El presidente Leonel Fernández introdujo ante el Senado, el 18 del presente mes de septiembre, la demorada y estudiada reforma constitucional, con el propósito de modificar sus 122 articulados, ingente labor para los congresistas.

Consagrar el controversial tema o artículo alusivo a la reelección, el primero, claro, de todos, con el interregno de un mandato, echando al cesto de la basura el “nunca jamás”.

Seguirán siendo dominicanos los nacidos en el país de padres apátridas o desconocidos, explicando que todos los haitianos nacidos en el país de padres ilegales o legales, serán dominicanos, una versión nueva de la fusión de la antigua isla Española en una sola raza, aunque dos estados “separados”.

Una negación a las cuatro campañas libertarias de 1844-1856 en las cuales el machete más reluciente fue el del general Pedro Santana, el apóstata de la restauración y mayoral de El Prado.

Dominicanos conforme a la nueva reforma serán también los hijos de padres extranjeros si la legislación de su país de origen no le atribuye otra nacionalidad, que es el caso de la Constitución haitiana, que se modificará a su vez al socaire de las conveniencias económicas que todo lo deciden en el hombre.

“El hombre lamenta más las pérdidas de sus bienes que la pérdida de sus padres”, sentenció Nicolás Maquiavelo en su magistral tratado de sicología El Príncipe.

El faraónico artículo 55 que concede prerrogativas al gobernante de una presidencia imperial, como definió en su magnífica obra de ese mismo título el tratadista liberal norteamericano Arthur Shleisenger jr., sufrirá una poda cosmética, y el gobernante seguirá enseñoreándose ufano por sobre los otros dos poderes con el alicate de los recursos del Presupuesto que aprieta y afloja conforme a los vaivenes de las conveniencias, que eso es lo que resulta la política.