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Somalia

Rep�blica de Somalia

Jefe de Estado del Gobierno Federal
de Transición: Abdullahi Yusuf Ahmed Jefe de gobierno del Gobierno Federal
de Transición: Ali Mohamed Gedi
Jefe de la Rep�blica de Somalilandia: Dahir Riyaale Kahin
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Miles de civiles huyeron a principios de 2006 como consecuencia de los combates registrados entre la Unión de Tribunales Islámicos y una alianza de caudillos militares en Mogadiscio. Los Tribunales Islámicos se apoderaron en junio de Mogadiscio y posteriormente de la mayoría de las zonas del sur y del centro de Somalia. Durante todo el año, el Gobierno Federal de Transición ejerció escaso control sobre el país. En diciembre estalló un conflicto entre los Tribunales Islámicos y el Gobierno Federal de Transición, este �ltimo apoyado por el ejército etíope. Los Tribunales Islámicos fueron derrotados y las fuerzas etíopes entraron en Mogadiscio y colocaron en el poder al Gobierno Federal de Transición. Continuaron los combates en el suroeste del país. Hubo detenciones arbitrarias de periodistas en todas las zonas, así como informes de torturas y juicios políticos injustos en Somalilandia. Defensoras y defensores de los derechos humanos corrían peligro en todas las zonas. Se ejecutó al menos a siete personas.

Información general

La sequía afectó a muchas zonas y el acceso de las organizaciones humanitarias se vio dificultado por la inseguridad y las amenazas contra el personal. La ayuda internacional para la reconstrucción del país se retrasó debido a la ausencia de un gobierno unido y efectivo en Somalia, 15 años después del derrumbamiento del Estado en 1991. Las condiciones de vida de las 400.000 personas desplazadas internamente seguían siendo penosas. Las minorías continuaron sufriendo discriminación y violencia generalizadas, y recibían poca protección del gobierno o de las instituciones judiciales.

En febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Somalia ratificó 17 tratados de la Unión Africana, completando así la firma por Somalia de los 31 tratados y convenciones de esta organización, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, el Gobierno Federal de Transición no disponía de medios para aplicar estos instrumentos. El Parlamento Federal de Transición y las autoridades de Puntlandia y Somalilandia adoptaron medidas para crear comisiones nacionales de derechos humanos, pero éstas no llegaron a ser operativas.

Gobierno Federal de Transición

A lo largo del año, el Gobierno Federal de Transición -coalición de jefes de facciones basadas en clanes surgida de las conversaciones de paz celebradas en Kenia entre 2002 y 2004- tuvo su sede provisional en Baidoa, localidad situada en el oeste del país. Pese a contar con el reconocimiento de la ONU y de la comunidad internacional, no pudo extender su control más allá de Baidoa ni establecerse en la capital, Mogadiscio. Los jefes de las facciones controlaban otras regiones a través de milicias basadas en los clanes, pero el Estado de Puntlandia, en el noreste, contaba con un gobierno operativo y nominalmente seguía formando parte de Somalia. El Gobierno Federal de Transición se oponía a la independencia de hecho de Somalilandia, región situada en el noroeste. En Mogadiscio y en otras zonas del sur, la población civil disfrutaba de muy poca seguridad.

En septiembre, un atacante suicida fracasó en su intento de asesinar al presidente del Gobierno Federal de Transición en Baidoa, pero mató a 11 hombres, entre ellos un hermano del mandatario y varios guardaespaldas.

Unión de Tribunales Islámicos

A principios de 2006 estallaron combates en Mogadiscio entre milicias de una nueva organización, la Unión de Tribunales Islámicos, y caudillos militares que habían formado una �Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo�, apoyada de forma clandestina, seg�n los informes, por Estados Unidos. Centenares de civiles murieron como consecuencia del fuego cruzado entre ambos bandos, hasta que en junio la Unión de Tribunales Islámicos se apoderó de Mogadiscio. Este hecho trajo la paz a la capital después de muchos años de violencia y extorsión por parte de las milicias de los caudillos militares. La Unión de Tribunales Islámicos volvió a abrir el aeropuerto y el puerto marítimo, cerrados desde hacía muchos años, y prometió que permitiría el acceso de las organizaciones internacionales para prestar ayuda humanitaria.

En junio, bajo los auspicios de Sudán y de la Liga �rabe, tuvieron lugar en Jartum negociaciones preliminares sobre el reparto del poder entre el Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos, con el fin de evitar la amenaza de un conflicto. Ambas partes acordaron evitar las hostilidades y crear un ejército y una fuerza de policía de carácter conjunto.

Con el fin de sustituir a la Unión de Tribunales Islámicos, la propia organización creó el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, con un comité ejecutivo presidido por Sheij Sharif Sheij Ahmed. El comité legislativo estaba presidido por Hassan Dahir Weys, a quien Estados Unidos buscaba por su presunta participación en operaciones de Al Qaeda en Kenia y Tanzania y que, seg�n los informes, dirigía también la milicia de la Unión de Tribunales Islámicos conocida como Shabab (militantes de la juventud). El Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia extendió su control a las regiones del centro y del sur, en la mayoría de los casos sin ninguna oposición, y estableció tribunales islámicos locales dotados de milicias. En septiembre, sus fuerzas se apoderaron del puerto meridional de Kismayu y empezaron a constituir administraciones regionales vinculadas con los tribunales islámicos en Mogadiscio y en otras zonas.

Las conversaciones que se estaban celebrando en Sudán entre el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia y el Gobierno Federal de Transición fracasaron. El presidente de este �ltimo solicitó la ayuda de tropas etíopes. En octubre, el Consejo, que exigía la instauración de un Estado islámico en Somalia y se oponía a la presencia de fuerzas extranjeras, declaró una yihad (guerra santa) contra Etiopía. En diciembre, tras un aumento de los enfrentamientos con las fuerzas del Consejo, estalló un conflicto abierto. Al cabo de unos días, las fuerzas del Consejo fueron derrotadas y algunas tropas huyeron al suroeste, perseguidas por el ejército etíope y las fuerzas del Gobierno Federal de Transición. A finales de diciembre, las tropas etíopes entraron en Mogadiscio y colocaron en el poder al Gobierno Federal de Transición.

Reacción de la comunidad internacional

La ONU, la Unión Africana, la Unión Europea y la Liga de Estados �rabes apoyaron la continuación del proceso de paz y reconciliación puesto en marcha por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (Inter Governmental Authority for Development, IGAD). Dicho proceso había comportado la creación del Gobierno Federal de Transición en 2004 y preveía una fuerza de apoyo a la paz (IGASOM) dirigida por la IGAD. Al agudizarse el conflicto a finales de año entre las fuerzas del Gobierno Federal de Transición, apoyadas por Etiopía, y el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó los preparativos para el despliegue de la IGASOM. El Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo en vigor el embargo internacional de armas impuesto a Somalia en 1992, pero eximió a la IGASOM de su cumplimiento. En mayo y noviembre, el grupo de vigilancia de embargos de armas de la ONU había criticado a Etiopía, Eritrea y otros países por violar el embargo y había recomendado sanciones concretas.

Somalilandia

La autoproclamada Rep�blica de Somalilandia siguió pidiendo el reconocimiento internacional. Recibió algo de ayuda internacional al desarrollo. Sus disputas fronterizas con la vecina Puntlandia siguieron sin resolverse y continuaron siendo motivo de tensión. El gobierno de Somalilandia acusó en varias ocasiones a la Unión de Tribunales Islámicos y al Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia de intentar desestabilizar Somalilandia.

Justicia y Estado de derecho

En las regiones del centro y el sur de Somalia no existía un Estado de derecho ni un sistema judicial en consonancia con las normas internacionales. Los tribunales de la ley islámica (shari'a), que se convirtieron en la base del sistema administrativo y judicial en la mayor parte del sur desde mediados de 2006, negaban el derecho a asistencia letrada y no cumplían las normas sobre juicios justos internacionalmente reconocidas. El Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia impuso interpretaciones cada vez más rigurosas de la ley islámica en lo relativo a los delitos contra la moralidad y al código indumentario, incluida la prohibición de los espectáculos musicales. Las milicias flagelaban y humillaban de forma arbitraria a las personas que infringían las normas.

En septiembre mataron en Mogadiscio a la hermana Leonela Sgorbati, misionera católica italiana de 70 años, debido, seg�n los informes, a su religión. Mataron también a su guardaespaldas, de nacionalidad somalí. El Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia condenó los asesinatos y afirmó que había detenido al presunto asesino, pero éste no fue sometido a juicio.

En octubre, las fuerzas del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia detuvieron brevemente en Kismayu a más de un centenar de manifestantes al entrar en la ciudad.

En Somalilandia tuvieron lugar varias detenciones arbitrarias y juicios injustos.

En septiembre de 2005 detuvieron a nueve personas en Hargeisa tras un intercambio de disparos entre la policía y un grupo armado islámico. El juicio contra estas personas comenzó a principios de 2006, pero no había terminado todavía al finalizar el año. Varios de los acusados, entre los que se encontraba Sheij Mohamed Sheij Ismail, afirmaron que los habían torturado. Más de 50 personas que se manifestaban en Hargeisa para protestar por estas presuntas torturas fueron detenidas. Un �tribunal de excepción�, compuesto por funcionarios de la administración y de los servicios de seguridad, condenó a todas ellas a un año de cárcel en juicios sumarios y sin las debidas garantías. Quedaron en libertad en octubre en virtud de un indulto presidencial.

Veintisiete ancianos del clan Ogaden de Etiopía, detenidos en 2003 y absueltos de conspiración armada en 2005 por el Tribunal Supremo tras un recurso de apelación, quedaron finalmente en libertad a finales de 2006.

Periodistas

Más de 20 periodistas fueron detenidos en diferentes zonas, si bien la mayoría quedó en libertad rápidamente tras la intervención de asociaciones profesionales. Tanto el Gobierno Federal de Transición como el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia reconocieron formalmente al Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes, que trabajaba de manera activa en la protección de la libertad de prensa y en la denuncia de los abusos contra periodistas. A finales de 2006 se estaba debatiendo todavía una propuesta del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia para imponer severas restricciones a los medios de comunicación.

En junio mataron al fotógrafo sueco Martin Adler en una concentración de la Unión de Tribunales Islámicos en Mogadiscio. Esta organización condenó el asesinato, pero el presunto asesino, detenido seg�n los informes, no fue sometido a juicio.

En octubre, la policía del Gobierno Federal de Transición detuvo en Baidoa a tres periodistas radiofónicos por informar sobre las actividades de soldados etíopes en la zona. Al cabo de algunos días quedaron en libertad sin cargos.

A principios de diciembre, milicias del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia detuvieron a Omar Farouk Osman Nur, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes, y lo recluyeron en régimen de incomunicación en una prisión secreta. Quedó en libertad sin cargos el mismo día de su detención.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Personas somalíes dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que en su mayoría actuaban en Somalia y Somalilandia encuadradas en sólidas alianzas nacionales, siguieron vigilando las violaciones de derechos humanos y defendiendo estos derechos ante las autoridades y la población en general. Muchas de ellas corrieron en ocasiones grave peligro, en especial las que pertenecían a organizaciones de mujeres.

En junio, la Unión de Tribunales Islámicos y la Alianza de la Sociedad Civil sostuvieron conversaciones en Mogadiscio. Las organizaciones de la sociedad civil dejaron de estar prohibidas y los representantes de la Unión de Tribunales Islámicos aceptaron reconocer a las ONG y respetar la libertad de prensa. Sin embargo, las crecientes restricciones a la libertad de expresión y reunión amenazaron gravemente sus actividades.

Derechos de las mujeres

Varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, agrupadas en alianzas como la Coalición de Organizaciones Populares de Mujeres, radicada en Mogadiscio, y la coalición de mujeres Nagaad, en Somalilandia, trabajaron de forma activa, en especial contra la mutilación genital femenina, la violación y la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, la Unión de Tribunales Islámicos se negó a reunirse con las ONG de mujeres o a reconocerlas.

Personas refugiadas y población desplazada en el interior

Decenas de miles de personas huyeron de Mogadiscio durante los combates registrados en la primera parte del año, así como de otras zonas afectadas por el avance de las fuerzas de la Unión de los Tribunales Islámicos y por los combates acaecidos hacia el final del año. Muchas personas de la zona de Kismayu se refugiaron en Kenia y decenas de miles se vieron desplazadas dentro del país.

Seguían siendo muy malas las condiciones de los campos y de los asentamientos informales que albergaban a 400.000 desplazados internos de larga duración, y era muy escasa la ayuda internacional que llegaba a las personas más vulnerables.

Centenares de personas que trataban de llegar a Yemen desde Puntlandia murieron en el mar durante operaciones de trata de seres humanos. En general, se hizo caso omiso de la prohibición del tráfico de personas impuesta en octubre por el gobierno de Puntlandia. En octubre, a 1.370 etíopes detenidos por intentar llegar a Yemen los expulsaron a Etiopía o les permitieron solicitar asilo.

Pena de muerte

A pesar de las campañas locales contra la pena de muerte realizadas en todas las zonas del país, los tribunales islámicos impusieron condenas de muerte en el sur y los tribunales ordinarios hicieron lo mismo en Somalilandia. De acuerdo con la costumbre somalí de la diya (indemnización), basada en la ley islámica, los tribunales levantaban la pena de muerte si los familiares de una víctima de asesinato aceptaban una indemnización de los familiares del autor del crimen.

En junio, las milicias de los tribunales islámicos ejecutaron p�blicamente a tres hombres en Mogadiscio y en una localidad próxima a la capital.

En mayo, un muchacho de 16 años ejecutó p�blicamente en Mogadiscio a Omar Hussein, autor confeso del asesinato de su padre, después de que un tribunal islámico hubiera ordenado que se matara al criminal a puñaladas, del mismo modo que había hecho él con su víctima.

En Somalilandia se ejecutó al menos a cuatro personas en 2006. Varias más se encontraban condenadas a muerte en espera de la decisión sobre sus recursos de apelación o de un indulto presidencial. Entre ellas figuraban siete hombres vinculados presuntamente con Al Qaeda que en noviembre de 2004 habían sido declarados culpables del homicidio de tres trabajadores de ayuda humanitaria. Al finalizar 2006 no se había adoptado todavía ninguna decisión sobre los recursos de apelación que habían presentado ante el Tribunal Supremo.