Josep Rull, un político con ADN convergente marcado por su condición de preso del ‘procés’

Josep Rull llega a la presidencia del Parlament como quien escribe un segundo volumen de su carrera política. Un regreso a los focos para dejar atrás las sombras. Consejero de Territorio del Govern de Carles Puigdemont, estuvo en la cárcel tres años y cuatro meses por haber ayudado a organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Ahora llega para dirigir el Parlament tras haber formado parte de la lista con la que Puigdemont ha pretendido recuperar la condición de president. Rull fue el número tres de la candidatura, pero durante parte de la campaña electoral tuvo que asumir funciones de jefe de filas porque el expresidente del Ejecutivo catalán realizó toda la promoción electoral en el sur de Francia por miedo a ser detenido si entra en España. Rull se encargó de representar a Junts en los debates televisados porque el partido decidió limitar las apariciones públicas de la número 2, la empresaria tecnológica Anna Navarro, que ha aterrizado en la política catalana tras residir los últimos 30 años en Estados Unidos.

Josep Rull emplea un discurso sereno y un habla sosegada en un ring político, el catalán, que vive en la estridencia. Es capaz de empuñar la estelada con una mano mientras con la otra ojea el librillo pactista que hizo poderosa a Convergència. Cuenta, además, con una ventaja que resulta extraña en la política catalana: es capaz de generar consensos a su alrededor. Cuando este lunes, minutos antes de las cuatro de la tarde, ha entrado en el hemiciclo del Parlament, Rull (Terrassa, 55 años) ha recibido la espontánea felicitación de propios y extraños. Aun faltaba un rato para la votación que lo ha erigido como presidente del Parlament cuando sus compañeros de Junts y diputados de otros partidos se han acercado a él para abrazarle y estrecharle la mano. No es un detalle menor que lo hayan hecho representantes del PSC como Alícia Romero, Ramon Espadaler o el propio Salvador Illa, o consellers en funciones de Esquerra, como Anna Simó, David Mascort o Meritxell Serret. Tanto republicanos como socialistas aspiraban a poder presidir la cámara autonómica, un puesto que concede el segundo cargo de más entidad institucional en Cataluña y que implica una retribución anual de más de 140.000 euros. También la presidenta saliente Anna Erra (Junts) ha intercambiado unas palabras cómplices con su sucesor.

Rull les ha ganado la partida a todos y ha encontrado su principal aval en una fuerza que, sobre el papel, es antagonista a su ADN político. Los anticapitalistas de la CUP han pedido que para hacer viable un acuerdo independentista en la Mesa del Parlament, tildado de “pacto antirepresivo” entre Junts, ERC y la CUP, era menester dejar la presidencia en manos de Josep Rull. Su condición de preso del procés -fue condenado a diez años y medio de prisión por sedición- ha pesado más que su pasado en Convergència, el partido cuna de la derecha conservadora catalana, manchado por casos de corrupción. El partido de Jordi Pujol tenía varias almas, y Rull, que se crió en la JNC, las juventudes convergentes, se sintió siempre a gusto en el ala soberanista, incluso antes de que el procés impusiera el independentismo como una moda en Cataluña.

Corredor de fondo y aficionado a la media maratón, Rull aplica la paciencia a sus empeños. Zancada a zancada ha logrado blindarse de los ataques personales en una política catalana que lleva años envenenada, y ha salido indemne de los rifirrafes que anidan dentro de su partido. “Hay cosas que en Junts todo el mundo respeta, y Rull es una de ellas”, señala un alto cargo del partido que en las últimas elecciones catalanas tuvo que cederle el número tres de la lista al ahora presidente parlamentario. Rull ya demostró saber evitar las cornadas cuando, en 2016, fue uno de los impulsores de la ley para prohibir la tauromaquia: “Articularemos todos los mecanismos normativos necesarios para que los toros no vuelvan a Cataluña”, proclamó entonces. En otoño de 2017, cuando el Gobierno del PP intervino la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Rull se fotografió en su despacho de la consejería y colgó la imagen en las redes sociales. Una suerte de desobediencia enmarcada en un retrato.