La Fiscalía confirma la tendencia a la baja de la ocupación de viviendas

La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado confirma una tendencia a la baja, ya recogida en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior más recientes, del número de casos de ocupación de domicilios. El documento, hecho público el jueves, destaca que en 2022 se había registrado un descenso “notable” del 9% en el número de procedimientos incoados por “usurpaciones de bienes inmuebles”, en referencia a las entradas en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión y que representan el 98,9% de las causas abiertas por lo que popularmente se conoce como ocupaciones. En concreto, el año pasado se registraron 8.868 frente a los 9.729 del anterior. Entre 2018 y 2021 el número de estos procedimientos judiciales se había mantenido “prácticamente sin cambios, con variaciones porcentuales que no superaban el 1%”, destaca la memoria de Fiscalía. En España hay 26 millones de viviendas (casi cuatro millones vacías) y 48 millones de habitantes.

Respecto a los allanamientos de morada ―la otra figura delictiva que engloba el fenómeno de la ocupación y que es la que más resonancia mediática tiene y, con ello, más alarma crea al afectar a la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares―, las cifras de la Fiscalía siguen reflejando su carácter excepcional. El año pasado se presentaron 96 escritos de acusación por este delito, un número que si bien supone un aumento respecto a 2021, cuando fueron 83, sigue representando un porcentaje residual del fenómeno, ligeramente por encima del 1% de las ocupaciones. El allanamiento de morada está castigado con penas de cárcel de seis meses a dos años; y la usurpación, con multa de tres a seis meses si es pacífica y hasta dos años de cárcel si es violenta.

·En su memoria, la Fiscalía recuerda que en septiembre de 2020 dictó una instrucción en la que detallaba los pasos a seguir para garantizar la máxima celeridad en la actuación contra ocupaciones ilegales de viviendas y que considera que ha dado también “mayor confianza y seguridad a los cuerpos policiales en orden a conseguir una respuesta más eficaz en estos casos”. Interior elaboró poco después un protocolo de actuación para los agentes y potenció las investigaciones contra los grupos organizados que realizan ocupaciones por encargo para alquilar el inmueble después a terceras personas e, incluso, para instalar en ellos los denominados narcopisos o prostíbulos. Otros grupos delictivos piden un rescate al propietario por devolver la vivienda. Los Mossos d’Esquadra desarticularon una de estas bandas organizadas en noviembre de 2022 en la llamada Operación Squatter.

El descenso reflejado en la última memoria de la Fiscalía ya venía siendo apuntado por el Sistema Estadístico de Criminalidad de Interior, que recopila información de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y los cuerpos municipales. Las cifras del departamento de Fernando Grande-Marlaska señalan que en 2022 ―el año al que se refiere la última memoria de ministerio público― se habían presentado 16.726 denuncias (no todas acaban en procedimiento judicial) por ocupaciones, incluyendo en este término tanto usurpaciones como allanamientos. Esta cifra suponía un 3,2% menos respecto el año anterior, cuando el número de casos se había disparado hasta las 17.274, el máximo histórico. De hecho, era la primera vez que se frenaba un fenómeno que había sufrido un continuo y acusado incremento desde 2016 bajo los gobiernos de PP y PSOE.

Los datos estadísticos más recientes de Interior, referidos a los cinco primeros meses de 2023, continúan con esta tendencia a la baja del año pasado. Así, el número de usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada registradas entre enero y mayo de 2023 fue de 6.648, un 11,1% menos que el mismo periodo de 2022, cuando fueron 7.485. Por comunidades, el descenso hasta mayo alcanzó a 12 de ellas y a las dos ciudades autónomas, entre ellas Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, las cuatro regiones más afectadas por este fenómeno y que acumulan ocho de cada 10 denuncias.

Así, en Cataluña, donde más denuncias se reciben con diferencia, se pasó de las 3.147 de los primeros cinco meses de 2022 a las 2.798 del mismo periodo de este año (un descenso del 11,1%); en Andalucía, de las 1.075 a 1.036 (un 3,7% menos); en la Comunidad Valenciana, de 908 a 716 (un 21,1 % inferior), y en Madrid, de las 701 a 649 (un 7,4% más bajo). Solo en tres comunidades las cifras han aumentado en los primeros meses del año, aunque en todas ellas de modo casi simbólico. Así, en Asturias se ha pasado de 24 a 29; en La Rioja, de 18 a 19; y en Canarias, de 215 a 239. La estadística no recoge el País Vasco al no incluir los datos de la Ertzaintza. No obstante, los expertos en criminalidad recomiendan ser cautos con estos datos y, si bien admiten que son un primer síntoma del estancamiento y retroceso del fenómeno, recomiendan esperar a ver cómo evoluciona en los próximos años.

Los datos de la Fiscalía se conocen meses después de que el PP y Vox convirtieron la ocupación de bienes inmuebles en uno de sus argumentos de campaña de las pasadas elecciones del pasado 23 de julio. El programa de los populares hablaba, pese a que ya entonces se conocían las estadísticas de Interior que apuntaban a un descenso, de “creciente fenómeno” que se había “disparado en los últimos años” y prometía nuevas normas legales en “defensa de la propiedad privada”.

En Madrid y Castilla y León, gobernadas ambas por el partido de Alberto Núñez Feijóo ―en el segundo caso junto a la formación de Santiago Abascal―, los ejecutivos regionales han puesto en marcha teléfonos y oficinas de denuncias contra la ocupación de inmuebles que, sin embargo, hasta ahora han recibido pocas consultas de los vecinos. En el primer mes de funcionamiento de la de Castilla y León, estas oficinas recibieron menos de una llamada al día. En Madrid, la media fue de seis cada 24 horas.