África

La situación de los derechos humanos siguió siendo frágil en muchas partes de África. Los conflictos armados, el subdesarrollo, la pobreza extrema, la corrupción generalizada, la desigual distribución de los recursos, la represión política, la marginación, la violencia étnica y civil y la pandemia del VIH/sida continuaron socavando el disfrute de los derechos humanos en toda la región.

Aunque los conflictos armados estaban disminuyendo, muchos países continuaban viéndose afectados por ellos y, en consecuencia, varios millones de personas refugiadas e internamente desplazadas, entre ellas menores y ancianos, seguían sin acceso a condiciones básicas de vivienda, protección y atención.

La mayoría de los Estados reprimieron la disidencia y la libre expresión de opiniones. Algunos gobiernos autorizaron o toleraron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como el hostigamiento de activistas políticos de oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas. En toda la región, las personas sometidas a investigaciones criminales continuaron corriendo grave peligro de tortura, en parte debido a la deficiente formación y supervisión de la policía y a las presiones públicas para que ésta actuara para reducir el elevado índice de criminalidad.

El disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la alimentación, al alojamiento y a la educación, seguía siendo un mero sueño para la inmensa mayoría de la población de África. La corrupción y la insuficiente inversión en servicios sociales contribuían a perpetuar la pobreza.

Conflictos armados

Al menos una docena de países de África se veían afectados por conflictos armados. Algunas de las causas subyacentes eran la marginación de ciertas comunidades, la proliferación de armas pequeñas y las luchas por el poder geopolítico y el control de los recursos naturales.

Aunque hubo numerosos procesos de paz y de mediación internacional, países como Burundi, Chad, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, Somalia y Sudán seguían sumidos en conflictos o sufrían sus consecuencias. En todos ellos siguieron cometiéndose abusos contra los derechos humanos de la población civil, cuyos sectores más afectados eran las mujeres, los menores y los ancianos. La situación imperante en Chad, República Centroafricana, Somalia –con la intervención de Etiopía– y Sudán daba testimonio de la intensificación de los conflictos en África Central y Oriental.

Incluso en los países con procesos de paz en curso, como Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Sudán, los gobiernos no ofrecían medidas de protección suficientes a la población civil, que seguía siendo víctima de ataques.

Pese al Acuerdo de Paz de Darfur, el conflicto que afectaba a esta región sudanesa no cesó. El gobierno de Sudán no tomó medidas para desarmar a la milicia armada yanyawid, que lanzó ataques contra la población civil de Sudán y del este de Chad. Decenas de miles de habitantes de Darfur, que habían huido de los homicidios, las violaciones y los saqueos, vivían en campos de refugiados de Chad y República Centroafricana, sin posibilidad de volver a sus lugares de origen. Al concluir 2006, al menos 200.000 personas habían muerto y 2,5 millones se habían visto obligadas a desplazarse internamente.

Grupos armados de oposición de Chad, Costa de Marfil y Sudán perpetraron abusos contra los derechos humanos, y en Chad, República Centroafricana y Sudán continuaron atacando a las fuerzas de sus respectivos países, utilizando otros países como base.

A pesar de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en República Democrática del Congo en julio y octubre, el proceso de paz y la estabilidad futura del país seguían gravemente amenazados, en particular debido a que no se reformó el nuevo ejército nacional para convertirlo en una fuerza profesional y apolítica que respetase los derechos humanos. El ejército cometió numerosas y graves violaciones de derechos humanos sin que el gobierno excluyera de sus filas a los presuntos autores. Grupos armados congoleños, así como grupos armados de Burundi, Ruanda y Uganda presentes en República Democrática del Congo, amenazaron también la paz y cometieron abusos graves contra los derechos humanos. La falta de seguridad limitó el acceso a la ayuda humanitaria en muchas zonas del este.

La proliferación de armas pequeñas siguió siendo un grave problema, en especial en Burundi, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán, países en los que contribuyó a crear un círculo vicioso de violencia, inestabilidad, situaciones de derechos humanos funestas y crisis humanitarias.

En Angola, el gobierno y el Foro de Cabinda para el Diálogo firmaron un Memorándum de Entendimiento para la Paz y la Reconciliación en Cabinda con el que se ponía formalmente fin al conflicto de Cabinda. No obstante, ambas partes siguieron lanzando ataques esporádicos contra la población civil.

En Costa de Marfil, a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos por parte, en especial, de la ONU y la Unión Africana, continuaron recibiéndose informes de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad del gobierno y por las Fuerzas Nuevas, coalición de grupos armados que controlaba el norte del país desde septiembre de 2002. Ambas partes aplazaron reiteradamente el desarme y la desmovilización, y el programa de reintegración quedó estancado por discrepancias en relación con su calendario de aplicación.

En Somalia, las milicias de la Unión de Tribunales Islámicos, que habían conquistado Mogadiscio en junio, fueron derrotadas en diciembre por una fuerza etíope que apoyaba al Gobierno Federal de Transición, reconocido por la comunidad internacional. Persistía la incertidumbre sobre el despliegue de una fuerza de apoyo a la paz de la Unión Africana, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, para proteger a este gobierno.

La disputa fronteriza entre Etiopía y Eritrea seguía siendo fuente de tensiones.

Derechos económicos, sociales y culturales

La realización de los derechos económicos, sociales y culturales siguió siendo apenas un sueño en casi todos los países de África. La inestabilidad de la economía, el subdesarrollo, la insuficiente inversión en servicios sociales básicos, la corrupción y la marginación de ciertas comunidades eran algunos de los factores que explicaban por qué no se hacían efectivos estos derechos humanos fundamentales. En países como Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo y Sudán, la existencia de petróleo y otros minerales seguía destrozando la vida de la población en lugar de mejorarla, a causa de los conflictos, la corrupción y las luchas de poder.

Se dejó sin hogar de forma deliberada a cientos de miles de personas de muchos países africanos. Al desalojar por la fuerza a la población sin seguir el debido procedimiento legal, ofrecer indemnizaciones adecuadas ni proporcionar albergue alternativo, los gobiernos violaron el derecho humano al alojamiento y a una vivienda adecuada, reconocido por la comunidad internacional.

Se tuvieron noticias de estos desalojos, a menudo acompañados de uso desproporcionado de la fuerza y de otros abusos, en Angola, Guinea Ecuatorial, Kenia, Nigeria y Sudán. En una ocasión, en agosto, personal pertrechado con buldóceres llegó sin previo aviso a Dar al Salam, asentamiento para personas desplazadas situado 43 kilómetros al sur de Jartum (Sudán) y empezó a demoler las viviendas de unas 12.000 personas, muchas de las cuales habían huido de la sequía, el hambre, la guerra civil entre el norte y el sur y, más recientemente, el conflicto de Darfur. Otras 50.000 personas de Sudán continuaron enfrentándose al desalojo a causa de la construcción de la presa de Meroe; en 2006, en la zona de Amri, un total de 2.723 familias tuvieron que desocupar sus viviendas en un plazo de seis días y, según informes, no se les proporcionó cobijo, alimentos ni medicinas.

La pandemia del VIH/sida continuó amenazando a millones de africanos. En 2006, según el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el virus causó 2,1 millones de muertes e infectó a otros 2,8 millones de personas, con lo que la cifra total de personas que vivían con el VIH/sida en el continente ascendió a 24,7 millones.

Las mujeres y las niñas seguían teniendo un 40 por ciento más de probabilidades de infectarse con el VIH que los hombres, y a menudo eran quienes soportaban la mayor carga en el cuidado de los enfermos. La violencia contra las mujeres y las niñas en algunos países también aumentaba el riesgo de infección del VIH.

Siguieron reforzándose las respuestas al VIH/sida a nivel nacional en todo el continente. Continuó la introducción de tratamientos con antirretrovirales, aunque de forma desigual. En junio, el ONUSIDA calculó que más de un millón de africanos recibían tratamiento vital con antirretrovirales, es decir, el 23 por ciento de las personas que lo necesitaban.

En Sudáfrica, el país con mayor número de personas que vivían con el VIH/sida, el gobierno dio señales de mayor apertura a la participación de organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de una respuesta efectiva a la pandemia.

En la cumbre especial de la Unión Africana sobre el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria celebrada en Abuja (Nigeria) en mayo, los gobiernos africanos se comprometieron a facilitar el «acceso universal a tratamientos, cuidados y servicios de prevención para todas las personas antes de 2010». Este llamamiento se reiteró poco después, aunque con pocos compromisos concretos, en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA. Los Estados miembros de la ONU se comprometieron a trabajar para lograr el acceso universal a tratamiento, asistencia y prevención antes de 2010. Países de toda la región estaban definiendo objetivos e indicadores nacionales con vistas a alcanzar esa meta.

La tuberculosis y la malaria también representaban una grave amenaza en muchas zonas. En 2006, la tuberculosis acabó con la vida de más de 500.000 personas en toda la región, mientras que unos 900.000 africanos, sobre todo menores de corta edad, murieron de malaria aguda.

Represión de la disidencia

Continuó la represión de la disidencia en muchos países. Las autoridades de Eritrea, Etiopía, Ruanda, Sudán, Uganda y Zimbabue eran algunas de las que utilizaban un sistema de licencias o acreditación 33 para restringir el trabajo de los periodistas y, por tanto, coartaban la libertad de expresión. En algunos Estados continuaron promulgándose leyes antiterroristas y de orden público para restringir la disidencia y el trabajo de quienes defendían los derechos humanos, y estos últimos estaban especialmente expuestos en Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudán y Zimbabue.

En Etiopía, por ejemplo, se procesó a líderes de partidos de oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos, a quienes Amnistía Internacional consideró presos de conciencia, por cargos de traición, intento de genocidio y conspiración armada. En Eritrea se recluyó a miembros de iglesias evangélicas minoritarias a causa de sus creencias, y ex autoridades gubernamentales, parlamentarios y periodistas seguían privados de libertad sin juicio; se temía que muchos de ellos hubieran muerto.

Pena de muerte

La aplicación de la pena de muerte siguió siendo generalizada y había presos en espera de ejecución en varios países de la región, incluidas unas 600 personas en Ruanda. Por otro lado, las autoridades de Tanzania conmutaron todas las condenas de muerte en 2006, y el partido gobernante de Ruanda recomendó la abolición de la pena capital.

En República Democrática del Congo, tribunales militares siguieron imponiendo la pena de muerte en juicios carentes de garantías, aunque no se recibieron informes de ejecuciones. En Guinea Ecuatorial se ejecutó públicamente a una persona por asesinato.

Impunidad

En muchas partes del continente, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos –incluidos homicidios, tortura y malos tratos– con impunidad. Sin embargo, se produjeron importantes acontecimientos en la lucha contra la impunidad por crímenes de guerra y otros delitos graves de derecho internacional.

Funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visitaron Jartum en 2006; en marzo de 2005 el Consejo de Seguridad de la ONU había remitido a la Corte la situación de Darfur.

En Uganda continuaron en vigor las órdenes de detención dictadas en 2005 contra dirigentes del grupo político armado Ejército de Resistencia del Señor, entre ellos Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen, pero no se detuvo a los acusados. Los líderes del grupo manifestaron que no se comprometerían a suscribir un acuerdo de paz a menos que se anularan las órdenes de detención, pero al concluir el año éstas seguían vigentes.

En República Democrática del Congo, Thomas Lubanga Dyilo, líder de la Unión de Patriotas Congoleños, grupo armado de Ituri, fue detenido y acusado de crímenes de guerra, en concreto de reclutar y utilizar en hostilidades a personas menores de 15 años. Posteriormente fue entregado a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos).

En marzo, el ex presidente liberiano Charles Taylor fue entregado a su país por Nigeria, país en el que había estado viviendo. A continuación fue transferido al Tribunal Especial para Sierra Leona para ser enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado de Sierra Leona. Además, el Tribunal Especial seguía celebrando tres juicios contra los máximos responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidas durante la guerra civil de Sierra Leona después del 30 de noviembre de 1996.

En Etiopía terminó en diciembre, tras 12 años, el juicio contra el ex presidente Mengistu Hailemariam, que fue condenado por genocidio, homicidios masivos y otros crímenes. Junto con otros 24 miembros del gobierno militar del Dergue (19741991), fue enjuiciado in absentia mientras permanecía exiliado en Zimbabue. El presidente de este país, Robert Mugabe, se había negado a extraditarlo con fines de procesamiento.

En julio de 2006, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana pidió a Senegal que juzgara a Hissène Habré, ex presidente de Chad, por los crímenes contra la humanidad que había cometido durante su mandato (1982-1990). Hissène Habré vivía en Senegal desde su derrocamiento. En 2005, un juez belga había dictado una orden de detención internacional por tortura y otros crímenes cometidos bajo su gobierno. En noviembre de 2006, el Consejo de Ministros de Senegal aprobó un proyecto de ley por el que se permitía juzgar al ex presidente.

Continuaron los juicios de destacados sospechosos de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que, al finalizar el año, tenía 57 sospechosos bajo su custodia y estaba celebrando 10 juicios. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió al Tribunal que concluyera todos los juicios antes del final de 2008. Sin embargo, el Tribunal no dictó acta de acusación formal ni entabló proceso contra líderes del extinto Frente Patriótico Ruandés, de quienes se creía en general que habían autorizado, tolerado o perpetrado crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en 1994.

En Ruanda seguía habiendo motivos de preocupación en torno a la imparcialidad y la equidad de los tribunales gacaca, sistema comunitario de tribunales establecido en 2002 para juzgar a presuntos autores de crímenes cometidos durante el genocidio de 1994.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas siguió siendo generalizada, y sólo unos pocos países estaban estudiando medidas legislativas para abordar el problema. Los parlamentos de Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabue continuaron debatiendo proyectos de ley sobre la violencia en el ámbito familiar y los delitos sexuales.

En particular, en Sudáfrica y Suazilandia, la omnipresencia de la violencia de género continuaba poniendo a las mujeres y las niñas en peligro de contraer el VIH/sida, ya fuera directamente o porque se impedía su acceso a información, prevención y tratamiento. La violencia de género se sumaba al estigma y la discriminación para obstaculizar el acceso a tratamiento de las mujeres y niñas que vivían con VIH/sida.

La práctica de la mutilación genital femenina seguía siendo generalizada en algunos países, sobre todo en Sierra Leona, Somalia y Sudán.

En República Democrática del Congo, las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados violaron a mujeres y niñas, que después tuvieron poco o ningún acceso a cuidados médicos adecuados.

En Darfur continuó la violación sistemática de mujeres a manos de las milicias yanyawid. Entre junio y agosto, el número de mujeres agredidas y violadas cuando buscaban leña cerca del campo de Kalma, en las proximidades de Nyala, en el sur de Darfur, aumentó de unas tres o cuatro al mes hasta unas 200 mensuales.

En Nigeria, se recibieron informes frecuentes de violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados por funcionarios del Estado. Estos abusos permanecieron impunes. En Costa de Marfil continuaban los informes sobre actos de violencia sexual contra mujeres en las zonas controladas por el gobierno y en la región ocupada por las Fuerzas Nuevas.

Instituciones regionales y derechos humanos

Aunque su Acta Constituyente subraya la importancia primordial de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente, la Unión Africana distó de cumplir su compromiso con los derechos humanos y siguió mostrándose reticente a criticar públicamente a los líderes africanos que no protegían estos derechos, en especial, en Sudán y Zimbabue.

La combinación de la falta de voluntad política y de capacidad de la Unión Africana para poner fin a los conflictos en curso en lugares como Darfur, así como la apatía de la comunidad internacional, capacitada para actuar pero sin voluntad de hacerlo, dejó a millones de civiles a merced de gobiernos beligerantes y despiadados caudillos militares.

Muchas de las instituciones mencionadas en el Acta Constituyente de la Unión Africana entraron plenamente en funcionamiento en 2006, pero su 35 impacto sobre la vida de las personas fue escaso o nulo. Sin embargo, la elección de 11 jueces para la recién establecida Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos mejoró las perspectivas de desarrollo de una cultura que respetara el Estado de derecho y los derechos humanos en la región. La Corte se reunió por primera vez en julio, y los jueces empezaron a redactar sus reglas de procedimiento. Al concluir el año se estaba negociando un proyecto de instrumento jurídico relativo al establecimiento de un tribunal mixto compuesto por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Justicia.

El Mecanismo Africano de Revisión por Pares completó su examen de Ghana, Ruanda y Sudáfrica pero no publicó sus conclusiones. Los Estados continuaron negando a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que seguía siendo el único órgano regional de derechos humanos operativo, los recursos humanos, materiales y económicos que necesitaba con urgencia para responder a los numerosos problemas de la región en la esfera de los derechos humanos.

La corrupción masiva y generalizada que reinaba en el continente siguió contribuyendo al círculo vicioso de la pobreza extrema, que se manifestaba en violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos –en especial los derechos económicos y sociales–, en la debilidad de las instituciones y de los líderes, y en la marginación de los sectores más vulnerables de la población, particularmente las mujeres y los menores.