Uganda
República de Uganda
Jefe del Estado y del gobierno: Yoweri Kaguta Museveni
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Se registraron avances en las conversaciones de paz celebradas en Sudán del Sur entre el gobierno y el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor, lo que despertó la esperanza de un posible final del conflicto que asolaba el norte de Uganda desde hacía 20 años. Las elecciones transcurrieron en un ambiente de relativa tranquilidad. El candidato presidencial de la oposición, doctor Kizza Besigye, fue absuelto del cargo de violación pero siguió acusado de traición. Continuaron los ataques a la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como los informes de torturas a personas detenidas y de acoso basado en la orientación sexual. La violencia contra las mujeres era un fenómeno generalizado. Los tribunales militares siguieron imponiendo penas de muerte.
Información general
En una ley promulgada en mayo se exigía a las ONG que se registrasen todos los años. Se creó un organismo, integrado en su gran mayoría por representantes del gobierno, para aprobar los registros.
En febrero se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales, las primeras a las que pudieron concurrir diversos partidos después de 26 años. El control de las elecciones corrió a cargo de más de 500 observadores electorales y, a pesar de algunas deficiencias, como la parcialidad de los medios de comunicación y el hecho de que las listas del censo electoral estuvieran incompletas, se consideraron en general transparentes y relativamente tranquilas. El presidente Museveni consiguió casi el 60 por ciento de los votos, mientras que su principal oponente, doctor Kizza Besigye, del Foro por el Cambio Democrático, logró el 37 por ciento. El 7 de marzo, Besigye presentó una demanda ante el Tribunal Supremo con el propósito de que se anularan los resultados electorales. El Tribunal Supremo la rechazó el 6 de abril.
Violencia durante las elecciones
Se recibieron algunos informes de actos de violencia e intimidación, sobre todo contra simpatizantes de la oposición, en especial durante las tres últimas semanas de la campaña electoral. El día de las elecciones se observó la presencia de fuerzas militares en las inmediaciones de algunos colegios electorales.
El 15 de febrero, tres simpatizantes del Foro por el Cambio Democrático murieron por heridas de bala en Kampala cuando un soldado abrió fuego contra una multitud que aguardaba la llegada de Kizza Besigye.
Juicios contra Kizza Besigye
Durante 2006, el doctor Besigye se enfrentó a tres causas distintas por cargos de terrorismo, violación y traición. Quedó en libertad bajo fianza el 2 de enero.
El 31 de enero, el Tribunal Constitucional resolvió que un tribunal militar no podía juzgar a Kizza Besigye por terrorismo cuando el Tribunal Superior ya estaba siguiendo una causa contra él por los mismos hechos. El 7 de marzo, el presidente Museveni afirmó que Besigye y los otros 22 imputados en la misma causa no serían juzgados ante un tribunal militar por terrorismo y tenencia ilegal de armas.
El juicio del doctor Besigye por violación empezó el 4 de enero. Fue absuelto el 7 de marzo tras una recomendación del jurado. El Estado señaló su intención de recurrir la absolución, pero al finalizar el año no se había presentado todavía ningún recurso de apelación.
El 15 de marzo empezó en el Tribunal Superior de Kampala el juicio por traición contra Kizza Besigye y otros 22 hombres. Prestaron declaración varios testigos, entre los que se encontraba Onen Kamdulu, ex dirigente del Ejército de Resistencia del Señor presuntamente responsable de graves abusos contra los derechos humanos, a quien se había amnistiado. La defensa impugnó su comparecencia, pero el Tribunal Constitucional resolvió en octubre que se le debía permitir testificar y que el juez sería el encargado de pronunciarse sobre la admisibilidad de su testimonio. El juicio se suspendió en mayo de 2006 después de que los abogados defensores presentaran una moción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En la moción se impugnaba la continuación de la detención de las 22 personas acusadas junto con Besigye, alegando que se les había concedido la libertad bajo fianza en virtud de una orden judicial anterior. La moción se debatió en octubre de 2006 y estaba pendiente de resolución.
En septiembre, el gobierno trató de que se anulara la concesión de la libertad bajo fianza al doctor Besigye, pero el Tribunal Constitucional confirmó la decisión del Tribunal Superior.
El conflicto del norte de Uganda
El presidente Museveni se ofreció a conceder una amnistía a los cinco máximos dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, entre ellos Joseph Kony y Raska Lukwiya, si se alcanzaba un acuerdo de paz. Este ofrecimiento se produjo a pesar de las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional había dictado contra estas personas en 2005 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A partir de julio tuvieron lugar una serie de conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor, auspiciadas por el gobierno de Sudán del Sur.
El 1 de agosto, Joseph Kony pidió una tregua. Raska Lukwiya murió en combate el 12 de ese mismo mes.
El gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor acordaron un alto el fuego el 26 de agosto. Según los términos del acuerdo, las fuerzas del Ejército de Resistencia del Señor debían concentrarse en dos zonas situadas en Sudán del Sur. A mediados de septiembre, sus combatientes habían empezado a concentrarse en las zonas de reunión convenidas, pero luego se marcharon por temor a sufrir ataques de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda.
El 2 de septiembre, el presidente Museveni pidió a la Corte Penal Internacional que mantuviera los cargos contra los miembros del Ejército de Resistencia del Señor hasta que se lograra un acuerdo de paz global, pero señaló que, una vez alcanzado este acuerdo, el gobierno intervendría para mantener a los jefes de este grupo armado «a salvo» de la Corte. A finales de septiembre, las conversaciones se estancaron por la cuestión de las órdenes de detención de la Corte, y en octubre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda afirmaron que habían reanudado su ofensiva contra los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor que no se habían concentrado en las zonas asignadas.
En noviembre, a pesar de las violaciones del alto el fuego, ambos bandos acordaron prolongarlo y continuaron las conversaciones. A partir de noviembre, mientras proseguía el proceso de paz, se adoptaron varias medidas encaminadas a fortalecer la confianza entre ambas partes; el gobierno facilitó las visitas de familiares de dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, y también las de dirigentes comunitarios del norte de Uganda que deseaban efectuar consultas con los jefes del grupo armado.
Amnistía Internacional condenó la propuesta de amnistía del presidente Museveni a los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor y afirmó que la oferta de «protección» violaba las obligaciones contraídas por Uganda en virtud del derecho internacional, dado que había sido el propio gobierno ugandés el que había remitido los casos a la Corte Penal Internacional alegando que las autoridades nacionales no podían impartir justicia por los crímenes cometidos en el norte del país.
Población desplazada en el interior
En el norte había 1,7 millones de personas desplazadas internamente, la mayoría en campos o asentamientos situados en las inmediaciones de los pueblos. Las condiciones en los campos eran penosas, con elevadas tasas de mortalidad debido a la desnutrición, la falta de instalaciones higiénicas y la inseguridad.
Después del alto el fuego, algunas personas empezaron a regresar a sus hogares, y el gobierno fijó el 31 de diciembre como fecha límite para desalojar los campos. Se identificaron varios lugares como aptos para establecer reasentamientos y, en octubre, funcionarios de la ONU calculaban que más de 300.000 personas habían abandonado los campos.
Personas refugiadas en Uganda
El gobierno aprobó en marzo un nuevo proyecto de ley sobre refugiados en el que se incorporaban disposiciones del derecho internacional relativo a las personas refugiadas.
En marzo, los gobiernos de Uganda y de Sudán del Sur firmaron un acuerdo para repatriar a refugiados sudaneses. En julio, el ACNUR, el organismo de la ONU que se ocupa de los refugiados, anunció que habían regresado 10.000 refugiados.
Algunos refugiados congoleños volvieron a República Democrática del Congo a principios de 2006, pero el aumento de la inseguridad en este país provocó la llegada de nuevos refugiados a Uganda.
Ataques contra la libertad de expresión
Continuaron los ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, sobre todo durante la campaña electoral. La policía intervino para impedir la emisión de programas sobre los candidatos presidenciales, y varios periodistas fueron detenidos durante el periodo previo a las elecciones. Se prohibió a las emisoras de radio transmitir debates o programas sobre el juicio de Kizza Besigye.
El 23 de febrero, la policía irrumpió en la emisora Radio Pacis e interrumpió un programa de entrevistas en el que participaba Kassiano Wadri, vicesecretario general del Foro por el Cambio Democrático.
El 7 de marzo, la policía entró en las oficinas de la emisora de radio independiente Choice FM en Gulu. El director de programas de la emisora fue detenido y recluido durante una noche antes de ser puesto en libertad sin cargos. También en marzo, en una fecha posterior, la policía cerró la emisora acusándola de funcionar sin licencia, a pesar de que ésta había solicitado su renovación.
Tortura y malos tratos
Se recibieron informes de torturas a detenidos por parte de las fuerzas de policía y de los servicios de seguridad del Estado, que, según los informes, utilizaban «casas de seguridad» en las que presuntos responsables de actos delictivos permanecían detenidos y eran torturados durante varios días seguidos.
El 1 de noviembre, algunos de los 22 hombres acusados de traición junto con Kizza Besigye presentaron una demanda contra las autoridades por torturas y malos tratos bajo custodia.
El 4 de mayo, según los informes, el empresario Abdu Smugenyi fue torturado hasta morir electrocutado en una «casa de seguridad» de Kampala. Había sido detenido en abril cerca de Kasese, en el oeste de Uganda, y acusado de colaboración con un grupo armado que actuaba en la República Democrática del Congo.
Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
Persistieron los abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. La homosexualidad era delito en Uganda, y los medios de comunicación, la policía y otros grupos, incluidos miembros del personal docente, perseguían y acosaban a las personas pertenecientes a estos colectivos.
En agosto, el periódico The Red Pepper publicó una lista de hombres que, según el rotativo, eran gays. Varios de los citados señalaron que, tras la publicación, habían sido objeto de acoso y ostracismo. En septiembre, el periódico publicó una lista similar de 13 mujeres a las que acusaba de ser lesbianas.
Violencia contra las mujeres
La amenaza de violencia contra las mujeres seguía siendo muy elevada, sobre todo en el conflicto que se desarrollaba en el norte, donde los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor secuestraban a numerosas jóvenes para que sirvieran como «esposas» y esclavas de los combatientes. En los campos de personas desplazadas, las mujeres y las niñas corrían también un grave peligro de sufrir actos de violencia intrafamiliar, así como agresiones cuando llevaban a cabo tareas cotidianas como recoger leña.
La policía afirmó que, entre enero y julio de 2006, al menos 989 jóvenes habían sido violadas en campos de desplazados situados en los cinco distritos del norte.
Pena de muerte
Desde 1999 no se llevaban a cabo ejecuciones en aplicación de condenas impuestas por tribunales civiles.
Los tribunales militares continuaron imponiendo penas de muerte y ordenando ejecuciones, aunque no se conocía con precisión el número exacto.
En febrero, el jefe de las Fuerzas de Defensa afirmó que, entre 2003 y 2005, se había condenado a muerte y ejecutado a 26 militares de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda por haber matado a civiles cuando estaban de servicio en el norte de Uganda.
En septiembre se condenó a muerte por ahorcamiento a Abubaker Mugwanate, soldado de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, por haber asesinado a un estudiante.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Declaraciones
• Uganda: Amnistía Internacional pide una alternativa efectiva a la impunidad (Índice AI: AFR 59/004/2006)
• Uganda: Lesbian, gay, bisexual and transgender people targeted (Índice AI: AFR 59/006/2006)
• Uganda: Temor por la seguridad y hostigamiento. 13 mujeres (Índice AI: AFR 59/007/2006)
Palabras clave : África , Uganda , conflicto , personas desplazadas , libertad de expresión , lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero , tortura y otros malos tratos , violencia contra las mujeres