Filipinas

República de Filipinas

Jefa del Estado y del gobierno: Gloria Macapagal Arroyo
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Se declaró el estado de excepción durante una semana en respuesta a presuntas conspiraciones golpistas. Se restringió el derecho de reunión pacífica y se presentaron cargos por rebelión contra figuras destacadas de la izquierda política y otras personas. Continuaron los homicidios políticos de activistas de izquierdas, al declarar el gobierno la «guerra total» contra los rebeldes comunistas. La labor de la fuerza especial de la policía y la Comisión de Investigación creadas para investigar los homicidios sólo dio lugar a un número limitado de detenciones y procesamientos. Se recibieron informes de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia. Continuaron las conversaciones de paz entre el gobierno y los separatistas musulmanes de Mindanao. Se conmutaron todas las condenas a muerte y el Congreso aprobó una ley que abolía la pena capital. Según los informes, los grupos armados cometieron abusos, incluidos homicidios ilegítimos.

Presuntos intentos de golpe de Estado

En febrero, la presidenta Gloria Arroyo declaró el estado de excepción durante una semana en respuesta a las presuntas conspiraciones para dar un golpe de Estado en las que estaban implicados miembros de los principales partidos de la oposición, en «alianza táctica» con activistas de derechas, rebeldes comunistas, políticos de izquierdas y militares.

La policía prohibió las reuniones públicas y, tras el registro efectuado en la redacción de un periódico, amenazó con clausurar los puntos de distribución de prensa que no respetasen las normas que velaban por una información «responsable».

Decenas de personas fueron detenidas o amenazadas con serlo, especialmente los miembros de partidos políticos legales de izquierdas, a los que el gobierno y altos mandos militares acusaron de estar vinculados al Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo. En el periodo posterior al presunto intento de golpe de Estado se detuvo y acusó de «rebelión» a decenas de personas, entre ellas, a personas críticas con el gobierno.

En febrero, Crispin Beltran, representante en el Congreso del partido Anakpawis (Masas Trabajadoras) fue detenido tras dictarse contra él una orden de detención por rebelión. Tras impugnar los abogados la validez de la orden y la posterior acusación de «incitación a la sedición», fue acusado también de rebelión. Al final de 2006 no había sido juzgado.

La policía intentó detener a otros cinco congresistas de izquierdas por considerarlos sospechosos de rebelión. El Congreso les ofreció custodia de protección frente a la detención, por lo que permanecieron en su recinto durante más de dos meses, mientras los fiscales realizaban las investigaciones preliminares. Un tribunal desestimó los cargos en mayo, pero se presentaron nuevos cargos por rebelión contra los cinco congresistas y más de 45 activistas de izquierdas sospechosos. Al finalizar 2006, todas estas personas continuaban bajo amenaza de detención.

Homicidios políticos y operaciones contra la insurgencia

El prolongado proceso de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional, que representaba al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo, pareció quedar en suspenso al declarar el gobierno una nueva ofensiva contra los rebeldes comunistas.

Continuaron los ataques armados contra miembros de partidos políticos legales de izquierdas, como Bayan Muna (El Pueblo Primero) y Anakpawis. Según los informes recibidos, durante el año, entre 61 y al menos 96 personas fueron víctimas de estos presuntos homicidios políticos, en su mayor parte obra de hombres armados no identificados que circulaban en motocicleta. Según los informes, en algunos casos las víctimas habían sido vigiladas por personas vinculadas a las fuerzas de seguridad o habían recibido amenazas de muerte.

Rafael Markus Bangit, dirigente indígena y coordinador provincial de Bayan Muna, murió en la provincia de Isabela (Luzón meridional) a causa de los disparos que efectuaron contra él dos hombres armados enmascarados. Viajaba con su hijo y estaba a punto de subirse de nuevo a un autobús. Anteriormente les había comentado a sus compañeros que creía que lo estaban vigilando.

Los responsables casi nunca eran procesados, debido, según informes, a la ineficacia de las investigaciones y a que los familiares de las víctimas estaban demasiado atemorizados para colaborar con la policía. En mayo, las autoridades crearon una fuerza especial de policía de investigación. Sin embargo, sólo se detuvo a un número limitado de personas, se habían iniciado pocas causas ante los tribunales al terminar el año y no se hizo rendir cuentas a nadie por los casos que se remontaban a 2001. En agosto, la presidenta Arroyo creó una Comisión de Investigación, presidida por el ex magistrado del Tribunal Supremo José Melo, para investigar los homicidios y formular recomendaciones con el fin de tomar medidas correctivas, como propuestas legislativas y enjuiciamientos pertinentes.

Al intensificarse las operaciones militares, se recibieron informes de que en todo el país se estaban llevando a cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y hostigamiento de civiles sospechosos de apoyar al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo.

En febrero, Audie Lucero, joven de 19 años activista del Movimiento por la Democracia Nacional (Kilusan para sa Pambansang Demokrasya), desapareció tras ser interrogado por soldados y agentes de policía en un hospital de la ciudad de Balanga (Bataan, Luzón) acerca de un amigo herido al que había llevado para que recibiese asistencia médica. Su cadáver fue encontrado en un campo al día siguiente. El ejército informó de que el hombre herido era un rebelde.

También en febrero, la policía detuvo a 10 jóvenes de entre 19 y 24 años y a una muchacha de 15 que habían estado haciendo autoestop en la provincia de Benguet para dirigirse a un festival musical que se celebraba en la localidad turística de Sagada. La mayor parte de ellos afirmaron que los habían golpeado, asfixiado con bolsas de plástico y empapado en gasolina para obligarles a admitir su participación en un ataque del Nuevo Ejército del Pueblo contra un destacamento militar. Los 11 fueron acusados de robo y homicidio, y permanecieron recluidos hasta diciembre.

Abolición de la pena de muerte

La presidenta Arroyo anunció en abril la conmutación de todas las condenas a muerte. Al menos 1.230 personas habían sido condenadas a muerte desde 1994. Las condenas a muerte fueron sustituidas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El Congreso votó a favor de un proyecto de ley para revocar la legislación sobre la pena de muerte, que la presidenta firmó en junio. En 1987, Filipinas se convirtió en el primer país asiático que abolió la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, la pena capital se reinstauró en 1994, y posteriormente fueron ejecutadas siete personas mediante inyección letal.

Proceso de paz de Mindanao

Continuaron avanzando, aunque a un ritmo lento, las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo separatista Frente Moro de Liberación Islámica. Siguieron existiendo desacuerdos con respecto a las reclamaciones sobre tierras ancestrales y a la cantidad de territorio que se incluiría en una región autónoma musulmana ampliada como parte del acuerdo de paz.

Los enfrentamientos entre el Frente Moro de Liberación Islámica y las fuerzas del gobierno rompían periódicamente el acuerdo de cese de las hostilidades. Al parecer, grupos islamistas perpetraron atentados esporádicos con bombas contra objetivos civiles; según los informes, algunos de esos grupos estaban vinculados al Frente Moro de Liberación Islámica, cuyos dirigentes negaron tener relación con Jemaah Islamiyah, red regional acusada de participar en actos violentos o terroristas, o con Abu Sayaff, grupo separatista musulmán de Filipinas responsable del secuestro y la muerte de civiles.

En octubre, el Senado modificó un proyecto de Ley Antiterrorista para, entre otras cosas, reducir el tiempo durante el que se podía detener a sospechosos sin autorización judicial y eliminar las cláusulas que asignaban al ejército competencias para hacer cumplir la ley.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Philippines: Political killings, human rights and the peace process (Índice AI: ASA 35/006/2006)

• Philippines: Towards ensuring justice and ending political killings (Índice AI: ASA 35/010/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Filipinas en febrero -durante el estado de excepción- y en diciembre.