El ‘macrojuicio’ contra el narco en el Estrecho de Gibraltar busca sala en Algeciras

Cada vez que el poderoso narco Antonio Tejón, uno de los líderes de la mafia de los Castaña, daba una orden, esta apenas bajaba un escalón en el organigrama hasta llegar a los oídos de Óscar R. Debía ser todo un mérito eso de ejercer como lugarteniente en la mafia de uno de los denominados reyes del hachís. O ese papel, al menos, es el que le da la Fiscalía Antidroga de Algeciras a este vecino de La Línea fichado como asiduo a una nave de Los Barrios en la que se preparaban narcolanchas o como participante en supuestas reuniones preparatorias de alijos con Tejón. Su nombre sería solo uno más de los ya miles de detenidos en el Estrecho, si no fuera porque integra la lista del mayor juicio hasta ahora a una mafia campogibraltareña de la droga. Un macrojuicio a 157 investigados que lleva ya cinco meses atascado, a la espera de que la Junta de Andalucía encuentre una sala lo suficientemente espaciosa como para poder celebrarse.

El caso de Óscar R. es llamativo porque, pese a no tener antecedentes previos, es uno de los tres encausados —incluido el propio Tejón— que sigue en prisión provisional desde que la Guardia Civil le detuvo en septiembre de 2020, en el marco de la operación Dismantle. Y no parece que su situación vaya a cambiar. El pasado mes de septiembre se prorrogó su estado dos años más y la ausencia de lugar en la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz para el macrojuicio que le debe juzgar mantiene prorrogado sine die el momento en el que se tendrá que sentar en el banquillo. “Estamos hablando de personas que no han sido juzgadas. Te arriesgas a que sean inocentes o a tener que aplicarles atenuantes de dilaciones indebidas. Sabe mal que el buen trabajo de instrucción pueda irse al traste por falta de infraestructuras”, reconoce molesto Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras.

Ruiz no oculta su indignación por lo que, para él, es solo una muestra “del estado lamentable en el día a día” de la Justicia en el Campo de Gibraltar, atrapada en el cuello de botella de decenas de complejas causas de narcotráfico que se tramitan en juzgados con sedes visiblemente deterioradas y con falta de personal. “Ya avisamos hace un año de que esto pasaría y no han hecho nada”, denuncia el juez decano. La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía es la competente para desatascar el punto muerto del macrojuicio, ya que las sedes y su personal administrativo son competencia de la Administración andaluza. De hecho, ya en abril de 2021, la Junta invirtió de urgencia 74.194 euros para ampliar los puestos de la sala de la sección algecireña y ampliarla a sesiones de hasta 20 investigados.

La cifra es claramente insuficiente para un juicio de 157 investigados, con cifras récord. Entre todos, los encausados se enfrentan a 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas, por delitos como el tráfico de drogas, organización criminal o contrabando. “Solo entre acusados y abogados seremos más de 300 en la sala, a los que hay que sumar el tribunal, los testigos y el público, ¿cómo lo van a hacer?”, se pregunta Antonio Custodio, uno de los abogados que defiende a Óscar R. Sobre la mesa han estado todo tipo de posibilidades, desde carpas o salas de eventos, como apuntan fuentes cercanas a la negociación. La Delegación Provincial de la Junta en Cádiz asegura que tienen ya “vistas un par de posibilidades” que quieren consensuar con los magistrados de la Audiencia Provincial y los técnicos “para ver cuál es la más adecuada” y que serviría para atender también otras macrocausas que, en principio, no son tan grandes como ésta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma los contactos con la Audiencia y asegura que la Consejería “está trabajando en ello”.

“Juicios para octubre de 2023″

Pero Custodio muestra su preocupación no solo por la sede, si no porque, cuando esté seleccionada, duda en cuánto tardará en llegar el juicio: “A mí ya me están señalando juicios en la Audiencia para octubre de 2023″. De hecho, la causa llevó una velocidad de crucero en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Algeciras, hasta que la falta de sede la dejó bloqueada el pasado mes de junio, ya en manos de la Audiencia. “El procedimiento se ha llevado en tiempo récord”, asegura Macarena Arroyo, la fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar y autora del escrito de acusación de la causa, terminado desde enero. Aunque distinto es lo que pasará cuando, una vez resuelto el problema de la sala y la posible fecha, comiencen “los problemas a efectos de notificaciones” para 157 encausados, como apunta Arroyo.

Cuando llegue el día del juicio, tampoco acabarán los obstáculos. El del narco Jesús Heredia Pantoja llegó a aplazarse tres veces; el de Antonio e Isco Tejón, los hermanos Castaña, estuvo paralizado durante semanas. En este caso, aunque no surgiesen impedimentos, tardaría meses en terminar. “El volumen de prueba es lo que más asusta”, reconoce Arroyo, en referencia a las decenas de agentes que tendrán que testificar. De ahí que la Fiscalía Antidroga se muestre favorable a llegar a conformidades de pena o que el procedimiento se pueda ir desarrollando por bloques para que sea más ágil.

Desesperado por su situación, Óscar ya lleva cuatro abogados contratados que simultanean su defensa. “No tengo explicación coherente para decirle a mi cliente por qué, pese a no haber ni lugar ni juicio y de tener domicilio y familia en La Línea, sigue en prisión”, denuncia Manuel Morenete, otro de los letrados que se encarga de su caso, junto a Custodio y el despacho Molins Defensa Penal, de Madrid y Barcelona. Aunque aún es pronto siquiera para plantearlo, los abogados no esconden que la baza de las dilaciones indebidas —que dependen de diversos factores, como el tiempo que la causa ha estado sin moverse en los juzgados— será uno de los más que probables argumentos para reducir la posible pena de su cliente, cuando algún día se siente en el banquillo. Por ahora, se concentran en sacarle de la cárcel, ante lo que consideran una espera sin fin claro. “Ya hemos recurrido entre ocho y diez veces su estancia en prisión. Se supone que las causas con presos tienen prioridad. Pero si no saben cuándo será el juicio, que estén en sus casas y ya les llamarán”, se queja Custodio.