Túnez
República de Túnez
Jefe del Estado: Zine El 'Abidine Ben ?Ali
Jefe del gobierno: Mohamed Ghannouchi
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado
Información general
La elección de Túnez en mayo como miembro del recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU suscitó críticas generalizadas de grupos de derechos humanos debido a las severas restricciones impuestas por el gobierno a las libertades fundamentales.
En noviembre, un grupo de miembros del Parlamento pidió al presidente Ben ?Ali que se presentara a la reelección en 2009, fecha en la que llevaría en el poder 22 años. En 2002 se revisó mediante referéndum la Constitución tunecina para permitir al presidente un número ilimitado de mandatos sucesivos de cinco años.
Unos 135 presos políticos quedaron en libertad condicional, 81 de ellos en febrero y el resto en noviembre, como consecuencia de amnistías presidenciales. La mayoría llevaban más de 14 años en la cárcel debido a su pertenencia a la organización islamista prohibida Ennahda (Renacimiento), tras ser condenados en juicios sin garantías celebrados ante tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun en 1992. Otros 100 miembros, aproximadamente, de Ennahda continuaban en la cárcel, algunos de ellos, según los informes, en mal estado de salud como consecuencia de las duras condiciones penitenciarias y la tortura que sufrieron mientras estaban en prisión preventiva muchos años atrás. Algunos necesitaban tratamiento médico urgente.
En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía la convocatoria de una reunión entre el Consejo de Asociación de la Unión Europea y Túnez para tratar la situación de los derechos humanos en Túnez, tras seguir impidiendo el gobierno la celebración del congreso nacional de la ONG Liga Tunecina de Derechos Humanos (Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, LTDH). La Unión Europea criticó también al gobierno de Túnez en octubre, después de que éste cancelara, poco antes de la fecha prevista para su celebración en septiembre en la ciudad de Túnez, una conferencia internacional sobre el derecho al trabajo en la región euromediterránea.
En diciembre, enfrentamientos armados en el sur de la ciudad de Túnez entre la policía y presuntos miembros del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, GSPC), presuntamente vinculado a Al Qaeda, se saldaron con decenas de muertos y heridos, entre ellos agentes de policía.
Abusos en el contexto de la «guerra contra el terror»
Siguió sin atenderse la petición del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que había solicitado visitar Túnez para evaluar la actuación del gobierno en materia de derechos humanos en el contexto de la «guerra contra el terror». Las autoridades siguieron recurriendo a la controvertida ley antiterrorista de 2003 para detener, encarcelar y juzgar a presuntos terroristas. Las personas declaradas culpables fueron condenadas a largas penas de prisión. La legislación antiterrorista y las disposiciones del Código de Justicia Militar se utilizaron asimismo contra ciudadanos tunecinos devueltos a Túnez en contra de su voluntad por las autoridades de otros países, como Bosnia y Herzegovina, Bulgaria e Italia. Mientras estaban bajo la custodia de las autoridades tunecinas, muchas de estas personas fueron acusadas formalmente de mantener vínculos con organizaciones terroristas que actuaban fuera del país. A algunas se las remitió al sistema de justicia militar. En los casos relacionados con el terrorismo, los abogados defensores se encontraron con restricciones cada vez más importantes a la hora de acceder a sus clientes.
En junio y julio, decenas de presuntos terroristas, entre ellos presuntos miembros del GSPC, fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación durante periodos de hasta varias semanas -en las que, según los informes, fueron torturados- antes de ser remitidos al Tribunal de lo Penal de la ciudad de Túnez para ser sometidos a juicio. Al terminar el año continuaban recluidos sin juicio. A muchos se los trasladó a prisiones lejanas, a cientos de kilómetros de sus familias.
Hicham Saadi, excarcelado en febrero como consecuencia de un indulto presidencial tras haber sido condenado en 2004 a 12 años de prisión por cargos relacionados con el terrorismo, fue detenido de nuevo en junio, estuvo recluido en régimen de incomunicación durante 25 días y, según los informes, fue torturado. Fue acusado formalmente de pertenecer al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. En octubre, saltó desde una ventana en un intento fallido de escapar cuando compareció ante el juez de instrucción en la ciudad de Túnez. Al terminar el año continuaba recluido en espera de juicio.
En septiembre, Badreddine Ferchichi, también conocido como Abu Malek, fue devuelto a Túnez desde Bosnia y Herzegovina, tras denegar las autoridades de este país su solicitud de asilo. Estuvo recluido varios días, durante los cuales fue presuntamente agredido, antes de comparecer ante un juez militar el 6 de septiembre y ser acusado formalmente, en virtud del Código de Justicia Militar, de «servir, en tiempo de paz, en un ejército extranjero o en una organización terrorista que opera en el extranjero». Badreddine Ferchichi había combatido como voluntario en las fuerzas musulmanas bosnias durante la guerra de 1992-1995 en la antigua Yugoslavia. Al terminar el año estaba en espera de juicio ante un tribunal militar. En caso de ser declarado culpable, podía ser condenado a un máximo de 10 años de prisión.
En febrero quedaron en libertad seis miembros del llamado grupo de Zarzis. Abdelghaffar Guiza, Omar Chlendi, Hamza Mahroug, Ridha Ben Hajj Ibrahim, Omar Rached y Aymen Mcharek, originarios de la localidad de Zarzis, en el sur de Túnez, habían sido detenidos en 2003 y encarcelados por cargos relacionados con el terrorismo en abril de 2004, tras un juicio sin garantías ante un tribunal de lo penal de la capital, Túnez. Se usaron como pruebas fundamentales en su contra confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura mientras estaban recluidos en régimen de incomunicación en prisión preventiva.
Libertad de expresión
La libertad de expresión siguió siendo objeto de severas restricciones. Al menos dos periodistas, un hombre y una mujer, que mantenían posturas críticas hacia el gobierno fueron despedidos por los directores de los periódicos en los que trabajaban, mientras que otros seguían trabajando pero se enfrentaban a presiones gubernamentales y procedimientos judiciales en un intento de intimidarlos.
En abril se impidió al Sindicato de Periodistas Tunecinos (Syndicat des journalistes tunisiens) celebrar una reunión de su junta ejecutiva, y sus miembros siguieron sufriendo actos de hostigamiento e intimidación por parte de la policía. El presidente del sindicato, Lotfi Hajji, estuvo detenido durante un breve periodo al menos en tres ocasiones durante el año.
Las autoridades intensificaron el hostigamiento contra las mujeres que se cubrían la cabeza con el hiyab (pañuelo islámico). Esto sucedió después de unas declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores e Interior y del secretario general del partido político gobernante, Agrupación Constitucional Democrática (Rassemblement constitutionnel démocratique), en contra del aumento del uso del hiyab por las mujeres y niñas y de las barbas y el qamis (camisa hasta la rodilla) por los hombres. En esas declaraciones se pedía la aplicación estricta del decreto 108 de 1985 del Ministerio de Educación, que prohibía a las mujeres cubrirse con el hiyab en el interior de instituciones educativas y cuando trabajaran en centros oficiales. Según informes, a algunas mujeres se les ordenó quitarse el hiyab para poder entrar en escuelas, universidades o centros de trabajo, y a otras se las obligó a quitárselo en la calle. Según los informes, a algunas mujeres las llevaron a comisarías y las obligaron a firmar declaraciones en las que se comprometían a dejar de usar el hiyab.
Activistas y organizaciones de derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo víctimas de acoso, y en ocasiones de violencia física. Muchos de ellos, así como sus familiares y amigos, fueron objeto de vigilancia por parte de las autoridades, y vieron sus actividades severamente restringidas. Las autoridades siguieron denegando el reconocimiento legal a varias ONG de derechos humanos.
Se siguió impidiendo a la LTDH celebrar su sexto congreso nacional, y se prohibió el acceso a su sede de la ciudad de Túnez a todos sus miembros excepto los integrantes de su junta ejecutiva. Sus oficinas regionales también continuaron cerradas al público y a sus miembros elegidos. La causa judicial contra su junta ejecutiva se aplazó de nuevo, hasta enero de 2007. Las autoridades se pusieron en contacto con las embajadas de varios países en Túnez y al parecer amenazaron con romper las relaciones diplomáticas si sus representantes seguían reuniéndose con defensores y defensoras de los derechos humanos tunecinos. Prohibieron en particular las reuniones con miembros de la LTDH debido a los procedimientos judiciales en curso contra la organización. No obstante, miembros del personal de varias embajadas visitaron la sede de la Liga para mostrar su solidaridad.
En octubre y noviembre, funcionarios de la seguridad del Estado impusieron una vigilancia estricta alrededor de la oficina del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez (Conseil national pour les libertés en Tunisie, CNLT), ONG a la que se denegaba el registro legal. Con la vigilancia, impidieron de hecho el acceso a las oficinas de familiares de presos y de ex presos políticos. Según los informes, a algunas personas que sí entraron las detuvieron al salir, las llevaron a comisarías y las obligaron a comprometerse por escrito a no volver a visitar la oficina del Consejo.
En mayo, agentes de policía sacaron por la fuerza a Yves Steiner, miembro del comité ejecutivo de Amnistía Internacional Suiza, de un hotel de la localidad de Sidi Bou Saïd donde se celebraba la asamblea anual de Amnistía Internacional Túnez, lo llevaron al aeropuerto y lo expulsaron del país. Durante el traslado al aeropuerto, los agentes lo trataron con rudeza y le confiscaron el teléfono móvil. La víspera, en un discurso ante miembros de Amnistía Internacional Túnez, Yves Steiner había criticado las violaciones de derechos humanos en Túnez, incluidas las restricciones a la libertad de expresión y asociación.
En mayo, Hichem Osman, a la sazón presidente de Amnistía Internacional Túnez, fue detenido en la universidad donde trabajaba y permaneció recluido durante seis horas, en el transcurso de las cuales fue interrogado en relación con hechos ocurridos en la asamblea anual de Amnistía Internacional Túnez. La policía le dijo que la asamblea no se había atenido al estatuto de Amnistía Internacional Túnez, ya que había ofrecido una tribuna para criticar al gobierno y al presidente del país. A Hichem Osmam se le notificó oficialmente que se disolvería la Sección si esto volvía a ocurrir.
Independencia del poder judicial
En octubre, el jefe saliente de la delegación de la Comisión Europea en la ciudad de Túnez criticó públicamente el lento ritmo de las reformas políticas y pidió la mejora de la formación de jueces y abogados para consolidar la independencia del poder judicial.
En mayo, los profesionales de la abogacía organizaron varias sentadas para protestar contra una nueva ley por la que se creaba el Instituto Superior de la Profesión de Abogados. La protesta se debió a que el Parlamento tunecino estaba aprobando la ley sin tener en cuenta los resultados de la consulta al Colegio de Abogados, tal como se contemplaba en un convenio establecido entre la Unión Europea y Túnez sobre financiación de la reforma del sistema de justicia. El Instituto, que estaría bajo la supervisión de los Ministerios de Justicia y Educación Superior, sería responsable de la formación de los futuros abogados, labor encomendada hasta entonces al Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados Tunecinos. Los abogados se oponían a la ley por entender que socavaba la independencia judicial. Muchos abogados fueron agredidos físicamente por la policía durante las sentadas.
En septiembre se impidió a la magistrada Wassila Kaabi, miembro del consejo ejecutivo de la Asociación de Magistrados Tunecinos, viajar a Hungría para participar en una reunión de la Unión Internacional de Magistrados. En virtud de la legislación tunecina, los miembros de la judicatura necesitaban un permiso del secretario de Estado de Justicia si deseaban salir del país.
Presos de conciencia
Quienes criticaban al gobierno o se oponían a él seguían corriendo el riesgo de ser encarcelados o de sufrir actos de hostigamiento e intimidación debido a la expresión pacífica de sus ideas.
Mohammed Abbou, preso de conciencia, se declaró en huelga de hambre en varias ocasiones para protestar por continuar detenido y por los malos tratos que le inflingían las autoridades en la prisión de El-Kef. Su esposa y los hijos de la pareja sufrieron actos de hostigamiento e intimidación en varias ocasiones por parte de agentes de policía que estaban constantemente apostados en el exterior de su domicilio en la ciudad de Túnez. En noviembre, Mohammed Abbou fue trasladado al hospital de El-Kef para ser sometido a pruebas renales. En diciembre, su esposa Samia, junto con Samir Ben Amor, abogado, Moncef Marzouki, dirigente de la oposición, y Slim Boukhdir, periodista, intentaron visitarlo en la cárcel. La policía les dio el alto en nueve ocasiones durante el trayecto de Túnez a El-Kef, supuestamente para comprobar su identidad y la documentación del automóvil. Más tarde, cuando salían de un restaurante de El-Kef, fueron atacados por un grupo de unos 50 hombres, mujeres y jóvenes no identificados que los insultaron, empujaron, golpearon con los puños y escupieron. Los cuatro lograron escapar de los agresores y regresar a su vehículo. Cuando llegaron a la entrada de la prisión aparecieron otras personas que los atacaron y les impidieron entrar en el centro penitenciario. Los dos ataques se produjeron en presencia de agentes de policía que no actuaron para protegerlos ni para apresar a los agresores.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Visita
• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Túnez en julio y se reunió con defensores de los derechos humanos, autoridades gubernamentales y representantes de gobiernos de la Unión Europea.
Palabras clave : Oriente Medio y Norte de África , Túnez , activismo , libertad de expresión , presos de conciencia , "guerra contra el terror"