BURUNDI
República de Burundi
Jefe del Estado y del gobierno: Pierre Nkurunziza
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Información general
El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Conseil National Pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie, CNDD-FDD), partido gobernante, fue objeto de acusaciones generalizadas de corrupción, socavó la independencia del poder judicial y hostigó e intimidó a los medios de comunicación independientes, a sus adversarios políticos y a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En agosto se detuvo a siete ex altos cargos y líderes políticos de la oposición por un presunto intento de golpe de Estado. Entre ellos se encontraban el ex vicepresidente Alphonse-Marie Kadege y el ex presidente Domitien Ndayizeye, a quienes se acusó de «amenazas a la seguridad del Estado». Las dudas sobre la veracidad del intento de golpe de Estado eran generalizadas.
El 6 de septiembre dimitió la vicepresidenta segunda, Alice Nzomukunda, basando su decisión en la corrupción y en las interferencias políticas del presidente del partido gobernante.
Durante la primera mitad de 2006 continuó el conflicto armado entre el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (Parti pour la libération du people hutu-Forces nationales de libération, PALIPEHUTU-FNL), conocido como FNL, y las fuerzas armadas del gobierno (Forces de défense nationale, FDN) en las provincias de Bujumbura Rural, Bubanza y Cibitoke. El 7 de septiembre, el gobierno y las FNL firmaron un acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, continuaron sin resolverse diversas cuestiones delicadas, como la integración de los mandos de las FNL en las FDN.
Aprehensiones y detenciones arbitrarias
Los servicios secretos, la policía y el ejército fueron responsables de numerosas aprehensiones y detenciones ilegales y arbitrarias. Para justificarlas, las autoridades invocaron la seguridad nacional y acusaron a las personas detenidas de colaboración con las FNL, pero, al parecer, muchas de ellas fueron detenidas y recluidas ilegalmente.
En abril, más de 1.000 personas residentes en la provincia de Bujumbura Mairie y provincias limítrofes llevaban varios meses detenidas sin comparecer ante un tribunal. La Fiscalía sólo procesó a 34 de ellas.
También se recibieron informes de detenciones arbitrarias e ilegales a manos de las autoridades locales en otras provincias, como Ngozi.
Según informes, el 20 de abril, la policía propinó una paliza a un profesor del centro de enseñanza secundaria Don Bosco de Ngozi, lo esposó y lo trasladó al calabozo local de Kiremba. Lo mantuvieron recluido durante varios días, de forma ilegítima y sin enjuiciarlo. Se lo acusaba de haber robado leña del bosque perteneciente a la administración local.
Ejecuciones extrajudiciales
Durante todo el año 2006, los servicios secretos y el ejército participaron en ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Entre mayo y agosto, las fuerzas armadas del gobierno, en colaboración con los servicios secretos y la administración local, detuvieron de forma arbitraria a unas 30 personas en la provincia de Muyinga. Según fuentes locales, al menos 16 fueron ejecutadas y sus cuerpos arrojados al río. Se detuvo a tres agentes del Estado en relación con los homicidios, entre ellos el jefe de los servicios secretos de Muyinga. Sin embargo, las autoridades, a pesar de haberse dictado órdenes de arresto, no detuvieron a los altos cargos que, según informes, habían dado las órdenes de ejecución.
El 4 de agosto, en la comuna de Kinama, provincia de Bujumbura Mairie, agentes de policía y un ex combatiente del CNDD-FDD que, según informes, trabajaba para los servicios secretos, detuvieron a cuatro personas sospechosas de pertenecer a las FNL. El 14 de agosto, dicho ex combatiente se llevó en un vehículo a las cuatro personas detenidas. Al día siguiente, residentes del lugar encontraron sus cuerpos acribillados a balazos. El ex combatiente del CNDD-FDD fue recluido en la prisión de Mpimba, pero varios testigos aseguraron que lo habían visto en libertad en Bujumbura.
Tortura y malos tratos
El gobierno no incorporó la definición de tortura a la legislación del país, ni ajustó el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal a las normas internacionales de derechos humanos.
Durante todo el año 2006 se documentaron denuncias de tortura y malos tratos a manos de los servicios secretos, la policía y otras fuerzas militares y de seguridad.
El 23 de enero por la noche, Matrenus Ciragira y su familia fueron atacados por personas armadas con pistolas y vestidas con uniformes de policía en la comuna de Ruhororo, provincia de Ngozi. Durante el ataque, su esposa fue violada delante de sus hijos. No se investigaron los hechos.
Al parecer, el 2 de agosto, agentes de policía propinaron reiteradamente patadas por todo el cuerpo al ex presidente Alphonse-Marie Kadege en una sala de interrogatorio.
El 26 de junio, en la zona de Mivo, comuna de Ngozi, dos miembros del personal de la ONG Population Services International que participaban en un programa de sensibilización sobre el sida fueron detenidos por dos policías que, según informes, los torturaron. Al concluir 2006 no se habían investigado los hechos.
Ataques a la libertad de expresión
Las relaciones entre las autoridades y los medios de comunicación independientes eran tensas y enfrentadas. Agentes del Estado y el partido gobernante amenazaron a periodistas repetidas veces.
El 17 de abril, tras una conferencia de prensa convocada por el parlamentario del CNDD-FDD Mathias Basabose en Kinindo, Bujumbura, la policía ordenó a 30 periodistas que entregaran sus cintas y sus equipos de grabación para supervisar la información. Los periodistas se negaron a cumplir la orden, por lo que se les impidió abandonar el local. Otros periodistas acudieron para informar sobre el incidente. Según informes, varios de ellos fueron golpeados por agentes de policía con las culatas de sus armas y con porras.
El 3 de septiembre, Hussein Radjabu, presidente del CNDD-FDD, pronunció un discurso ante miles de simpatizantes en el que amenazó a los periodistas si éstos continuaban criticando al CNDD-FDD y al gobierno.
Asimismo, el 3 de septiembre se publicó en el sitio web del CNDD-FDD una fotografía de Gabriel Nikundana, director de informativos de la emisora de radio Isanganiro, junto con la información de que había huido a Kenia. Cuando se descubrió que la noticia era falsa, se publicó otro artículo en el mismo sitio web, el 5 de septiembre, en el que se vinculaba a Gabriel Nikundana con el presunto intento de golpe de Estado y se lo describía como «extremista».
Presos de conciencia
Durante el año 2006 se hostigó a los defensores y defensoras de los derechos humanos y se detuvo a algunos por la expresión pacífica de sus opiniones.
El 5 de mayo, Térence Nahimana, director de la ONG Círculo de Iniciativa por una Visión Común (Cercle d'initiative pour une vision commune, CIVIC), escribió una carta al presidente en la que afirmaba que el gobierno estaba retrasando deliberadamente las negociaciones de paz con las FNL. Fue detenido el 9 de mayo por los servicios secretos nacionales. Después de tres horas de interrogatorio quedó en libertad, pero fue nuevamente detenido al día siguiente. El 15 de mayo se lo acusó formalmente de «amenazar la seguridad del Estado» y fue recluido en la prisión de Mpimba.
El 16 de agosto, Gabriel Rufyiri, presidente de la ONG Observatorio para la Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica (Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOME), fue detenido de forma arbitraria y recluido ilegalmente por acusar de corrupción a miembros del gobierno y del partido en el poder. Su organización había sacado a la luz la presunta venta indebida del avión presidencial e irregularidades en los contratos del gobierno.
Violencia contra las mujeres
Se sometió a violencia sexual, incluida la violación, a mujeres de todas las edades, en comunidades rurales y urbanas. A pesar del fin de las hostilidades en la mayor parte del país, las organizaciones locales de derechos humanos informaron de una elevadísima incidencia de casos de violación.
La respuesta del Estado fue en general la pasividad, y la protección ofrecida por el sistema de justicia penal era escasa. La policía y el sistema judicial restaron a menudo importancia a los casos de violación, y no los investigaron a menos que la víctima fuera una niña o las organizaciones locales de derechos humanos los presionaran.
V. N., una mujer de 27 años que vivía en la comuna de Kamenge, fue violada por dos hombres que irrumpieron en su casa el 21 de febrero y golpearon, amordazaron y violaron tanto a V. N. como a su hermana. Ni la administración local ni la policía investigaron los hechos. Posteriormente, V. N. fue rechazada por su comunidad.
Abusos contra los derechos humanos a manos de las FNL
Durante la primera mitad de 2006, las FNL amenazaron e intimidaron a la población civil de Bujumbura Rural, Bubanza y Cibitoke, exigiendo a menudo cobijo, comida y agua. También mataron a funcionarios gubernamentales de bajo nivel y a civiles sospechosos de colaborar con las fuerzas armadas del gobierno.
El 16 de enero, presuntos combatientes de las FNL secuestraron y mataron a Amélie Bapfumukeko, integrante del consejo de Nakibuye, comuna de Kanyosha. Al día siguiente se encontró su cuerpo a unos 500 metros de su casa. Miembros locales de las FNL la habían acusado de colaborar con las fuerzas armadas del gobierno.
Administración de justicia
El sistema judicial siguió padeciendo una falta de recursos y una formación inadecuada. Además, según informes, las autoridades gubernamentales y los miembros del CNDD-FDD influían indebidamente en las decisiones judiciales.
El 16 de febrero, la policía detuvo a un profesor del centro de enseñanza secundaria de Gashikanwa (provincia de Ngozi), miembro del CNDD-FDD, porque se sospechaba que había violado a cinco estudiantes. Una vez que se conoció su detención, el fiscal encargado de la investigación recibió llamadas amenazantes de miembros de los servicios secretos y de parlamentarios del CNDD-FDD, que exigían la liberación del profesor. Finalmente, el fiscal lo dejó en libertad, y ni la fiscalía ni la policía siguieron investigando las violaciones.
Mecanismos para combatir la impunidad
Las autoridades lanzaron mensajes contradictorios a lo largo del año con respecto a su voluntad de abordar de forma efectiva la cuestión de la impunidad.
El 3 de enero, el presidente decretó la «inmunidad provisional» de los presos políticos, de conformidad con las cláusulas del acuerdo de paz de Arusha, de 2000. Unos días más tarde, el ministro de Justicia anunció la liberación provisional de 673 presos políticos. A finales de marzo, más de 3.200 presos habían quedado en libertad. Sin embargo, esta decisión no trajo aparejada ninguna medida concreta y especializada para combatir la impunidad.
A principios de febrero, el gobierno publicó un memorándum para comenzar las conversaciones con la ONU sobre el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y una sala especial para investigar los crímenes cometidos en Burundi y procesar a los responsables. A finales de febrero, llegó una misión de la ONU a Bujumbura para preparar las negociaciones relativas a dichos mecanismos. Aunque la reunión en sí fue significativa, el memorándum del gobierno contenía propuestas que podían obstaculizar los esfuerzos por abordar la impunidad. Por ejemplo, proponía un «procedimiento de reconciliación» que podría impedir o limitar la investigación y el enjuiciamiento de delitos recogidos en el derecho internacional. Los avances posteriores fueron muy lentos.
El 18 de junio, en Dar es Salaam, Tanzania, el gobierno y las FNL firmaron un acuerdo de principios con vistas a lograr la paz, la seguridad y la estabilidad duraderas en Burundi. En él se disponía que la comisión de la verdad y la reconciliación (que aún no se había establecido) pasara a llamarse «Comisión de la Verdad, el Perdón y la Reconciliación». Su mandato consistiría en establecer los hechos que rodearon el «oscuro periodo de la historia de Burundi» y determinar las responsabilidades de los distintos protagonistas con el fin de conseguir el perdón y la reconciliación nacional.
Pena de muerte
Tras la liberación de 3.200 presos políticos, 218 presos seguían condenados a muerte. Las últimas ejecuciones, de siete civiles, tuvieron lugar en 1997, pero los tribunales seguían dictando condenas de muerte.
Personas refugiadas
y desplazadas internamente
En febrero, la cifra de refugiados ruandeses en Burundi llegó a 20.000. Al concluir 2006, el ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados) había repatriado a Ruanda a unos 16.000. Entre enero y diciembre, unos 32.000 refugiados burundeses volvieron a Burundi con ayuda del ACNUR. En junio, el ACNUR modificó su política y pasó de facilitar la repatriación a promoverla.
Al concluir 2006, más de 100.000 personas seguían viviendo en campos de desplazados internos, sobre todo en las provincias del norte y el este.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
• Burundi: La inmunidad provisional no ayuda a terminar con la impunidad (Índice AI: AFR 16/001/2006)
• Burundi: ¿Hacia qué reconciliación? (Índice AI: AFR 16/003/2006)
• Burundi: Ataques contra periodistas y observadores de derechos humanos (Índice AI: AFR 16/004/2006)
• Burundi: Detention measures abused (Índice AI: AFR 16/011/2006)
• Burundi: De Itaba a Gatumba. Necesidad imperiosa de justicia (Índice AI: AFR 16/014/2006)
• Burundi: Briefing to the Committee against Torture (Índice AI: AFR 16/016/2006)
Visita
• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Burundi en febrero para investigar la violencia contra las mujeres y el proceso de desmovilización, desarme y reintegración. La delegación también asistió a un taller con defensores y defensoras de los derechos humanos.