Los ayuntamientos de algunas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, han optado por aprovechar sus competencias urbanísticas y aplicar medidas restrictivas a las viviendas turísticas. En ocasiones, bordeando la legalidad. Muchos despachos de abogados, por su parte, prevén un aumento considerable de litigios a raíz de estas normativas, ya que pueden haber vulnerado la libre competencia o los principios de planes urbanísticos.
Castilla-La Mancha se suma a las comunidades autónomas que regulan el alquiler vacacional, tras firmar el decreto para legalizar el uso de apartamentos turísticos. Se identificarán los pisos turísticos mediante un registro. Quienes no se den de alta en la actividad turística podrían tener sanciones entre los 6.000 euros y los 60.000 euros, aunque tienen dos años para ello.
La Agencia Tributaria ha aprobado la puesta en marcha el modelo 179, que deberán presentar por internet las personas y plataformas que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas. Todas las operaciones realizadas este año se deberán presentar en enero de 2019, mientras que a partir de entonces las declaraciones informativas tendrán carácter trimestral. El objetivo del fisco es prevenir el fraude fiscal en este negocio al alza.
La Asociación Española de la Economía Digital alerta de los peligros que entraña la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir a partir de julio que los propietarios de pisos alquilen sus casas a turistas. Desde las asociaciones Adigital, Sharing España y Fevitur sostienen que muchas familias estarán abocadas a la economía sumergida para obtener los ingresos adicionales que consiguen actualmente con el arrendamiento de sus inmuebles.
Las dos ciudades andaluzas lideran el ranking para este puente, con más de un 94% de ocupación en las viviendas vacacionales. Según los datos de Rentalia, la plataforma de alquiler turístico de idealista, Gijón, Valencia, Cádiz y Madrid también superan el 90%. En el conjunto del país la ocupación media ha caído tres puntos respecto al año pasado, como consecuencia de la previsión meteorológica.
La CNMC ha remitido al Gobierno un requerimiento contra varias disposiciones de la normativa que regula el alquiler vacacional, que obligan a las plataformas a dar información sobre los propietarios e inquilinos de los pisos turísticos para luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, puede restringir la competencia, por lo que exige su supresión o modificación.
Los hoteles portugueses recibieron 21 millones de huéspedes en 2017, lo que supone el récord hasta la fecha. Aunque se trata indudablemente de un dato muy positivo, también trae una lectura amarga. Muchos propietarios de hoteles están desbordados por esl boom turístico y no cuentan con los trabajadores suficientes para cubrir la demanda.