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Venezuela

Rep�blica Bolivariana de Venezuela

Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez Frías
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

La mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad continuaron impunes. Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas sufrieron amenazas, intimidación y ataques.

Información general

Hugo Chávez fue elegido presidente en diciembre para un tercer mandato de seis años. En abril, tras la firma por Colombia y Per� de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Venezuela abandonó el bloque comercial Comunidad Andina de Naciones e ingresó en la agrupación de comercio sudamericana Mercosur. El gobierno continuó implantando programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, incluidos programas para mejorar el acceso a la educación, la salud y la vivienda. Se siguió cuestionando la independencia y la imparcialidad de la judicatura. Constituía motivo de honda preocupación que la proliferación de armas pequeñas estuviera contribuyendo al aumento de la violencia.

Impunidad, intimidación y hostigamiento

Continuaron sin castigo muchas violaciones de derechos humanos, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad.

En julio se encontraron los cuerpos sin vida de ocho personas -tres mujeres, tres hombres y dos niños- en una finca situada entre las localidades de La Victoria y El Nula, región de Alto Apure, en la frontera con Colombia. Las víctimas estaban maniatadas, presentaban impactos de bala y sus cuerpos habían sido quemados. Seg�n las declaraciones de testigos y los datos preliminares recogidos por la policía, en los homicidios habían participado varios miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, sólo un militar fue acusado formalmente y enjuiciado por estos crímenes. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirmaron que este incidente formaba parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos cometidas por la misma unidad militar contra comunidades rurales en el estado de Apure.

Melquiades Villaroel fue amenazada en febrero después de que un juez condenara a cinco agentes de policía a 25 años de prisión por el homicidio de su hijo Rafael Moreno Villaroel y otras dos personas -un hombre y una niña- en El Tigre, estado de Anzoátegui, en marzo de 2001.

Fue motivo de preocupación la seguridad de la familia Mendoza en Araure, estado de Portuguesa, tras un tiroteo contra su casa en marzo. La familia Mendoza había intervenido en el juicio de 11 agentes de policía acusados del homicidio de siete personas, entre ellas tres miembros de su familia.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de amenazas y de intimidación. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por las amenazas y otros actos de franca hostilidad hacia estos activistas por parte de funcionarios del Estado, quienes relacionaron a los miembros de ese colectivo con �estrategias golpistas� o desestabilizadoras.

En abril, María del Rosario Guerrero y su esposo, Adolfo Martínez Barrios, fueron víctimas de un intento de asesinato en el estado de Guárico. Llevaban siendo objeto de una campaña de difamación e intimidación desde 2001, al parecer relacionada con la denuncia realizada por María del Rosario Guerrero sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en dicho estado. Al terminar el año, María del Rosario Guerrero recibía protección, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En septiembre, el Ministerio P�blico recomendó la desestimación del caso y el cierre de la investigación sobre las amenazas y los actos de intimidación contra miembros de una organización de derechos humanos, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC). Al terminar el año no se había producido todavía una resolución judicial acerca de dicha recomendación. Los miembros del personal de COFAVIC temían por su seguridad, ya que la desestimación de este caso podía significar la retirada de la protección policial.

Se temió que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que permitiría a las autoridades gubernamentales decidir qué ONG podrían acceder a fondos internacionales, pudiera utilizarse para restringir las actividades de los defensores de los derechos humanos.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres continuó siendo motivo de preocupación. En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ley penalizaba la violencia física, sexual y psicológica en el ámbito familiar, en la comunidad y en el trabajo, así como la esterilización forzada, la trata, la prostitución forzada y el acoso y la esclavitud sexuales. La ley establecía tribunales especializados en casos de violencia de género.

Ataques contra periodistas

Continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas.

El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por el asesinato en abril de Jorge Aguirre, fotógrafo del diario El Mundo. Seg�n los informes, Jorge Aguirre cayó abatido a tiros durante una manifestación convocada en Caracas para protestar contra el alto grado de delincuencia e inseguridad, tras el secuestro y asesinato de tres estudiantes. Se acusó formalmente de la autoría de los disparos a un ex agente de policía. Al terminar el año estaba en espera de juicio.

En agosto, Jes�s Flores Rojas, coordinador del periódico Región en El Tigre, estado de Anzoátegui, que había denunciado la corrupción de funcionarios civiles locales, recibió ocho disparos en la cabeza mientras estacionaba su automóvil en las inmediaciones de su domicilio. Seg�n los informes, los hombres presuntamente responsables de los disparos fueron abatidos a tiros por la policía, y se detuvo a tres agentes de policía acusados de participar en el homicidio de Jes�s Flores Rojas. Al terminar el año no se sabía si el Ministerio P�blico había presentado cargos.