Interior evaluará la peligrosidad de los reclusos yihadistas un mes antes de su excarcelación
Prisiones refuerza el control sobre los internos islamistas violentos con valoraciones más frecuentes de su grado de radicalización
El Ministerio del Interior ha sometido a una profunda actualización la herramienta que utiliza desde hace cinco años para detectar y prevenir el radicalismo violento de naturaleza yihadista dentro de las cárceles españolas, según se recoge en una orden de servicio confidencial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre los cambios introducidos, está el incremento del número de los indicadores que los expertos de prisiones utilizan para determinar la peligrosidad de estos internos, que pasan de los 39 que había hasta ahora a 63. Además, se aumenta la frecuencia con la que se hacen estas valoraciones, que pasan de semestrales a cuatrimestrales. Y, como principal novedad, se contempla que todos los reclusos yihadistas sean sometidos a un estudio final sobre su radicalismo un mes antes de la fecha prevista para su excarcelación para evaluar el riesgo que supone su puesta en libertad.
La nueva herramienta se aplicará, como hasta ahora, a tres categorías de presos islamistas. El primero, denominado Grupo A, es el formado por presos preventivos o condenados por delitos de terrorismo yihadista. Según las últimas estadísticas disponibles, el pasado 31 de diciembre este colectivo lo formaban 77 reclusos. El segundo o Grupo B está integrado por internos, que si bien fueron encarcelados por delitos comunes, se les ha detectado haciendo proselitismo del islamismo radical en las cárceles. Lo forman 41 internos. Finalmente, el Grupo C lo componen presos que están bajo observación por haber mostrado los primeros síntomas de radicalización. Su número al inicio de este año era de 55. En total, 173 internos yihadistas. No obstante, la nueva instrucción de Interior detalla que la herramienta podrá ser aplicada a otros reclusos aunque no estuvieran incluidos en alguno de estos tres grupos si aparece algún indicio de radicalización que lo aconseje.
La renovación de este instrumento pensado para impedir la expansión del islamismo violento dentro de las cárceles se inscribe dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo elaborada por Interior en 2019, que ponía el foco principal en el yihadismo. Aquel documento prestaba especial atención al ámbito penitenciario dentro de la estrategia para “prevenir y perseguir” este fenómeno y, en concreto, recogía precisamente la necesidad de “impulsar y actualizar” la herramienta de detección y evaluación del riesgo de radicalización violencia, fechada en febrero de 2018, y que es la actualizada ahora. El cambio se produce, además, después de que Interior haya constatado los escasos resultados del plan de desradicalización de presos yihadistas puesto en marcha en 2016 y que ya obligó hace un año a suspender la entrada de nuevos reclusos en estos talleres de reinserción. En los seis años que ha estado en vigor estos talleres de reinserción, solo se habían apuntado 52 internos yihadistas.
Según detalla el nuevo documento de Instituciones Penitenciarias, de los 63 indicadores que utilizarán ahora los profesionales penitenciarios, nueve están orientado a detectar cambios en las rutinas de estos presos que puedan ser indicativos de una radicalización, como los referidos a la vestimenta, la alimentación, el trato con otros reclusos o, incluso, la ingesta de medicamentos. Otros 20 ponen el foco en posibles actitudes violentas del interno, ya sean agresiones o insultos a otros presos y a funcionarios, el incumplimiento grave de las normas penitenciarias, el apoyo manifiesto a conductas violentas extremistas o la expresión verbal del deseo de atacar a un objetivo concreto por cuestión ideológica.
Los últimos 34 son incluidos en la categoría de “radicalización y proselitismo” e inciden en la observación de determinadas pautas de comportamiento del recluso, como mostrar rechazo a los funcionarios de sexo femenino, hacer actos de purificación tras tener contacto con “infieles” o promover actos religiosos “no autorizados” dentro de prisión. También se tendrá en cuenta si se muestra influenciable a otros internos ya radicalizados, si expresa “admiración hacia grupos terroristas” o si verbaliza “hostilidad hacia la sociedad y la cultura occidental”.
Una vez cumplimentados los 63 indicadores ―no todos tienen el mismo peso en la valoración final―, el sistema arroja el nivel de riesgo del interno (alto medio o bajo) en cuatro parámetros: violencia general, violencia ideológica, radicalismo y proselitismo, y vulnerabilidad. Y, junto a ello, un diagnóstico de peligrosidad del interno, que también puede ser alto, medio o bajo. Estos análisis deberán ser realizados con cada uno de los presos de manera sistemática en febrero, junio y octubre de cada año. Para ello, los funcionarios de las áreas de Seguridad y Tratamiento de las cárceles donde hay internos yihadistas cuentan ya con una aplicación informática específica, bautizada con las siglas DRAVY (Detección de la Radicalización Violenta de etiología Yihadista) sobre cuyo uso ya han sido instruidos.
Según el documento de Instituciones Penitenciarias, el resultado de estos controles facilitará la coordinación y el intercambio de información de los funcionarios responsables de las áreas de Seguridad y Tratamiento en el centro penitenciario donde hay reclusos yihadistas, así como “un mejor conocimiento de los internos objeto de la aplicación del presente instrumento”. Además, servirá de soporte “en la toma de decisiones en lo relativo al tratamiento penitenciario” de los internos. De hecho, el resultado de estas valoraciones se facilitará a las Juntas de Tratamiento de las cárceles ―órgano colegiado formado por profesionales penitenciarios― para que la tengan en cuenta en las reuniones que celebren para estudiar la concesión a estos internos de cualquier tipo de beneficio penitenciarios, como permisos o el cambio a un régimen penitenciario que les permita acceder, por ejemplo, la semilibertad.
En la renovación de la nueva herramienta de detección han participado, además de expertos de este organismo y de la Secretaría de Estado de Seguridad, miembros del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid. También se han tenido en cuenta la investigación que Prisiones ha desarrollado en los últimos años sobre “los procesos psicosociales subyacente a la radicalización de carácter yihadista” en colaboración con el equipo de Ángel Gómez, catedrático de Psicología Social de la Universidad a Distancia (UNED).
