Corea del Sur

República de Corea

Jefe del Estado: Roh Moo-hyun

Jefe del gobierno: Han Myeong-sook (sustituyó a Han Duck-soo en abril, que a su vez había sustituido a Lee Hae-chan en marzo)

Pena de muerte: retencionista

Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Por primera vez, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, pero no hubo progresos para llegar a una votación final. Más de dos años después de haberse promulgado una ley para regular el empleo de las personas migrantes, los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sin disfrutar de una protección completa contra la discriminación o los abusos y tenían pocas posibilidades de obtener resarcimiento. En agosto, al menos 189.000 trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular se vieron expuestos a ser detenidos y expulsados. Había al menos un preso de conciencia encarcelado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Al menos 936 personas permanecían encarceladas por su objeción de conciencia al servicio militar.

Información general

Tras las inundaciones ocurridas en agosto, se reanudó el envío de ayuda alimentaria a Corea del Norte, suspendido tras el ensayo con misiles que este último país había realizado en julio. Sin embargo, después de la prueba nuclear que Corea del Norte realizó en octubre, la ayuda alimentaria se suspendió de nuevo.

En una decisión sin precedentes, Corea del Sur apoyó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte que la Asamblea general de la ONU aprobó en noviembre. El ex ministro de Asuntos Exteriores Ban Ki-moon fue nombrado secretario general de la ONU, puesto que asumiría en enero de 2007.

Pena de muerte

No se llevaron a cabo ejecuciones. Al menos dos personas fueron condenadas a muerte. Al terminar 2006 había no menos de 63 personas pendientes de ejecución.

En febrero, un comité de la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, que volvió a debatirse de nuevo en abril en una sesión pública. Sin embargo, no se presentó a la Asamblea Nacional, dado que el comité no lo sometió a votación.

En febrero, en respuesta a la presión de la opinión pública, favorable a la abolición, el Ministerio de Justicia anunció que se disponía a realizar un estudio exhaustivo sobre la pena de muerte. Sin embargo, al finalizar 2006 no se habían hecho públicas las conclusiones.

Abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes

Cifras oficiales publicadas en agosto indicaban que había 360.000 trabajadores migrantes, de los que al menos 189.000 eran irregulares. La Ley relativa al Permiso de Trabajo para Trabajadores Migrantes, de 2003, no ofrecía salvaguardias adecuadas contra la discriminación y el abuso. Muchos trabajadores migrantes continuaban corriendo peligro de sufrir agresiones e insultos, siendo objeto de discriminación racial y recibiendo su salario irregularmente. La mayor parte de estas personas cobraban menos que los trabajadores coreanos por realizar el mismo trabajo, no percibían indemnización por cese, estaban expuestas a condiciones de trabajo deficientes y continuaban corriendo un riesgo creciente de sufrir accidentes laborales.

En enero, un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea informó de que el 20 por ciento de los trabajadores y trabajadoras migrantes detenidos eran golpeados, y que casi el 40 por ciento recibían insultos. Más de un tercio denunció que los habían desnudado y registrado, y el 5,2 por ciento afirmó que habían sido objeto de abusos sexuales por parte de agentes de inmigración durante los registros corporales a que los sometieron después de la detención. Según los informes, en torno al 15 por ciento sufrió lesiones. Las mujeres, que constituían en torno a la tercera parte de todos los trabajadores migrantes en Corea, eran especialmente vulnerables a la explotación, incluida la violencia sexual. Algunas detenciones se realizaron sin la documentación necesaria, como órdenes de detención o de reclusión.

Objeción de conciencia

Había al menos 936 objetores de conciencia, en su mayoría testigos de Jehová, encarcelados tras ser condenados en 2005 y 2006 por negarse a realizar el servicio militar obligatorio.

* Ahn Jae-kwang, de 20 años de edad, fue aprehendido en enero y se convirtió en el primer objetor de conciencia detenido desde que, en diciembre de 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció el derecho a la objeción de conciencia y recomendó un sistema de servicio alternativo. El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó una orden de detención basándose en que, en los casos de delitos punibles con la cárcel, lo normal era proceder a la detención preventiva, aunque la legislación sobre procedimiento penal establecía la prisión preventiva sólo en los casos en que existía la posibilidad de que la persona acusada destruyese pruebas o huyese.

En abril, el Ministerio de Defensa Nacional anunció la creación de un grupo de trabajo para estudiar el servicio civil alternativo.

Ley de Seguridad Nacional

El gobierno no modificó ni derogó la Ley de Seguridad Nacional de 1948.

* Cheon Wook-yong continuaba en prisión en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Había sido detenido en noviembre de 2004, al regresar a Corea del Sur, y condenado a tres años y medio de cárcel por la presunta divulgación de secretos de Estado y por ayudar a una organización contraria al gobierno. Cheon Wook-yong había cruzado de China a Corea del Norte en agosto de 2004. El Departamento de Defensa Norcoreano lo había capturado e ­interrogado, y posteriormente había sido devuelto a China, donde había permanecido detenido durante 13 días bajo sospecha de haber atravesado la frontera de forma ilegal. Lo detuvieron y mantuvieron recluido en aplicación de de algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional cuya redacción imprecisa permitía que lo declararan culpable, pese a que no había indicios de que hubiera puesto en peligro la seguridad nacional.

Desalojos

En febrero, los habitantes de la localidad de Daechuri, en Pyongtaek, provincia de Gyeonggi, comenzaron a oponer resistencia a los desalojos destinados a ampliar una base del ejército estadounidense. Los vecinos de la zona eran en su mayor parte agricultores que superaban los 60 y los 70 años. Manifestaban que el dinero que les ofrecían no era suficiente para comprar tierras equivalentes a las suyas en ningún lugar ni compensaba la pérdida de su medio de vida. Miles de miembros de las fuerzas de seguridad y cientos de contratistas privados destruyeron las casas de los agricultores. Agricultores y activistas resultaron heridos en las protestas, y algunos de ellos estuvieron detenidos durante breves periodos. Las fuerzas de seguridad impusieron severas restricciones a la libertad de circulación de unas 40 familias que aún vivían en Pyongtaek. Según los informes, la consulta que se realizó antes de los desalojos fue una farsa y no reflejó las preocupaciones de los agricultores.

* Kim Ji-tae, dirigente campesino, fue condenado en noviembre a dos años de cárcel tras ser declarado culpable de obstrucción de la acción de funcionarios públicos que cumplían con sus obligaciones. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia, condenado por protestar pacíficamente y para restringir los derechos de los agricultores a protestar y a proteger sus medios de vida. Quedó en libertad en espera de que se resolviese su apelación.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Corea del Sur: Principales argumentos contra el uso de la pena de muerte (Índice AI: ASA 25/005/2006)

South Korea: «Migrant workers are also human beings» (Índice AI: ASA 25/007/2006)

Visitas

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Corea del Sur en febrero, agosto y diciembre.