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Rep�blica del Per�

Jefe del Estado y del gobierno: Alan García (sustituyó a Alejandro Toledo Manrique en julio)
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Las comunidades marginadas continuaron sufriendo discriminación en la atención de la salud materna e infantil. Se amenazó e intimidó a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Se hicieron algunos avances a la hora de poner a disposición judicial a autores de violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores. Al final del año se temía que se ampliara el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Información general

El recién elegido presidente, Alan García, prometió aplicar planes de austeridad, incluidas reducciones del sueldo de las autoridades del gobierno y los funcionarios p�blicos, y aumentar los gastos para mejorar las condiciones de vida de las personas sumidas en la pobreza. Sin embargo, no se comprometió a aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos acordado por el gobierno al final de 2005.

En noviembre se celebraron elecciones regionales y municipales, en las que la mayoría de los votos fueron para candidatos independientes.

El Tribunal Constitucional determinó que algunos artículos de una nueva ley que regulaba el sistema de justicia del ejército y la policía eran anticonstitucionales, porque violaban los principios de independencia e imparcialidad. En diciembre, el Congreso aprobó una legislación que permitía que el sistema de justicia militar continuara vigente hasta junio de 2007.

Siguió en vigor el estado de excepción declarado en 2003 en varias provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín. Hubo informes seg�n los cuales el grupo armado Sendero Luminoso continuaba activo en estas zonas.

Un tribunal civil condenó a cadena perpetua a dos líderes de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Asimismo, se impusieron condenas de entre 25 y 35 años de prisión a otros nueve dirigentes del grupo armado. Dos más fueron absueltos. Todos ellos habían sido juzgados y declarados culpables anteriormente por tribunales militares que no habían sido independientes ni imparciales.

Derecho a la salud

Centenares de mujeres y menores de comunidades marginadas continuaron muriendo innecesariamente debido a la discriminación existente en la atención de la salud materna e infantil. A pesar del desarrollo del Seguro Integral de Salud para atender a las personas con escasos ingresos, el sistema no llegaba a muchas mujeres y menores de comunidades pobres.

Las tasas de mortalidad materna e infantil se situaban entre las más altas de la región. En las zonas rurales había el doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con la maternidad que en las urbanas, y también persistían considerables diferencias entre unas y otras con respecto al acceso a la atención médica.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Siguió sometiéndose a amenazas e intimidaciones a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, incluidas víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares suyos, testigos, fiscales y peritos judiciales, debido a sus actividades. Raras veces se investigaron las amenazas, y en ning�n caso se puso a los autores a disposición judicial.

El Congreso aprobó una legislación en virtud de la cual las ONG que solicitaran fondos internacionales tenían que ser supervisadas por las autoridades del gobierno, quienes determinarían si su trabajo se ajustaba a las políticas nacionales de desarrollo. Se temía que estas disposiciones restringieran el trabajo y la independencia de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Motivos de preocupación en relación con el medio ambiente

Decenas de manifestantes resultaron heridos y uno murió por disparos durante enfrentamientos violentos con la policía y el personal de seguridad de la mina de oro Yanacocha, en la provincia de Cajamarca. Los manifestantes bloquearon una carretera para protestar contra el impacto medioambiental del dique �El Azufre�, que la empresa minera estaba construyendo. Tras este incidente, miembros del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), ONG que apoyaba a las comunidades contrarias al proyecto, fueron víctimas de reiteradas amenazas y actos de intimidación. Un ecologista contrario al proyecto, Edmundo Becerra Corina, murió por disparos en Yanacanchilla, provincia de Cajamarca. Seg�n informes, había recibido varias amenazas de muerte por su oposición a la ampliación de las actividades de la empresa minera a los montes de San Cirilo. La agresión se produjo días antes de una reunión que había concertado con representantes del Ministerio de Energía y Minas.

Pena de muerte

Al final del año, el Congreso estaba examinando cuatro anteproyectos de ley, tres de los cuales ampliaban el ámbito de aplicación de la pena de muerte para abarcar delitos como la violación de menores y de personas con discapacidad física o mental. El cuarto regulaba la aplicación de la pena de muerte en los casos de terrorismo. En dos de los anteproyectos se proponía también la retirada de Per� de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohibía la ampliación del ámbito de aplicación de la pena capital. En 2006, la Constitución preveía la pena de muerte en caso de traición en tiempo de guerra y de terrorismo. No se había impuesto ninguna condena de muerte desde la promulgación, en 1993, de la Constitución vigente.

Justicia e impunidad

Se impusieron penas de entre 15 y 16 años de prisión a cuatro agentes de policía por la desaparición forzada del estudiante Ernesto Castillo Páez en Lima en 1990. Era la primera vez que se condenaba a miembros de las fuerzas de seguridad por desaparición forzada.

Se hicieron lentos progresos en las investigaciones y los procesamientos por 47 casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Seg�n la Defensoría del Pueblo, sólo dos nuevos casos se llevaron a los tribunales en 2006, con lo que el n�mero de casos examinados en el sistema judicial ascendió a 24. El resto de los 47 continuaban investigándose al concluir el año.

Las fuerzas armadas continuaron negándose a cooperar con los tribunales civiles que juzgaban e investigaban a militares acusados de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Se aprobó legislación para prestar asistencia jurídica a militares acusados de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. No se prestaba asistencia jurídica a las víctimas de las violaciones ni a sus familiares, a pesar de que, seg�n informes, casi el 70 por ciento de ellas no tenían acceso a asistencia letrada.

El Congreso aprobó el reglamento del Plan Integral de Reparaciones con objeto de proporcionar resarcimiento a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 20 años de conflicto armado. En octubre se creó el Consejo Nacional de Reparaciones, encargado de crear un registro oficial de víctimas.

Ollanta Humala, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones presidenciales, fue acusado de delitos entre los que se incluía el asesinato y la desaparición forzada, cometidos cuando era capitán en una base militar del departamento de San Martín, en el norte de Per�, entre 1991 y 1992. Al final del año, las investigaciones no habían concluido.

Por tercera vez, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas cerró la investigación sobre la presunta responsabilidad del presidente Alan García, de ex miembros de su gobierno y de militares de alta graduación en el homicidio de al menos 118 reclusos a manos de personal de la marina durante un motín ocurrido en 1986 en el penal de El Frontón de Lima. Organizaciones de derechos humanos que representaban a los familiares de las víctimas y algunos de los supervivientes presentaron un recurso de apelación contra la decisión. Al final del año no se había resuelto la apelación.

Organizaciones intergubernamentales

El Comité contra la Tortura expresó preocupación por las continuas denuncias de tortura presentadas contra la policía, el ejército y los funcionarios de prisiones, así como por los informes sobre represalias, intimidación y amenazas contra quienes denunciaban tales violaciones de derechos humanos. El Comité instó a Per� a garantizar la realización con prontitud de investigaciones imparciales y exhaustivas en el sistema de justicia penal civil.

El Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el alto grado de pobreza existente e instó a Per� a tomar medidas para garantizar el acceso universal a los bienes y servicios básicos, incluidas la vivienda y el agua potable, prestando especial atención a las zonas rurales y remotas.