Timor Oriental
República Democrática de Timor Leste
Jefe del Estado: Kay Rala Xanana Gusmão
Jefe del gobierno: José Manuel Ramos-Horta (sustituyó a Mari Bim Amude Alkatiri en julio)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Hasta 38 personas murieron y en torno a 150.000 quedaron desplazadas al huir de los combates. El poder judicial y la policía seguían siendo instituciones débiles. Continuó existiendo impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con el referéndum sobre la independencia celebrado en 1999.
Información general
Tras los hechos violentos de abril y mayo, la misión de la Oficina de la ONU en Timor-Leste, de un año de duración, se prorrogó de mayo a agosto. Fue sustituida por la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste, que tenía el mandato de promover la estabilidad y apoyar las elecciones nacionales de 2007 y contaba con 1.608 agentes de policía integrados en un cuerpo civil de mantenimiento de la paz.
En enero entró en vigor un nuevo Código de Procedimiento Penal que reforzó las garantías de los derechos de los sospechosos.
Violencia, homicidios y desplazamientos forzados
En marzo, cerca de 600 soldados, que constituían más de un tercio de las fuerzas armadas, fueron despedidos tras protestar por la discriminación y las deficientes condiciones de trabajo. Durante abril y mayo estallaron en la capital, Dili, violentos enfrentamientos entre los soldados despedidos y sus partidarios, las fuerzas armadas y la policía. Se calcula que 38 personas murieron y en torno a 150.000 quedaron desplazadas internamente. En mayo llegó al país una fuerza internacional de mantenimiento de la paz formada por tropas de Australia, Malaisia, Nueva Zelanda y Portugal.
En octubre, la Comisión Especial Independiente de Investigación de la ONU para Timor-Leste concluyó que la violencia era «la expresión de problemas muy arraigados inherentes a instituciones estatales frágiles y de la debilidad del estado de derecho». Recomendó el procesamiento de varias personas -entre ellas dos ex ministros- por estar implicadas en la utilización o circulación ilegales de armas, y de dirigentes rebeldes clave, y que se continuase investigando sobre la presunta participación del ex primer ministro Mari Alkatiri en el proceso de armar ilegalmente a civiles.
El gobierno accedió a la creación de un programa para rehacer la fuerza policial nacional, que se había desintegrado en Dili en mayo. En septiembre comenzó la inspección rigurosa de todo el personal policial existente con base en Dili, como requisito previo para volver a trabajar.
A lo largo de 2006 continuaron produciéndose actos violentos esporádicos, como la quema y el apedreamiento de casas. Se recibieron informes de violencia perpetrada por grupos no identificados en el entorno de los campos de personas desplazadas. Los enfrentamientos entre bandas causaron varias muertes. Al finalizar el año, muchas de las personas desplazadas vivían aún en refugios temporales.
Libertad de expresión y de reunión
La Ley sobre Libertad de Reunión y Manifestación, aprobada en enero, contenía disposiciones que podrían restringir los derechos de reunión y de manifestación pacífica.
Un Nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero, se retiró para su revisión tras las críticas generalizadas sobre las disposiciones que restringían la libertad de expresión. Estipulaba hasta tres años de cárcel por difamación de una figura pública.
Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
Los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia se resistieron a las nuevas iniciativas planteadas para procesar a todas las personas responsables de delitos graves cometidos en Timor Oriental en 1999. El gobierno no tomó en consideración el informe elaborado por la Comisión nacional para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación, que el presidente había presentado ante el Parlamento en noviembre de 2005.
Comenzó su trabajo la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental para documentar los delitos cometidos en 1999 y promover la reconciliación. Las competencias de su mandato para recomendar la amnistía de responsables de violaciones graves de derechos humanos habían sido ampliamente criticadas.
En julio, el secretario general de la ONU presentó un nuevo informe sobre justicia y reconciliación para Timor Oriental. El informe fue elaborado en respuesta a la petición que el Consejo de Seguridad de la ONU había hecho al secretario general para que revisase el informe anterior de la Comisión de Expertos con un «enfoque viable en la práctica» que tuviese en cuenta las opiniones de los gobiernos de Indonesia y Timor Oriental. Recomendó la puesta en marcha de un nuevo programa de asistencia de la ONU que incluyese la creación de un equipo experimentado para concluir las investigaciones pendientes sobre delitos graves cometidos en 1999 y que abarcase también el reforzamiento de la capacidad del sistema judicial nacional para procesar a los responsables.
Palabras clave : Asia y Oceanía , Timor Leste , libertad de expresión , impunidad , homicidios