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Nepal

Jefe del Estado: rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Jefe del gobierno: Girija Prasad Koirala (sustituy� al rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev en abril)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

La transici�n pol�tica, el cese de hostilidades y la reanudaci�n del proceso de paz tras las protestas populares que se produjeron en abril dieron lugar a importantes mejoras en la situaci�n de los derechos humanos e hicieron nacer la esperanza de que se abordar�an cuestiones que afectaban al pa�s desde hac�a tiempo, como la discriminaci�n por razones de g�nero, casta o etnia. El nuevo gobierno de coalici�n y el grupo armado de oposici�n Partido Comunista de Nepal (Mao�sta) se comprometieron a respetar los derechos humanos en una serie de acuerdos que culminaron con el Acuerdo General de Paz firmado en noviembre. Siguieron existiendo cuestiones clave por resolver, como exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes y garantizar la rendici�n de cuentas por las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

Informaci�n general

El a�o comenz� con una creciente oposici�n al gobierno del rey Gyanendra, que se hizo con el poder ejecutivo en febrero de 2005 e impuso restricciones cada vez m�s severas sobre las libertades de reuni�n, asociaci�n y expresi�n. M�s de 3.000 personas fueron detenidas entre mediados de enero y de febrero por participar en manifestaciones pol�ticas; entre ellas se encontraban importantes dirigentes pol�ticos y destacados activistas por la paz. La polic�a utiliz� fuerza excesiva contra los manifestantes y someti� a malos tratos a activistas que estaban bajo custodia.

En abril cobr� fuerza un renovado movimiento de protesta, conocido como Movimiento Popular (Jana Andolan). Las manifestaciones, iniciadas por la coalici�n de importantes partidos pol�ticos conocida como Alianza de Siete Partidos (ASP), contaron finalmente con una amplia representaci�n de la poblaci�n y el respaldo del Partido Comunista de Nepal (PCN-Mao�sta).

El gobierno del rey impuso de nuevo restricciones indebidas a la libertad de expresi�n y reuni�n, y las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para reprimir las protestas: utilizaron porras, balas de goma, fuego real y botes de gas lacrim�geno, disparados de cerca, para controlar a las multitudes, lo que caus� la muerte de al menos 18 personas y heridas a m�s de 4.000. Entre las personas detenidas hab�a cientos de activistas pol�ticos y de la sociedad civil que se manifestaban pac�ficamente.

El 24 de abril, el rey Gyanendra anunci� la reinstauraci�n de la C�mara de Representantes. Girija Prasad Koirala, dirigente del Partido del Congreso Nepal�, fue nombrado primer ministro y se puso al frente de un gobierno de coalici�n formado por la ASP. Al cabo de unos d�as, la C�mara de Representantes se reuni� por primera vez desde 2002 y aprob� una propuesta para celebrar elecciones para la creaci�n de una asamblea constituyente que redactase de nuevo la Constituci�n del pa�s de 1990 y decidiese qu� iba a ocurrir con la monarqu�a.

El 26 de abril, el PCN-Mao�sta anunci� un cese de las hostilidades de tres meses de duraci�n. A su vez, el gobierno de la ASP anunci� el 3 de mayo un alto el fuego indefinido. Las negociaciones, que comenzaron el 26 de mayo, finalizaron con una serie de acuerdos que prepararon el terreno para el Acuerdo General de Paz que se firm� el 21 de noviembre. El Acuerdo de Paz puso fin a los diez a�os de conflicto armado que hab�a sufrido Nepal e incluy� disposiciones sobre transformaciones pol�ticas, sociales y econ�micas. En �l, ambas partes se comprometieron a crear un gobierno provisional que contara con representantes del PCN-Mao�sta y a celebrar, a mediados de junio de 2007, elecciones para crear una asamblea constituyente.

En virtud de un acuerdo firmado a finales de noviembre se crearon procedimientos para garantizar que los combatientes del PCN-Mao�sta ser�an recluidos en campos provisionales y entregar�an las armas bajo supervisi�n de la ONU, a la vez que el ej�rcito de Nepal permanecer�a en los cuarteles y almacenar�a la misma cantidad de armas.

Ambas partes pidieron a la ONU que proporcionase asistencia en las tareas de observaci�n de las elecciones y en la vigilancia constante de los derechos humanos.

Proceso de paz y derechos humanos

Todos los acuerdos firmados durante las conversaciones incluyeron compromisos en materia de derechos humanos. Sin embargo, muchos de esos compromisos estaban redactados de modo impreciso, y al finalizar el a�o pocos hab�an sido puestos plenamente en pr�ctica.

En mayo, el gobierno de la ASP y el PCN-Mao�sta acordaron un C�digo de Conducta para el cese de hostilidades. A mediados de noviembre, el Comit� Nacional de Supervisi�n creado para supervisar su cumplimiento afirm� que, de 1.425 denuncias, hab�a hallado violaciones del C�digo de Conducta en 913 casos, pero no se tomaron nuevas medidas y el Comit� qued� disuelto a finales de mes.

Continu� sin estar clara la funci�n de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos de Nepal. La fama de independiente de que gozaba la Comisi�n qued� en entredicho en 2005, al nombrar el rey a los nuevos comisionados. En julio dimitieron el presidente y los comisionados, y al finalizar el a�o a�n no se hab�an realizado nuevos nombramientos.

El Acuerdo de Paz firmado el 21 de noviembre inclu�a importantes compromisos con respecto a los derechos humanos, como el fin de la impunidad para los abusos perpetrados contra ellos y garant�as sobre el derecho a la alimentaci�n, la salud y la educaci�n. Estipulaba que una Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n investigase las �graves violaciones de los derechos humanos y los cr�menes contra la humanidad� cometidos durante el conflicto armado, y que una Comisi�n Nacional de Paz y Rehabilitaci�n proporcionase asistencia a las v�ctimas del conflicto. El Acuerdo de Paz tambi�n inclu�a el compromiso de hacer p�blico el paradero de las v�ctimas de desapariciones forzadas en un plazo de 60 d�as y el de crear un entorno que permitiese el regreso de las personas desplazadas internamente.

Durante el proceso de paz, los grupos marginados contaron con una representaci�n inferior a los dem�s. Ni el gobierno de la ASP ni los dirigentes del PCN-Mao�sta incluyeron a mujeres en los equipos que se ocuparon de las conversaciones de paz. Entre los 31 miembros del Comit� Nacional de Supervisi�n s�lo hab�a dos mujeres; por otro lado, �nicamente tras protestas generalizadas se procedi� a la ampliaci�n del Comit� de Redacci�n de la Constituci�n Provisional, integrado por seis hombres, para incluir a cuatro mujeres y a un representante de los dalit.

Abusos cometidos por el PCN-Mao�sta

A pesar de que el PCN-Mao�sta se comprometi� p�blicamente a respetar las normas internacionales de derechos humanos, continuaron recibi�ndose informes frecuentes sobre homicidios ileg�timos, secuestros, tortura y malos tratos, extorsi�n, amenazas y hostigamiento por parte de miembros del PCN-Mao�sta. Las investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Nepal hallaron que muchos de los abusos fueron cometidos en el contexto de actividades de �mantenimiento de la ley� por parte del PCN y sus �tribunales populares�. En noviembre, el PCN-Mao�sta se comprometi� a disolver el �gobierno popular� y los �tribunales populares� el mismo d�a en que se formase el Parlamento provisional.

Se recibieron informes que indicaban que persist�a el reclutamiento de ni�os y ni�as tras el cese de hostilidades, sobre todo durante los d�as y semanas que precedieron al Acuerdo de Paz. En virtud de �ste, ambas partes se comprometieron a no utilizar a personas de 18 a�os o menores en actividades militares y a proporcionar asistencia para su rehabilitaci�n.

Otros grupos armados, en especial las �fuerzas de defensa rural�, anti-mao�stas, y el Terai Janatantrik Mukti Morcha (TJMM), fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, como homicidios ileg�timos y secuestros. En julio, el PCN-Mao�sta declar� la �guerra� contra el TJMM, grupo escindido que propugnaba la libre determinaci�n de la poblaci�n madhesi de la regi�n meridional de Terai. Al finalizar el a�o no se hab�an tomado medidas sistem�ticas para desarmar a las fuerzas de defensa rural, que hab�an cobrado fuerza en 2005 con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de homicidios ileg�timos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y reclusiones, adem�s del uso generalizado de la tortura, incluida la violaci�n, en el contexto de un conflicto que hab�a comenzado diez a�os atr�s. El ej�rcito lanz� a menudo ataques indiscriminados o desproporcionados en sus enfrentamientos con el PCN-Mao�sta, lo que caus� la muerte de civiles y da�os a viviendas, escuelas y otros elementos civiles.

A lo largo de 2005 y comienzos de 2006, el rey hizo un uso cada vez mayor de las fuerzas de seguridad para controlar a la oposici�n pol�tica pac�fica. La Polic�a de Nepal, la Polic�a Armada, y el Real Ej�rcito de Nepal (que en mayo pas� a llamarse Ej�rcito de Nepal) fueron desplegados para sofocar las manifestaciones pac�ficas que se celebraron a comienzos de 2006; seg�n las investigaciones de la OACNUDH, todos ellos fueron responsables del uso de fuerza excesiva. La Polic�a de Nepal y la Polic�a Armada detuvieron arbitrariamente a miles de personas durante las manifestaciones.

Con el cese de hostilidades que se declar� en mayo, las violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto finalizaron casi por completo. El proyecto de ley sobre el ej�rcito que el Parlamento aprob� en septiembre conten�a disposiciones destinadas a que el control del ej�rcito estuviese en manos civiles, pero no se ocupaba del modo adecuado de las preocupaciones existentes con respecto a la jurisdicci�n para las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario cometidas por las fuerzas armadas.

Rendici�n de cuentas

Las medidas adoptadas para abordar las violaciones y los abusos cometidos en el pasado fueron insuficientes.

En mayo, el gobierno de la ASP cre� una Comisi�n de Investigaci�n presidida por un ex juez del Tribunal Supremo para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represi�n del Movimiento Popular. La Comisi�n entreg� su informe al gobierno de la ASP en noviembre, pero sus conclusiones no se hicieron p�blicas. Seg�n los informes, la Comisi�n recomend� que se tomasen medidas contra m�s de 200 personas, entre las que se encontraban el rey Gyanendra, ministros principales y funcionarios de los servicios de seguridad. El gobierno de la ASP form� una comisi�n para analizar el informe.

A comienzos de junio, el Ministerio del Interior cre� un Comit� de Desapariciones unipersonal que no dispon�a de capacidad para investigar los cientos de casos de desapariciones forzadas que estaban sin resolver.

Las autoridades se mostraron reacias a seguir adelante con las investigaciones criminales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, ni siquiera cuando la OACNUDH y defensores locales de derechos humanos presentaron informes pormenorizados. Ni las fuerzas de seguridad ni el PCN-Mao�sta tomaron medidas concretas para reforzar la rendici�n de cuentas por parte de sus integrantes.

Derechos de las mujeres

En general, la violencia contra las mujeres no se consider� una cuesti�n de derechos humanos. Muchos casos de violencia de g�nero no se denunciaron, en parte por temor a sufrir represalias y debido a la escasez de refugios y otros servicios de apoyo. Las mujeres viudas y las solteras corr�an especial peligro de ser v�ctimas de violencia y hostigamiento.

Muchas defensoras de los derechos humanos consideraban que la transici�n pol�tica ofrec�a la posibilidad de garantizar una representaci�n m�s equitativa en el gobierno y de presionar para que se realizaran reformas legales. Los profesionales de la abogac�a consideraban que exist�an al menos 118 disposiciones discriminatorias en 54 leyes diferentes, incluida la Constituci�n de 1990.

Personas desplazadas internamente

Entre 100.000 y 250.000 personas quedaron desplazadas durante el conflicto. Tras el cese de hostilidades en mayo, algunos desplazados internos comenzaron a regresar a sus comunidades, pero la inquietud que exist�a con respecto a la seguridad impidi� que se produjese un regreso a gran escala. A pesar de que ambas partes expresaron reiteradamente su compromiso de garantizar el regreso seguro de los desplazados internos, no se crearon pol�ticas integrales para proporcionar la asistencia y la protecci�n necesarias.

Personas refugiadas butanesas

Hacia finales de 2006 se dieron pasos encaminados a resolver la dif�cil situaci�n de alrededor de 106.000 personas refugiadas butanesas que viv�an en campos del sureste de Nepal tras haber sido expulsadas por la fuerza de But�n a comienzos de la d�cada de los noventa. El gobierno de la ASP intent� reanudar las conversaciones con el gobierno de But�n, suspendidas desde 2003. En octubre, Estados Unidos ofreci� reasentar a un m�ximo de 60.000 refugiados butaneses, y otros pa�ses manifestaron que ofrecer�an reasentamiento. Seg�n los informes, hubo divisi�n entre los refugiados con respecto a los ofrecimientos, ya que algunas personas tem�an que aceptar el reasentamiento pondr�a fin a todas las esperanzas de repatriaci�n a But�n y legitimar�a la �limpieza �tnica�.