No más violencia contra las mujeres
“Realmente no sé qué fue lo que aquella noche me decidió a llamar a la policía, pero siempre digo que fue el verme limpiando mi propia sangre.” Lorraine es una mujer británica que sufrió las palizas de su pareja durante ocho años sin decírselo a nadie. “La gente me pregunta por qué no lo dejé sin más, pero […] le tenía muchísimo miedo. Llega un momento en que te acostumbras a vivir así, se convierte en una forma de vida habitual, te adaptas, lo aguantas, lo ocultas.” En Gran Bretaña, los servicios de urgencias reciben una media de una llamada por minuto relacionada con violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
Desde el nacimiento hasta la muerte, en tiempos de paz así como de guerra, las mujeres hacen frente a discriminación y violencia a manos del Estado, la comunidad y la familia.
El trabajo de campaña de Amnistía Internacional en 2006 tuvo como uno de sus focos la violencia en el ámbito familiar. La organización considera responsable al Estado cuando éste no adopta medidas adecuadas para proteger a las mujeres de la violencia en el ámbito de la familia, por ejemplo, si no introduce o pone en práctica leyes o procedimientos específicos, no proporciona formación especializada o asistencia médica, o no pone a disposición de las víctimas casas de refugio u otro tipo de servicios. Si un Estado no pone el empeño suficiente en impedir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres, entonces comparte la responsabilidad en los abusos.
El trabajo de Amnistía Internacional a lo largo del año se inscribió en un movimiento mundial más amplio para abordar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos. En octubre, el secretario general de la ONU hizo público un estudio en profundidad de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. El informe pedía a los Estados que garantizasen la igualdad de género, adaptaran su legislación y sus prácticas a las normas internacionales, recabasen datos para reforzar la planificación y las políticas y asignaran recursos y financiación adecuados. En noviembre, la membresía de Amnistía Internacional acogió con satisfacción la campaña del Consejo de Europa sobre la violencia en el ámbito familiar, e instó a los Estados miembros a cumplir los objetivos de la campaña de abolir las leyes discriminatorias, reforzar los servicios a las sobrevivientes y luchar contra los prejuicios sociales.
Amnistía Internacional pidió a los gobiernos que pusieran en práctica su nuevo Programa de 14 puntos para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, que insta a los gobiernos a proteger el bienestar físico y mental de las mujeres que han sido víctimas de malos tratos. El Programa insiste en que las políticas, prácticas y leyes gubernamentales no deben discriminar a las mujeres, e insta a los gobiernos a consultar y a trabajar en colaboración estrecha con las víctimas y sobrevivientes y con organizaciones con experiencia en abordar la violencia doméstica.
La necesidad de un lugar seguro fue el tema elegido por Amnistía Internacional para su campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. A través de 16 casos de llamamiento colgados en la red, Amnistía Internacional instó a los gobiernos a establecer y financiar refugios para las mujeres que huían de la violencia en el hogar. Algunos gobiernos no proporcionaban este tipo de refugios ni apoyo alguno a las mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, como era el caso de Arabia Saudí. En otros países, por ejemplo en Bélgica o Mongolia, el apoyo estatal era esporádico o insuficiente. Amnistía Internacional destacó las dificultades especiales de las mujeres migrantes en Dinamarca, que corrían el riesgo de perder sus derechos de residencia si rompían un matrimonio en el que eran víctimas de malos tratos, y de las mujeres indígenas de Estados Unidos, incluidas las indígenas de Alaska, que no tenían acceso a refugios donde les proporcionasen formas de ayuda adaptadas a su cultura.
En agosto, el director general de la Policía Estatal albanesa informó de que había dado orden de poner en práctica las recomendaciones que Amnistía Internacional hacía en su informe publicado en abril, Albania: Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. “No es ella la vergüenza” (Índice AI: EUR 11/005/2006). Amnistía Internacional había instado a la policía a tratar seriamente e investigar las denuncias de violencia doméstica, a proteger a las mujeres denunciantes y a los testigos, a facilitar el trabajo de las organizaciones de mujeres y a tomar medidas disciplinarias contra los agentes de policía que “no atendiesen o tratasen con indiferencia” las denuncias de violencia contra las mujeres.
En el documento titulado Sierra Leona: Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal (Índice AI: AFR 51/002/2006), publicado en mayo, Amnistía Internacional mostraba cómo los poderes ejercidos por los jefes tradicionales mediante tribunales que aplicaban las leyes consuetudinarias podían privar a las mujeres de sus derechos. La falta de respuesta de la policía a las demandas de ayuda y la inacción de los tribunales locales a la hora de ejercer su jurisdicción dejaron con frecuencia a las mujeres a merced de leyes consuetudinarias discriminatorias.
En junio, en un documento titulado Jamaica: Violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Jamaica. “Sólo un poco de sexo” (Índice AI: AMR 38/002/2006), Amnistía Internacional concluía que la falta de acción para abordar los índices elevados de violencia sexual reflejaba actitudes sociales y culturales que trivializaban los delitos y afianzaban la discriminación contra las mujeres. La legislación jamaicana privaba a las mujeres de la protección de la ley en casos de violación conyugal, incesto o acoso sexual, y los tribunales, de modo explícito, daban al testimonio de las mujeres menor peso que al de los hombres.
La amenaza de violencia sexual en el hogar y en la comunidad influía sobre la capacidad de las mujeres de acudir al mercado o al trabajo y de acceder a los servicios de salud y educativos, según informaba Amnistía Internacional en septiembre, en el documento titulado Papua New Guinea: Violence against women – not inevitable, never acceptable! (Índice AI: ASA 34/002/2006). En reuniones que mantuvieron con Amnistía Internacional, agentes de la policía y otros funcionarios mostraron una comprensión muy limitada de las obligaciones del Estado para proteger a las mujeres.
En octubre, Hamda Fahad Jassem Al-Thani fue autorizada a reunirse con su esposo y agradeció a Amnistía Internacional sus llamamientos. “Les pido que me ayuden a poner fin a mi sufrimiento y a volver con mi esposo, a quien elegí por mi propia voluntad, que es el más fundamental de todos los derechos que me ha dado Dios, consagrados en los convenios internacionales de derechos humanos”, dijo a Amnistía Internacional. Miembro de la familia gobernante de Qatar, había sido secuestrada en Egipto por los servicios de seguridad del Estado y detenida en secreto tras haber contraído matrimonio sin el consentimiento de su familia en 2002.