Haití

República de Haití

Jefe del Estado: René Garcia Préval (sustituyó a Boniface Alexandre en mayo)
Jefe del gobierno: Jacques-Edouard Alexis (sustituyó a Gérard Latortue en mayo)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

En febrero y diciembre se celebraron elecciones presidenciales, locales y legislativas que señalaron el retorno al gobierno democrático. Los avances fueron lentos en la consolidación de la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos, después de dos años de gobierno de transición y presencia de la ONU. Sin embargo, la violencia armada en forma de homicidios ilegítimos y secuestros cometidos por grupos armados ilegales permaneció en niveles críticos en la capital del país durante 2006. Continuaron los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, y los grupos armados. No comparecieron ante la justicia miembros de la policía sospechosos de actividades delictivas y violaciones de derechos humanos. Persistió la violencia contra las mujeres. Cientos de personas continuaron en prisión sin cargos ni juicio.

Información general

Después de dos años de gobierno de transición, caracterizados por las violaciones generalizadas de derechos humanos y la inseguridad, René Garcia Préval fue elegido presidente en febrero y el país recuperó la estabilidad política. Las elecciones presidenciales y legislativas se celebraron en relativa calma tras ser aplazadas en cuatro ocasiones. En diciembre, las elecciones locales culminaron el proceso electoral con escasas noticias de incidentes violentos.

La comunidad internacional continuó preocupada por la situación humanitaria y siguió movilizando recursos para mejorar la seguridad, la capacidad del gobierno y la grave situación económica de millones de haitianos. La situación de los derechos humanos también fue motivo de preocupación pese a la presencia de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) desde 2004. La misión de la ONU, integrada por 8.000 efectivos y con el mandato de proteger el país, fue objeto de crecientes críticas debido a su escaso éxito a la hora de poner fin a la violencia armada y de promover y proteger los derechos humanos. El programa gubernamental de desarme, desmovilización y reintegración fue criticado por miembros del Parlamento por conceder prioridad al diálogo con grupos armados ilegales. Algunos parlamentarios propusieron la reintroducción de la pena de muerte como medio de disuadir de la violencia armada. El secretario general de la ONU visitó Haití en agosto y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos visitó el país en octubre.

El gobierno siguió siendo incapaz de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población; el 60 por ciento de los 8,5 millones de habitantes de Haití vivían con menos de un dólar estadounidense al día. La grave escasez de alimentos, las dificultades para el acceso a agua potable segura y la prevalencia máxima del VIH/sida en la región agravaron la situación humanitaria. Continuaron sin freno la migración y el tráfico de personas a República Dominicana, y las autoridades haitianas no aplicaron controles fronterizos y migratorios. Tampoco ayudaron a los trabajadores migrantes expulsados de otros países que regresaron a Haití.

La proliferación de armas pequeñas siguió alimentando la violencia armada y los abusos contra los derechos humanos. El gobierno apoyó la propuesta de Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en la Asamblea General de la ONU.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo tortura, violaciones y asesinatos a manos de grupos armados ilegales y de individuos. No se observaron avances significativos en la investigación y el procesamiento de los responsables. El 1 de septiembre, cientos de mujeres sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual se manifestaron en Puerto Príncipe para pedir al gobierno la adopción de las medidas necesarias para prevenir todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Las manifestantes también pidieron a los grupos armados ilegales que cesaran de cometer violaciones.

El 22 de noviembre se halló el cuerpo sin vida de Fara Natacha Dessources, de 20 años de edad, con señales claras de tortura y varias heridas de bala. Había sido secuestrada una semana antes por individuos armados en La Plaine, en los suburbios del nordeste de Puerto Príncipe.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas dedicadas a defender los derechos humanos siguieron siendo víctimas de hostigamiento e intimidación.

Se temió por la seguridad de miembros de la Asociación de Universitarios Motivados por un Haití de Derecho (AUMOHD) después de que su presidente, Evel Fanfan, recibiera amenazas de muerte. AUMOHD defendía los derechos de las personas sobrevivientes de la violencia armada y promovía un proceso de resolución pacífica del conflicto entre bandas rivales en Grand Ravine, un barrio desfavorecido de Puerto Príncipe.

Bruner Esterne, coordinador del Consejo Comunitario de Derechos Humanos de Grand Ravine, murió en septiembre como consecuencia de los disparos efectuados por tres individuos desconocidos. Era sobreviviente y testigo del ataque efectuado el 20 de agosto de 2005 por agentes de policía y miembros del grupo armado ilegal llamado Lame Ti Manchèt (Ejército de los Pequeños Machetes) en un estadio de fútbol de Martissant, en el que al menos nueve personas murieron y varias decenas resultaron heridas. Esterne Bruner trabajaba en estrecha colaboración con AUMOHD.

Homicidios ilegítimos

Continuaron los homicidios ilegítimos e indiscriminados cometidos por grupos armados ilegales. La mayoría de los autores de estos crímenes siguieron disfrutando de total impunidad.

El 7 de julio, el grupo armado ilegal Lame Ti Manchèt atacó a residentes de Grand Ravine, matando al menos a 24 personas, entre ellas cuatro mujeres y cuatro menores. Decenas de casas fueron saqueadas e incendiadas, lo que motivó el desplazamiento forzado de las personas sobrevivientes y otros residentes por miedo a nuevos ataques.

Presos de conciencia y personas detenidas por motivos políticos

La administración de justicia siguió incumpliendo las normas internacionales relativas al proceso debido y a las garantías procesales, y miles de personas continuaban encarceladas sin cargos ni juicio. Menos del 20 por ciento de los casi 4.500 presos habían sido condenados. Sin embargo, se puso en libertad a importantes personas detenidas por motivos políticos durante el gobierno de transición de 2004-2006.

El sacerdote católico Gérard Jean-Juste quedó en libertad condicional en enero por razones médicas. Estuvo recluido sin cargos ni juicio desde julio de 2005. Se le permitió salir del país para recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia tras ser detenido ilegalmente por cargos falsos.

Annette Auguste, activista de base del partido Lavalas y cantante de música popular, detenida en mayo de 2004, fue juzgada finalmente y absuelta el 15 de agosto. Los fiscales no presentaron pruebas en su contra.

El ex primer ministro Yvon Neptune recuperó la libertad en julio tras estar más de dos años detenido sin juicio.

Condiciones penitenciarias rigurosas

La dureza de las condiciones penitenciarias siguió siendo la norma en todo el país. Debido al hacinamiento, la alimentación inadecuada y la falta de atención médica, las condiciones eran pésimas en la mayoría de las prisiones. Las personas reclusas dependieron de sus familiares para satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación. Al menos 50 presos se fugaron de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe en julio y diciembre.

Impunidad

El sistema de justicia siguió adoleciendo de falta de recursos, corrupción y formación inadecuada del personal, lo que impidió la investigación y el procesamiento efectivos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

El 9 de marzo, siete agentes de policía detenidos por su participación en los homicidios del estadio de Martissant, en agosto de 2005, fueron puestos en libertad por el juez instructor encargado del caso. No se detuvo a ningún miembro de Lame Ti Manchèt, pese a las continuas amenazas contra testigos y sobrevivientes de los ataques de agosto de 2005 y julio de 2006.

Desarme

Después de intentos inútiles durante los dos años de gobierno de transición, en septiembre se estableció finalmente la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción, con la asistencia de la MINUSTAH. Decenas de miembros de grupos armados se acogieron al programa de desarme, desmovilización y reinserción, pero el grado de violencia siguió siendo alarmante.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

•  Haiti: The call for tough arms controls - voices from Haiti (Índice AI: AMR 36/001/2006)

•  Haiti: Open letter to the president of the Republic of Haiti, René Garcia Préval, regarding Amnesty International's recommendations for the protection and promotion of human rights (Índice AI: AMR 36/011/2006)