Canadá
Canadá
Jefa del Estado: Reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean
Jefe del gobierno: Stephen Harper (sustituyó a Paul Martin en enero)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Fueron motivo de preocupación las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas indígenas. Las leyes y prácticas antiterroristas no se ajustaban a las normas de derechos humanos.
Derechos de los pueblos indígenas
No hubo una estrategia nacional integral para abordar la continuidad de la discriminación y la violencia contra las mujeres indígenas. Las políticas y prácticas de las fuerzas policiales para responder a esa violencia fueron contradictorias.
No se observaron avances en la resolución del prolongado conflicto sobre tierras con el pueblo indígena lubicon cree de Alberta, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Canadá en 1990 y 2005 a que hiciera todos los esfuerzos posibles para resolverlo.
Se temió que el enfoque de la protección infantil a los menores indígenas fuera discriminatorio, tanto por su grado de financiación como por el nivel desproporcionadamente elevado de menores indígenas objeto de dicha protección.
Derechos humanos de las mujeres
En septiembre sufrió un recorte considerable el presupuesto de Condición de la Mujer Canadá, la agencia del gobierno federal responsable de promover la igualdad de género. Nuevas restricciones obstaculizaron las actividades de defensa realizadas por organizaciones que recibían financiación de la agencia.
No se registraron avances en la aplicación de las recomendaciones formuladas por una investigación pública realizada en 1996, por un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá publicado en 2003 y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2005. Conforme a dichas recomendaciones, debía establecerse un organismo independiente encargado de recibir las quejas de las mujeres recluidas en instituciones penitenciarias federales.
Abusos policiales
Persistieron los motivos de preocupación por el uso excesivo de la fuerza relacionado con el empleo de armas Taser. En agosto, Jason Doan murió en Red Deer, Alberta, tras ser reducido por la policía mediante una pistola Taser, lo que elevó a 15 el número de muertes causadas por el uso de esta clase de armas desde abril de 2003.
Seguridad y derechos humanos
Tres musulmanes detenidos de conformidad con certificados de seguridad expedidos con arreglo a la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados continuaron recluidos, y otros dos estaban en libertad bajo fianza con condiciones rigurosas. Estos hombres corrían grave peligro de tortura si los expulsaban del país. Al terminar el año estaban pendientes de resolución los recursos presentados ante la Corte Suprema de Canadá en tres de estos casos.
En septiembre y diciembre se hicieron públicos dos informes de una investigación pública sobre el papel desempeñado por Canadá en el caso de Maher Arar, que en 2002 fue expulsado a Siria, donde lo recluyeron sin cargos y lo sometieron a torturas. El primer informe absolvía a Maher Arar, recomendaba que se le concediera una indemnización y proponía numerosas reformas. En diciembre, el gobierno anunció una investigación sobre los casos de otros tres canadienses con doble nacionalidad que habían sido torturados en el extranjero: Abdullah Almalki, Ahmad Abou El-Maati y Muyyed Nureddin.
En octubre, una comisión parlamentaria recomendó que se renovaran por cinco años las disposiciones relativas a las vistas preventivas y de investigación de la Ley Antiterrorista de 2001.
Las fuerzas canadienses en Afganistán entregaban a detenidos a funcionarios afganos en circunstancias que entrañaban un grave peligro de tortura y malos tratos.
Protección de personas refugiadas
El nuevo gobierno se negó a aplicar las disposiciones de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de 2001 por las que se establecía una Dirección de Apelaciones para Refugiados.
Se presentó una demanda contra el acuerdo sobre «terceros países seguros» suscrito por Canadá y Estados Unidos. En virtud de este acuerdo, la mayoría de las personas llegadas a Canadá a través de Estados Unidos que aspiraban a que se les reconociera la condición de refugiado debían presentar sus solicitudes en Estados Unidos, donde se temía que algunas pudieran ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Se esperaba que la vista ante el tribunal comenzase en febrero de 2007.
Las leyes que regulaban la inmigración no prohibían de forma absoluta la expulsión de personas a países donde podían correr grave peligro de ser víctimas de tortura. En octubre, un juez de la Corte Federal falló que no existían «circunstancias excepcionales» que justificaran la expulsión de Mahmoud Jaballah a Egipto, donde corría peligro de ser torturado.
Palabras clave : América , Canadá , personas indígenas , personas refugiadas y solicitantes de asilo