ALBANIA
República de Albania
Jefe del Estado: Alfred Moisiu
Jefe del gobierno: Sali Berisha
Pena de muerte: abolicionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Información general
En septiembre, el Parlamento Europeo ratificó un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Albania, lo que suponía un paso significativo en el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea. En noviembre, el Parlamento albano aprobó la ratificación del Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aboliendo así la pena de muerte en todas las circunstancias. Los debates públicos sobre la corrupción y la incompetencia de jueces y fiscales eran frecuentes, pero estaban muy politizados; la confianza pública en la administración de justicia seguía siendo escasa. Algunas reformas legislativas se demoraron debido a disputas políticas relacionadas con las próximas elecciones locales, lo que motivó el boicot de algunas sesiones parlamentarias por parte de diputados de la oposición.
Violencia contra las mujeres
El Código Penal no prohibía expresamente la violencia en el ámbito familiar, aunque en general se reconocía que ese tipo de violencia, especialmente contra mujeres y menores, era un fenómeno generalizado. En un informe publicado en noviembre, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló que «la violencia doméstica se denuncia, investiga, procesa y condena de modo insuficiente», y que «una abrumadora mayoría de los responsables permanecen impunes». No obstante, había indicios de que el grado de sensibilización de las autoridades y la opinión pública frente al problema era mayor. En julio, el director general de la Policía del Estado ordenó que se pusieran en práctica las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional en su informe sobre violencia en el ámbito familiar, publicado en marzo. El director general dio orden a la policía de que respondiese con prontitud a todos los informes sobre violencia intrafamiliar, documentase las denuncias presentadas por las víctimas, ordenase que éstas fueran examinadas por peritos médicos y trabajase en colaboración con ONG locales que ofrecían asistencia jurídica y refugio a las víctimas.
En diciembre el Parlamento aprobó una ley «sobre las medidas contra la violencia en las relaciones familiares», redactada por un grupo de ONG de ámbito nacional. La ley pretendía prevenir este tipo de violencia e introducir procedimientos para brindar protección efectiva a las víctimas. Según lo previsto, la ley no entraría en vigor antes de mediados de 2007.
Entre mediados de julio y comienzos de agosto, la esposa y la hija de N. T. lo denunciaron en tres ocasiones a la policía de Berat, acusándolo de haber cometido actos de violencia contra ellas y contra otros tres niños más pequeños. Sin embargo, aparte de detener brevemente a N. T., al parecer la policía no emprendió ninguna acción efectiva. El 12 de octubre volvieron a detenerlo cuando se le imputaron nuevos actos de violencia, pero escapó de la comisaría ese mismo día.
Trata de personas
A pesar de las medidas -más numerosas y en alguna medida eficaces- para combatir la trata de personas, Albania siguió siendo un país de origen de mujeres, y a menudo de menores, objeto de trata para su explotación sexual. Niños y niñas, en muchos casos de etnia romaní, seguían siendo objeto de trata para su explotación como mendigos o mano de obra barata, con fines de adopción o para cometer delitos. Según datos estadísticos oficiales, en los primeros seis meses del año, la Fiscalía Especial para Delitos Graves tramitó 119 diligencias penales por delitos relacionados con la trata de mujeres para la prostitución y cinco relacionados con la trata de menores.
En febrero, Albania y Grecia firmaron un acuerdo, posteriormente ratificado por el Parlamento, para la protección, repatriación y rehabilitación de menores objeto de trata. En julio, Albania creó comités regionales encargados de identificar y resolver los problemas que pudieran surgir al ponerse en práctica la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas.
En enero, un hombre fue detenido en Saranda acusado de la trata de dos niños de 12 años enviados a Grecia como correos de droga. Según los informes, dos meses antes la policía griega había detenido a los niños cuando cruzaban la frontera con una bolsa de cannabis.
En abril, el Tribunal de Delitos Graves declaró culpables a tres coacusados por la trata de seis bebés enviados a Grecia entre 1997 y 2003. Los hombres recibieron condenas de hasta 21 años de prisión.
También hubo informes sobre juicios y condenas por trata de mujeres para explotarlas sexualmente en el extranjero. Los condenados recibieron penas hasta de 15 años de cárcel. Sin embargo, las medidas de protección a los testigos eran débiles y los fiscales se quejaban de que con frecuencia los procesamientos fracasaban porque, en el juicio, las víctimas de trata solían retractarse de sus declaraciones debido a la presión de los tratantes o de sus propias familias.
Malos tratos policiales
Era frecuente que los detenidos denunciasen malos tratos a manos de la policía en el momento de la aprehensión o durante el interrogatorio posterior. En algunos casos, menores a quienes la policía había interrogado sin que estuviera presente un progenitor, abogado o psicólogo denunciaron malos tratos físicos y psicológicos. En la fase de instrucción preliminar, fiscales y jueces no solían iniciar investigaciones cuando un acusado denunciaba malos tratos o mostraba señales claras de haber sido lesionado.
En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó sendos informes sobre las visitas que había realizado a Albania en 2003 y 2005. Según el Comité, durante ambas visitas la mayoría de los detenidos entrevistados habían denunciado que la policía los había golpeado, con frecuencia durante el interrogatorio. En algunos casos las palizas que denunciaban constituían tortura. En varios casos se había llevado a cabo un reconocimiento médico del denunciante en el que se habían constatado lesiones compatibles con las denuncias. Las conclusiones de un informe de la OSCE publicado en noviembre, Analysis of the Criminal Justice System in Albania, eran similares.
En marzo, unos agentes de policía de Tirana golpearon presuntamente a Dorian Leci en la cabeza con la culata de una pistola, le dieron puntapiés y lo golpearon durante su aprehensión. Dorian Leci presentó una denuncia contra uno de los agentes en la que lo acusaba de uso de la fuerza, abuso de poder y tortura. La fiscalía decidió no abrir una investigación sobre la denuncia y, según los informes, no informó a Dorian Leci de esta decisión, en contra de lo que exigía la ley.
En junio, Amarildo Përfundi, de 17 años, se suicidó en su casa unos días después de haber sido interrogado durante seis horas por agentes de la policía de Korça. Posteriormente, el Defensor del Pueblo concluyó que los agentes habían infligido malos tratos psicológicos y físicos a Amarildo Përfundi y que lo habían interrogado sin que estuviese presente un progenitor, psicólogo o abogado, en contravención de la ley. La policía de Korça negó que los agentes hubiesen maltratado al muchacho. Se abrió una investigación penal contra un agente de policía que al finalizar el año no había concluido.
El ministro del Interior manifestó, según informes, que durante el año 2006 se habían impuesto sanciones administrativas a más de 40 agentes de policía acusados de infligir malos tratos, de aceptar sobornos o de otras conductas inapropiadas en relación con el trato a personas detenidas en comisarías de policía, y que se habían remitido sus casos a las fiscalías para que los investigasen. Sin embargo, pocos fueron los que comparecieron ante la justicia y al parecer ninguno había sido procesado en aplicación del artículo 86 del Código Penal relativo a «la tortura y cualquier otro trato inhumano o degradante». Las acciones entabladas ante el tribunal de distrito de Tirana contra dos agentes de policía imputados por delitos menores de «actuaciones arbitrarias», que por lo general se castigan con penas no privativas de libertad, no habían concluido al finalizar el año.
Condiciones de reclusión
A pesar de la existencia de un programa de reforma penitenciaria que contaba con el apoyo de la Unión Europea, y de que se registraron algunas mejoras en las condiciones de reclusión, éstas seguían siendo en general muy duras, caracterizándose por el hacinamiento, la pésima calidad de las condiciones higiénicas y las instalaciones sanitarias, y una dieta y asistencia médica inadecuadas. En contravención de la legislación nacional, los presos penados y preventivos seguían compartiendo celdas y continuaba la práctica de recluir a menores junto a adultos. Con frecuencia, los presos que padecían enfermedades mentales eran recluidos en prisiones en lugar de recibir tratamiento médico en instituciones especializadas de acuerdo con las decisiones de los tribunales.
Las personas que permanecían en detención preventiva en calabozos de las comisarías de policía soportaban condiciones particularmente duras, y las denuncias eran frecuentes. Las condiciones de reclusión eran especialmente penosas, sobre todo a causa del hacinamiento, en las comisarías de Durrës, Elbasan y Korça.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informe
• Albania: Violence against women in the family - «It's not her shame» (Índice AI: EUR 11/002/2006)
Visita
• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Albania en marzo.
Palabras clave : Europa y Asia Central , Albania , tortura y otros malos tratos , trata , violencia contra las mujeres