Lucas Osorio (Hogan Lovells): “El veto sobre empresas estratégicas debe ser temporal para que fluya la inversión”

El despacho internacional Hogan Lovells (2.500 abogados), con presencia en España desde hace 17 años, inició una nueva etapa en 2020 tras el nombramiento de Miguel Angel Zaldívar como consejero delegado a nivel mundial. En ese impulso, el socio director en España, Lucas Osorio, augura una fase de crecimiento para la firma en el país y anticipa refuerzos en el área transaccional. Osorio, abogado del Estado en excedencia, es especialista en fusiones y adquisiciones y gobierno corporativo, y experto en proyectos de infraestructuras (secretario del consejo de Metrovacesa y exsecretario de Cintra).

R. Después de un año marcado por la pandemia, ¿en qué momento se encuentra Hogan Lovells?

R. Estamos en una nueva etapa que se inició hace ocho meses con la incorporación del nuevo consejero delegado, Miguel Zaldívar. Representa un ciclo de ilusión y nuevas energías. El despacho se encuentra muy activo, pendiente del mercado, con ganas de crecer y consolidar su presencia a nivel mundial.

R. En este año tan duro para todas las empresas, ¿cómo ha sido 2020 para Hogan Lovells?

R. El cierre de 2020 ha sido francamente bueno a nivel mundial y local. Globalmente la facturación ha crecido un 2,6% y en España nos hemos defendido bien. Tuvimos varias salidas de socios y hemos conseguido mantener la misma facturación, de 46,3 millones de euros. Si a eso le unimos que ha habido contención de gastos por razones de prudencia, lo que da es un resultado de crecimiento y rentabilidad fantástico.

R. ¿Qué previsión tiene para 2021?

R. Ha empezado bien. La facturación va por encima del presupuesto y en España hay una reactivación en las últimas semanas. Tenemos la sensación de que se va a dar un paso hacia adelante en la actividad.

R. ¿Cree que se acelerarán las concentraciones entre bufetes?

R. El Covid-19 ha provocado una revisión de las políticas que se venían aplicando en ahorro de costes, intentando ser lo más eficiente posible. Ello va a llevar a que se produzcan alianzas estratégicas o fusiones de algunos despachos. No se va a producir en los bufetes de primer nivel de facturación, pero sí en la clase media, en firmas con una presencia importante, pero que igual se resienten un poco más. No descartaría una ­reordenación a medio plazo.

R. ¿Hogan Lovells tiene una estructura dimensionada ahora?

R. Está bien dimensionado. No estamos en el top 10 de los despachos que más facturan, pero sí entre los cinco o seis primeros en España en rentabilidad. No tenemos la vocación de llegar al top 4 de facturación, pero sí es un objetivo seguir reforzando la rentabilidad. En ese contexto estamos abiertos a crecimientos, aunque no como una forma de ganar tamaño simplemente.

R. ¿Hay áreas que quiera reforzar?

R. Estamos abiertos a cualquier buena oportunidad, pero especialmente estudiamos oportunidades que puedan reforzar nuestra área transaccional, como M&A y corporate, pero también otras áreas que ayudan de forma indirecta, como finance, regulatorio, real estate o energía.

R. ¿España va a seguir atrayendo inversión extranjera tras la pandemia?

R. La sensación que tenemos es que sigue habiendo mucho interés de inversores extranjeros aunque van a ser más selectivos. Hay liquidez en el mercado y muchas oportunidades en todo el mundo. Los fondos tienen muchos sectores en los que elegir. Energía, telecomunicaciones y la inversión en activos y empresas que tengan vocación internacional van a ser una vía de atracción para los fondos.

R. El Gobierno aprobó en 2020 una normativa para blindar sectores estratégicos españoles de compras por compañías extranjeras [Ahora está meditando autorizar la opa de IFM sobre Naturgy]. ¿Esta norma es buena para la inversión?

R. Desde una óptica nacional la respuesta debe ser sí, pero desde el punto de vista de la libre actividad económica es poner barreras y desincentivar a los inversores. La racionalidad de la norma es que se han abaratado los precios y se hace muy sencillo la toma de control de activos estratégicos a un precio casi de saldo y se quiere proteger a las empresas de esa situación transitoria. La protección a empresas estratégicas o el veto a operaciones de compra sobre ellas debe ser temporal para que siga fluyendo la inversión, y acabar desapareciendo.

R. Se habla de reforma de pensiones, laboral, fiscal… ¿Hay excesivos cambios legales en poco tiempo?

R. No me preocupa que haya cambios, sino que no haya claridad sobre ellos. Si van en la dirección correcta y producen los incentivos adecuados, da igual que sean uno o 300. Lo que me asusta es que haya un rumbo poco definido, que los cambios sean desincentivadores, provoquen un efecto rechazo o inseguridad jurídica a potenciales inversores y nazcan desde su origen con la certeza de que serán nuevamente cambiados cuando venga un Gobierno de un color distinto.

R. Estamos en otro proceso de reforma energética. ¿Teme que pueda provocar litigios como ocurrió con los recortes a las renovables?

R. No necesariamente. El sector energético está siendo motor de la economía en España en los últimos años. Por eso las reformas legislativas deberían evitar dos problemas, un sobrecalentamiento de forma artificial y las modificaciones que produzcan alteraciones en los derechos adquiridos o en las expectativas de los inversores.

R. En inmobiliario los fondos están muy activos buscando oportunidades, ¿cómo ve las perspectivas?

R. Desde el punto de vista de la promoción el año ha empezado bien y hay una actividad que se va a mantener, pero para el sector hotelero hay que esperar a septiembre. Si se salva el verano un porcentaje significativo resistirá. Pero si la campaña estival se tuerce va a producir un big bang y una fuerte reordenación en los hoteles. Habrá ajustes empresariales en otros sectores como ya estamos viendo.

R. Meliá y NH han presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado en la normativa anti-Covid que paralizó su actividad. ¿Puede prosperar?

R. No me atrevo a decir si va a prosperar, pero sí que va a haber mucha litigiosidad por este asunto. Hay sectores preocupados y se están preparando para defender sus intereses. Va a depender mucho caso a caso, sector a sector y de la normativa concreta. Desde un punto de vista técnico la normativa que sale del Parlamento está muy acotada y es difícil derivar la responsabilidad al Estado.