las autoridades continuaron fomentando un clima de intolerancia contra las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y obstruyendo actos públicos organizados por esos colectivos, e importantes figuras políticas utilizaron un lenguaje abiertamente homófobo.

Impunidad y rendición de cuentas

Aunque se produjeron avances para acabar con la impunidad por los crímenes cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia durante las guerras de la década de los noventa, la ausencia de una cooperación plena con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, unida a los esfuerzos insuficientes por parte de los tribunales nacionales, permitió que muchos responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad continuaran eludiendo la justicia.

En toda la región siguieron denunciándose casos de tortura y malos tratos, a menudo perpetrados por motivos raciales y con frecuencia para obtener «confesiones». Estas prácticas eran habituales en algunos países. Las víctimas describieron un variado catálogo de abusos, tales como: simulacros de ejecución; puñetazos y golpes con libros, porras, palos y botellas de plástico llenas de agua; asfixia; privación de alimentos, agua y sueño; amenazas de violación; y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. Entre los obstáculos para abordar la impunidad por tales abusos se encontraban la manera en que la policía burlaba las salvaguardias, la falta de acceso inmediato a un abogado, el miedo de las víctimas a sufrir represalias y la ausencia de un sistema independiente y dotado de los recursos necesarios para vigilar la situación e investigar las denuncias. En Rusia, Turquía, y Uzbekistán en especial, la ausencia de investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales sirvió para perpetuar una arraigada cultura de la impunidad. Esas deficiencias en el ámbito nacional empujaron a personas de algunos países a buscar resarcimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contribuyendo a aumentar su sobrecarga de trabajo.

Pena de muerte

Siguieron realizándose avances significativos hacia la abolición de la pena de muerte en toda la región. En junio, Moldavia abolió la pena de muerte en la ley, y en noviembre Kirguistán aprobó una nueva Constitución que no incluía las anteriores disposiciones sobre el uso de la pena capital.

Tras la desmembración de la Unión Soviética, los 15 nuevos Estados independientes retuvieron la pena de muerte. Al finalizar 2006, sólo dos de ellos, Bielorrusia y Uzbekistán, continuaban aplicándola en la ley y en la práctica. Ambos seguían manteniendo en secreto la cifra exacta de personas condenadas a muerte y ejecutadas anualmente. Uzbekistán incluso insistía en que no se había dictado ninguna condena de muerte en los últimos dos años, pese a que ONG del país dignas de crédito informaron de que se habían impuesto al menos ocho.

Aunque, en general, Europa seguía la tendencia global hacia la abolición, el presidente de Polonia intentó oponerse a ella pidiendo en julio la reintroducción de la pena capital en Polonia y en Europa. Otra nota negativa eran las condiciones de reclusión de las personas en espera de ejecución en la región; se creía que algunas habían permanecido recluidas varios años en condiciones muy duras. Además, en los países (y entidades no reconocidas por la comunidad internacional) en los que estaba en vigor una suspensión de las ejecuciones, estas personas seguían sin saber cuál sería su destino.

Violencia contra las mujeres

La violencia en el ámbito familiar contra las mujeres y las niñas de todas las edades y grupos sociales seguía siendo un fenómeno muy extendido en la región. Adoptaba diversas formas: malos tratos psicológicos e insultos, violencia física y sexual, control económico y homicidios. Por lo general, sólo una pequeña proporción de las mujeres denunciaba estos abusos, entre otras razones por el temor a sufrir represalias a manos de sus parejas o a ser acusadas de otros delitos, por considerar que la culpa era de ellas, por miedo a «deshonrar» a su familia, por inseguridad económica, por la ausencia de refugios o de otras medidas eficaces –tales como las órdenes de alejamiento– para garantizar su protección y la de sus hijos e hijas, y por la impunidad generalizada de que disfrutaban los perpetradores. Además, las mujeres con frecuencia no confiaban en que las autoridades pertinentes consideraran los abusos como un delito en lugar de como un asunto privado y los abordaran de hecho como tal delito. Esa falta de confianza a la hora de presentar denuncias no sólo impedía hacer justicia en casos individuales, sino que dificultaba los esfuerzos para erradicar los malos tratos en la sociedad, al ocultar el verdadero alcance y la índole del problema.

Aunque se adoptaron algunas medidas positivas respecto a la protección legal en este ámbito, seguían existiendo lagunas fundamentales. Entre ellas, el hecho de que la violencia en el ámbito familiar no estuviera tipificada como delito en algunos países y de que no se dispusiese de datos estadísticos exhaustivos. Aunque la nueva ley de Georgia contra la violencia doméstica era un paso positivo, el hecho de que no se hubiera aprobado un plan de acción nacional sobre la violencia intrafamiliar –como exigía la ley– planteaba dudas acerca del compromiso de las autoridades para erradicar este tipo de violencia. En Suiza, una nueva ley permitía la expulsión del agresor del domicilio compartido si así lo solicitaba la víctima de la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, las mujeres migrantes que llevasen residiendo en Suiza menos de cinco años seguían exponiéndose a ser expulsadas si dejaban de convivir con la pareja que figurase en su permiso de residencia.

La trata de seres humanos, incluidas mujeres y niñas para obligarlas a prostituirse, seguía prosperando gracias a la pobreza, la corrupción, la falta de educación y la descomposición social. La trata de seres humanos en el interior de Europa y hacia el continente era una práctica extendida. Muchos países no garantizaban que la política y las acciones en este respecto se centrasen en el respeto y la protección de los derechos de las personas objeto de trata. Sin embargo, un paso positivo en esa dirección fue que en 2006 tres países ratificaron el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que entrará en vigor cuando 10 países se conviertan en Estados Partes.

Represión de la disidencia

En muchas partes de la región, el espacio para las voces independientes y la sociedad civil era cada vez más reducido debido a los ataques continuados contra la libertad de expresión y asociación. En Turquía, la restrictiva ley que castigaba el «denigrar la identidad nacional turca» amordazaba las opiniones disidentes pacíficas, con un goteo constante de procesos judiciales contra personas de todo el espectro político.

En Uzbekistán, tras los enfrentamientos de 2005 en Andiyán, en los que murieron cientos de personas, cada vez eran más escasas las voces independientes o disidentes que lograban encontrar una vía para expresar su opinión sin temor a sufrir represalias en forma de hostigamiento, intimidación y encarcelamiento. En Azerbaiyán, las autoridades fomentaron un clima de impunidad para las agresiones físicas contra periodistas independientes, encarcelaron a otros profesionales bajo acusaciones discutibles y hostigaron a los medios de comunicación independientes mediante todo un catálogo de medidas administrativas. En Bielorrusia continuó reprimiéndose a la sociedad civil, y el número de activistas que recibieron sentencias condenatorias se incrementó al entrar en vigor las reformas legales que limitaban la libertad de asociación. En Turkmenistán se intensificaron los ataques manifiestos contra cualquier forma de disidencia pacífica, y hubo personas a quienes se despidió de sus trabajos o a quienes se prohibió viajar al extranjero simplemente por tener relación con un disidente; además, las autoridades atacaron a defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas actividades calificaron de «traición» y «espionaje».

En Rusia, una nueva y controvertida legislación socavaba, en lugar de reforzar, el papel de la sociedad civil, aumentando los poderes de las autoridades para escrutar la financiación y las actividades de las ONG rusas y extranjeras. La legislación introducía un marco normativo que podía aplicarse de forma arbitraria, incluía disposiciones clave que carecían de una definición legal precisa e imponía penas desproporcionadas. En Chechenia y en la región rusa del Cáucaso Norte, personas que buscaban justicia sufrieron intimidación y amenazas de muerte, y el asesinato en octubre de la destacada periodista y activista de derechos humanos Anna Politkovskaya envió un escalofriante mensaje sobre los peligros que acechaban a quienes se atreviesen a expresar su opinión como ella lo había hecho.

Sin embargo, a pesar de las amenazas, las intimidaciones y las detenciones, las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos continuaron con decisión su labor, sirviendo de ejemplo a otras y atrayéndolas a la lucha por un cambio duradero y por el respeto de los derechos humanos de todas las personas.