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BOLIVIA

Rep�blica de Bolivia

Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma (sustituyó a Eduardo Rodríguez Veltzé en enero)
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Dos campesinos resultaron muertos durante un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad para erradicar cultivos de coca. Hubo manifestaciones para reclamar el derecho a la tierra. Se recibieron informes de muertes en enfrentamientos violentos entre mineros. Las condiciones penitenciarias eran deficientes.

Información general

En enero tomó posesión de su cargo el presidente electo, Evo Morales Ayma, líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Se anunció un plan nacional de desarrollo con el objetivo de mejorar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia y de poner fin a la discriminación. Sin embargo, al terminar el año no se disponía de información acerca de su aplicación.

Se emprendió un programa de reformas que incluía la formación de la Asamblea Constituyente. La Asamblea inició sus sesiones en agosto para redactar una nueva Constitución. En mayo se aprobó un decreto que disponía la nacionalización del petróleo y el gas, la renegociación de los contratos con inversores y empresas extranjeros y la elevación de los impuestos, y establecía las condiciones para la adquisición de acciones por el Estado. En junio se presentó un programa de reforma agraria que incluía la distribución de tierras de titularidad estatal a campesinos e indígenas.

En noviembre, después de manifestaciones de grupos indígenas que pedían nuevas reformas, el Congreso aprobó una ley de reforma agraria y el presidente firmó su entrada en vigor. En virtud de la nueva ley, el gobierno podía expropiar las tierras privadas improductivas para redistribuirlas a la población campesina. Esta reforma contó con la oposición de los terratenientes de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que, junto con el departamento de Tarija, reclamaron durante el año la autonomía.

En diciembre se produjeron enfrentamientos en el departamento de Santa Cruz protagonizados por grupos de civiles, miembros de ONG indígenas, grupos políticos, periodistas y dirigentes comunitarios en el contexto de una consulta sobre la autonomía regional. Se prendió fuego a locales del Movimiento al Socialismo y oficinas de centros comunitarios indígenas, y se saquearon casas de miembros de grupos indígenas. Periodistas de investigación sufrieron ataques en las calles de la ciudad de Santa Cruz y algunas emisoras de radio se vieron obligadas a interrumpir su programación debido a actos de hostigamiento.

Bolivia ratificó en mayo el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, en julio el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -conocido como �Protocolo de San Salvador�- y en noviembre la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Infancia

En julio se presentó el informe de un estudio realizado por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) seg�n el cual más de 39 niños y niñas menores de un año morían cada día en Bolivia por carecer de atención adecuada, 6 de cada 10 niños y niñas carecían de medios para satisfacer sus necesidades básicas, y 5 de cada 10 vivían por debajo de la línea de pobreza. En el informe se pedía a Bolivia que reconociera el papel que desempeñaban los niños y las niñas en el desarrollo del país y que aplicara programas en materia de salud, educación y otras áreas para hacer frente a la falta de protección de la infancia y defender sus derechos.

Erradicación de cultivos de coca

En septiembre, dos campesinos perdieron la vida y uno resultó herido durante operaciones de erradicación de cultivos de coca en las inmediaciones del Parque Nacional Carrasco, en la región de Yungas de Vandiola, departamento de Cochabamba, a manos de una patrulla de las Fuerzas de Tareas Conjuntas integrada por miembros de la policía y el ejército.

Conflicto minero

En octubre, al menos nueve mineros murieron y decenas resultaron heridos en enfrentamientos entre mineros empleados por el Estado y miembros de una cooperativa independiente en la ciudad minera de Huanuni, departamento de La Paz. El conflicto, en el que presuntamente se utilizaron armas de fuego y dinamita, se desencadenó por una disputa en relación con los derechos de acceso a zonas de trabajo en la mina de estaño. Se abrió una investigación.

Condiciones penitenciarias

Se recibieron informes sobre lo deficiente de las condiciones penitenciarias. En el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, cinco reclusos perdieron la vida en abril, al parecer como consecuencia de una pelea entre bandas rivales de presos que intentaban imponer su dominio en el interior de la prisión.

En noviembre, reclusos de 19 cárceles de todo el país comenzaron una huelga de hambre para pedir juicios sin demora y mejores condiciones penitenciarias.

Impunidad

En diciembre, la Fiscalía General de Bolivia presentó acusación formal contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros por el homicidio de al menos 60 personas durante las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre de 2003. Las autoridades solicitaron la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada desde Estados Unidos para que fuera juzgado por los homicidios.

Organizaciones intergubernamentales

En noviembre, tras concluir una visita a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso de relieve las dificultades para el acceso a la justicia, en particular en las zonas rurales, y la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en lo referente a facilitar información indispensable a las autoridades judiciales. La Comisión expresó preocupación por las deficientes condiciones y el alto grado de hacinamiento en las cárceles y por el hecho de que más del 70 por ciento de la población reclusa estuviera privada de libertad sin mediar sentencia judicial. La comisión señaló asimismo que había menores recluidos junto a presos adultos.