Países Bajos
Reino de los Países Bajos
Jefa del Estado: reina Beatriz
Jefe del gobierno: Jan Peter Balkenende
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Denuncias de crímenes de guerra
Al surgir los informes que indicaban que, en 2003, miembros de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas neerlandesas habían sometido a malos tratos a varias personas detenidas en la provincia de Al Muthana, en Irak, el ministro de Defensa confirmó en noviembre que un comité independiente examinaría los métodos de interrogatorio utilizados por los miembros de los Servicios de Seguridad e Inteligencia Militar que se encontraban en Irak en aquel momento, como el uso de gafas de esquí, música a gran volumen, ruidos estridentes y agua. El Ministerio de Defensa confirmó posteriormente que se habían utilizado estos métodos.
También salió a la luz que, ya en noviembre de 2003, la Real Policía Militar y de Fronteras había investigado el trato que recibían las personas detenidas por los Servicios de Seguridad e Inteligencia Militar, y que en 2004 la Fiscalía había llegado a la conclusión de que no se había cometido ningún delito. Ni el Parlamento ni la ciudadanía habían sido informados previamente sobre las denuncias o las investigaciones.
El Comité Permanente de Revisión de los Servicios de Seguridad e Inteligencia anunció que se realizaría una investigación por separado.
Encarcelamiento tras devolución (refoulement)
En junio, el ciudadano sirio 'Abd al-Rahman al-Musa fue condenado a muerte por pertenencia a la Hermandad Musulmana, tras un juicio injusto celebrado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado sirio. En enero de 2005, las autoridades neerlandesas no habían hecho nada para impedir su expulsión desde Estados Unidos a Siria a través de Países Bajos, ni le habían permitido ejercer su derecho a presentar una solicitud de asilo a pesar de las advertencias sobre su seguridad. Su condena a muerte fue conmutada inmediatamente por 12 años de cárcel. Según los informes, la mayor parte del tiempo estuvo recluido en régimen de incomunicación, pero finalmente se le permitió recibir algunas visitas de familiares. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia, recluido únicamente debido a sus creencias no violentas. En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró que su privación de libertad era arbitraria dada «la gravedad de la violación del derecho a un juicio justo».
Terrorismo
En noviembre se hicieron públicas oficialmente nuevas medidas legislativas cuyo objetivo expreso era combatir el terrorismo; al finalizar 2006 todavía no habían entrado en vigor. La nueva legislación aumentaba a dos años el periodo máximo de prisión preventiva para las personas acusadas de delitos de terrorismo que hasta entonces era de 104 días; estipulaba también que, durante la totalidad del periodo de prisión preventiva, la Fiscalía no estaba obligada a revelar íntegramente las pruebas de cargo. En virtud de esta legislación, la persona detenida tendría derecho a impugnar periódicamente tanto la detención como la decisión de no revelar pruebas.
En septiembre, el gobierno propuso medidas que facilitarían la retirada del permiso de residencia a ciudadanos extranjeros declarados culpables de algún delito. Esto podría hacer que aumentase el número de personas declaradas «extranjeros indeseables». Los extranjeros catalogados de este modo podrían ser expulsados y tener prohibido el regreso al país durante un máximo de 10 años; y si se quedaban en el país, podrían ser encarcelados durante un periodo hasta de seis meses. De ser sospechosos de terrorismo, podrían ser declarados «indeseables» utilizando información secreta que no se les daría a conocer ni a ellos ni a sus abogados.
Muertes y detenciones de personas migrantes
Continuaba aplicándose sin cambios la política gubernamental de detención de menores migrantes, aunque el número de menores detenidos pareció disminuir tras las protestas que se produjeron en todo el país.
En septiembre, la Junta de Seguridad, un organismo independiente, presentó un informe sobre el incendio producido en octubre de 2005 en un centro de detención temporal del aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, en el que 11 migrantes irregulares habían muerto y otras 15 personas habían resultado heridas. La Junta confirmó las inquietudes expresadas con anterioridad en relación con la inseguridad de las condiciones de reclusión en dicho centro, y concluyó que no se habían aplicado plenamente las recomendaciones sobre seguridad, que los guardias carecían de formación y no habían intervenido del modo adecuado, y que otros centros de detención presentaban deficiencias similares. El informe finalizaba diciendo que «se habrían producido menos víctimas, o se habrían evitado, si las autoridades gubernamentales responsables hubieran tomado medidas de prevención de incendios». Tras la publicación del informe, el ministro de Justicia y la ministra de Vivienda presentaron su dimisión. Sus sucesores anunciaron que se llevaría a cabo una reorganización de los departamentos del gobierno y se reforzarían las normativas sobre seguridad contra incendios; también ofrecieron hablar de la posibilidad de una indemnización para las víctimas. La investigación criminal sobre la causa del incendio seguía abierta. En abril, la Junta criticó a la ministra de Inmigración por la expulsión de supervivientes y otros testigos antes de que pudieran ser entrevistados. Poco antes de la publicación del informe se concedió permiso de residencia a la mayoría de los supervivientes que aún se encontraban en el país.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Declaración
• The Netherlands: Concerns about Schiphol fire need urgent follow up (Índice AI: EUR 35/001/2006)
Palabras clave : Europa y Asia Central , Países Bajos , presos de conciencia , personas refugiadas y solicitantes de asilo , crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad , "guerra contra el terror"