AMÉRICA

América siguió siendo una región de enormes contrastes: englobaba algunas de las poblaciones más prósperas del mundo en América del Norte, pero también algunos de los países más pobres del planeta en el Caribe y América Latina. Sin embargo, toda la región compartía un abanico de complejos y acuciantes problemas políticos, sociales y económicos que afectaban a la realización de los derechos humanos fundamentales.

Estados Unidos, potencia económica y militar sin rival en la región y en el resto del mundo, continuó manteniendo un doble discurso sobre los derechos humanos mientras llevaba a cabo su «guerra contra el terror». Afirmaba ser el principal impulsor de la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho y, al mismo tiempo, utilizaba políticas y prácticas que burlaban algunos de los principios más básicos del derecho internacional. Al comportarse de esta manera, minaba no sólo la seguridad a largo plazo, uno de cuyos pilares fundamentales es el Estado de derecho, sino también su propia credibilidad en el escenario internacional.

En ningún lugar fue más patente la erosión de la credibilidad y la influencia de Estados Unidos que en Latinoamérica. Un número cada vez mayor de países suramericanos trataron de desvincularse de las estrategias políticas, económicas y de seguridad promovidas por Estados Unidos, y las relaciones entre este país y varios gobiernos latinoamericanos se hicieron cada vez más difíciles. Las tensiones políticas y las críticas mutuas más intensas se produjeron entre Estados Unidos y Venezuela.

Una de las características fundamentales de 2006 fue el constante fortalecimiento de los procesos democráticos y la consolidación de las instituciones democráticas. En 11 países se celebraron elecciones presidenciales, en algunos casos junto con elecciones legislativas y estatales. Los traspasos de poder se produjeron de forma pacífica, pese a las impugnaciones judiciales presentadas por algunos candidatos perdedores, como en el caso de México. Los observadores estimaron en general que las elecciones habían sido limpias.

En Cuba, el único Estado de toda la región con un solo partido, se produjo también un traspaso de poder al ser nombrado presidente interino Raúl Castro, hermano de Fidel.

El traspaso pacífico del poder político en tantos países constituyó un éxito notable en una región asolada por la inestabilidad política y las campañas electorales violentas. Muchos de los nuevos gobiernos resultaron elegidos en función de programas electorales contra la pobreza impuestos por electorados cada vez más frustrados ante el fracaso de las políticas económicas imperantes a la hora de reducir la pobreza. La consolidación de los procesos democráticos brindó una oportunidad sin precedentes para que los gobiernos de la región abordaran las persistentes violaciones de derechos humanos y la pobreza generalizada.

De hecho, después de decenios de desatender problemas sociales y económicos muy arraigados, se observaron indicios alentadores de que algunos gobiernos latinoamericanos empezaban a ir más allá de un compromiso meramente retórico con los derechos humanos y empezaban a adoptar y aplicar políticas sociales y económicas capaces de hacer frente a las persistentes desigualdades en la región.

Entre las promesas formuladas por algunos nuevos gobiernos figuraba la adopción de reformas para solucionar deficiencias estructurales como la desigualdad en la posesión de la tierra, la inveterada discriminación en el sistema judicial y la falta de acceso a los servicios básicos, factores que fomentaban las violaciones de derechos humanos.

No obstante, los avances se producían con lentitud y Latinoamérica siguió siendo una de las zonas del mundo con mayores desigualdades económicas. La pobreza seguía siendo endémica y la mayoría de las personas seguían viendo negado o limitado su acceso a servicios básicos como la salud y la educación. A las poblaciones rurales pobres en especial se les negaba el acceso a la justicia y a los servicios básicos; el Estado no atendía las necesidades de extensas zonas rurales, sumiendo en el aislamiento y en la inseguridad a un gran número de personas.

Las elevadas expectativas corrían el peligro de truncarse debido a que la democracia y el buen gobierno estaban amenazados por la debilidad crónica de las instituciones y socavados por la falta de independencia del poder judicial, la impunidad y la corrupción endémica.

En América, la sociedad civil siguió desempeñando un papel cada vez más relevante a la hora de cuestionar la ausencia de rendición de cuentas de los gobiernos y la falta de acceso de las personas pobres de la región a los servicios públicos y al sistema judicial. Defensores y defensoras de los derechos humanos constituyeron un elemento clave de la lucha en favor de los derechos políticos, económicos y sociales. Su trabajo contribuyó a poner de relieve las desigualdades sociales y económicas en la región, y tuvieron un papel crucial en la legitimación de la lucha de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, las mujeres y el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero.

La oposición popular a los gobiernos comportó con frecuencia protestas sociales prolongadas y multitudinarias, que provocaron a menudo acciones represivas por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la crisis política registrada en Oaxaca (México), desencadenada por una huelga general del personal docente, provocó gigantescas protestas contra el gobernador del estado a lo largo de muchos meses. Aunque sólo algunos manifestantes recurrieron a la violencia, las autoridades del estado y sus seguidores reaccionaron, según los informes, persiguiendo a todas las personas y organizaciones consideradas simpatizantes del movimiento de oposición.

Conflicto e inseguridad

Los elevados índices de delincuencia violenta y la ausencia de seguridad pública continuaron siendo motivo de honda preocupación social. La pobreza, la violencia y la proliferación de armas pequeñas –una realidad cotidiana para millones de personas en América– generaron y perpetuaron entornos en los que abundaban los abusos contra los derechos humanos.

Los gobiernos solían recurrir a estrategias represivas de aplicación de la ley para abordar las consecuencias de la desatención por parte de las autoridades, de la discriminación y de la exclusión social. Estas políticas acarrearon que las comunidades pobres se sumieran cada vez más en la violencia y en la inseguridad, sobre todo en los centros urbanos. En ciudades de Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica, las bandas juveniles y de delincuentes armados representaban una grave amenaza. Varios estados recurrieron cada vez más al «control» militar de los barrios, dejando a muchos vecinos expuestos a la violencia tanto de las bandas que dominaban las comunidades como de las fuerzas represivas del Estado.

Una de las consecuencias más visibles de las medidas represivas adoptadas por los Estados en materia de seguridad fue la violencia desenfrenada que se registró en las prisiones de la región, masificadas y sin control. El fenómeno de las prisiones como lugares «prohibidos» a las fuerzas de seguridad se propagó por Centroamérica y Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, una banda delictiva cuyos miembros se encontraban repartidos por varias cárceles de São Paulo organizó motines simultáneos en unas 70 prisiones del estado. Al mismo tiempo, desde el interior de las cárceles, los jefes de las bandas ordenaron que se llevaran a cabo ataques criminales en todo el estado, lo que acarreó la muerte de más de 40 agentes de policía y daños generalizados. La policía mató a más de un centenar de sospechosos durante los enfrentamientos, y muchas otras personas murieron como consecuencia de presuntas represalias llevadas a cabo según el estilo de los «escuadrones de la muerte».

En Colombia, que padecía uno de los conflictos más enconados del mundo, persistió la crisis humanitaria. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos guerrilleros fueron responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y dirigentes indígenas y comunitarios eran especialmente vulnerables.

Además, el conflicto de Colombia siguió afectando a los derechos de las personas que vivían en zonas fronterizas de los países vecinos. En Ecuador, Panamá y Venezuela, las poblaciones rurales estaban especialmente expuestas a las amenazas de las fuerzas armadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y al peligro de que los grupos armados realizaran reclutamientos forzosos.

«Guerra contra el terror»

Salieron a la luz más indicios de abusos sistemáticos y reiterados por parte de Estados Unidos y sus aliados en el contexto de la «guerra contra el terror», como detenciones secretas, desapariciones forzadas, reclusión arbitraria y prolongada en régimen de incomunicación y torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al finalizar 2006, miles de personas seguían privadas de libertad bajo custodia estadounidense, sin cargos ni juicio, en Irak, Afganistán y Guantánamo (Cuba).

A pesar de varias resoluciones judiciales adversas, el gobierno de Estados Unidos continuó utilizando políticas y prácticas que no estaban en consonancia con las normas de derechos humanos. El Congreso estadounidense, a pesar de que adoptó algunas iniciativas positivas, dio su aprobación a violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la «guerra contra el terror» y transformó malas políticas gubernamentales en malas leyes nacionales.

En agudo contraste con los avances registrados en Latinoamérica, se siguió sin pedir responsabilidades a altos cargos oficiales estadounidenses por las torturas y malos tratos infligidos a personas detenidas en el contexto de la «guerra contra el terror», a pesar de existir pruebas de que los abusos habían sido sistemáticos.

El cambio del reparto de fuerzas que se produjo en el Congreso de Estados Unidos como consecuencia de las elecciones legislativas de noviembre aumentó las posibilidades de que esta institución intensificara el control y la investigación de las acciones del ejecutivo y de que se mejorara la legislación.

Discriminación: avances y retrocesos

La violencia contra las mujeres siguió siendo un fenómeno generalizado en toda América. Los gobiernos no hacían respetar las leyes que penalizaban la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y en la comunidad, ni facilitaban apoyo y protección a las víctimas de dicha violencia. La falta de jueces y fiscales especializados en la violencia de género, así como la carencia de refugios adecuados y suficientes y de unidades policiales sensibilizadas respecto a las cuestiones de género, pusieron de manifiesto una ausencia fundamental de voluntad política para poner fin a la violencia endémica contra las mujeres.

A pesar de la indignación nacional e internacional, siguió registrándose un patrón recurrente de homicidios de mujeres en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, entre otros países.

No obstante, los derechos de las mujeres, incluidos los sexuales y reproductivos, ocuparon un lugar destacado en los planes de las instituciones políticas y de las organizaciones sociales. En Chile, por ejemplo, las autoridades consiguieron que los tribunales autorizaran la distribución de la «píldora del día siguiente» a las chicas mayores de 14 años sin el consentimiento de sus progenitores. En Perú, el Tribunal Constitucional resolvió que la «píldora del día siguiente» debía ser accesible a todas las mujeres. En Colombia se despenalizó el aborto para algunos casos de violación.

Por el contrario, el Tribunal Constitucional de Ecuador falló que no se debían dispensar tratamientos anticonceptivos de urgencia, y las autoridades nicaragüenses derogaron la ley que permitía el aborto en ciertos casos de violación.

En toda la región se recibieron informes sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas. Los pueblos indígenas siguieron sufriendo un racismo inveterado y tratos discriminatorios. Privadas de la debida protección de su derecho a habitar y explotar tierras y territorios cruciales para su identidad cultural y su supervivencia cotidiana, las comunidades indígenas a menudo se sumieron en una pobreza extrema y unas condiciones de salud deplorables.

Durante 2006 continuó creciendo la tendencia hacia una reafirmación de la identidad indígena. Sobre todo en los países andinos, esta tendencia se reflejó en el surgimiento de los pueblos indígenas como una fuerza política a escala nacional, como en Bolivia, y a escala local. De forma paralela a este fenómeno, las divisiones étnicas se manifestaron cada vez con mayor intensidad en los países andinos que contaban con un porcentaje mayor de población indígena. En Bolivia, las divisiones étnicas se agravaron por las demandas de una mayor autonomía de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, de mayoría no indígena.

La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero siguió siendo objeto de estigmatización, discriminación y abusos en muchos países de América, aunque logró también ser más visible y algo más aceptada, sobre todo en las grandes ciudades.

En Nicaragua continuaron estando penalizadas las relaciones homosexuales entre hombres y mujeres, y en algunos países caribeños seguían en vigor diversas «leyes contra la sodomía». Sin embargo, en algunos países se adoptaron medidas positivas para garantizar la igualdad ante la ley. Ciudad de México aprobó una ley histórica en la que se reconocían las uniones entre personas del mismo sexo. En Colombia, el Congreso estudió un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, concedería a las parejas homosexuales los mismos derechos en materia de seguridad social que a las parejas heterosexuales.

Reducción de la impunidad

Varios países latinoamericanos se enfrentaban a una penosa herencia de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad ocupaban un lugar destacado entre los objetivos de la sociedad civil, del poder judicial y de algunos gobiernos, y se emprendieron acciones contra varios ex altos cargos.

En Argentina, Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue declarado culpable de asesinato, torturas y secuestros cometidos durante el periodo del gobierno militar (1976-1983) y condenado a cadena perpetua en septiembre. Los tres magistrados encargados de la causa resolvieron que había sido responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto de un genocidio.

En Chile, al ex presidente peruano Alberto Fujimori se le concedió en mayo la libertad bajo fianza, en espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile sobre su extradición a Perú para ser juzgado por cargos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La Corte Suprema resolvió que no podía abandonar el país y ordenó que permaneciera bajo arresto domiciliario hasta que se adoptara una decisión.

En México siguieron sin tener un resultado positivo las acciones judiciales emprendidas contra ex altos cargos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en los años sesenta, setenta y ochenta. En noviembre, sin embargo, un tribunal federal ordenó que se volviera a detener al ex presidente Luis Echeverría para ser juzgado por el cargo de genocidio en relación con la matanza de estudiantes perpetrada en la plaza de Tlatelolco en 1968.

En noviembre, un juez uruguayo ordenó la detención y el enjuiciamiento del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) y del ex ministro de Asuntos Exteriores Juan Carlos Blanco. Los cargos de que se los acusaba estaban relacionados con los homicidios de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de Rosario Barredo y William Whitelaw, miembros del grupo guerrillero tupamaro Movimiento de Liberación Nacional, cometidos en Argentina en 1976. La decisión judicial fue objeto de un recurso de apelación.

La muerte del ex presidente chileno Augusto Pinochet el 10 de diciembre, antes de que fuera juzgado por las atrocidades perpetradas durante sus 17 años de gobierno, dejó bien patente la necesidad de una justicia más rápida. Sólo unas semanas antes de su fallecimiento había sido acusado de nuevos cargos relacionados con 35 secuestros, 1 homicidio y 24 casos de tortura. El ex presidente paraguayo Alfredo Stroessner murió exiliado en Brasil sin haber sido sometido nunca a juicio por las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante su gobierno (1954-1989).

La jurisdicción universal siguió desempeñando un papel clave a la hora de abordar el legado de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Un magistrado español dictó órdenes de detención contra el ex general y ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt y varios ex altos mandos del ejército, a quienes se acusaba de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales. Sin embargo, el ex general Efraín Ríos Montt siguió en libertad después de que las autoridades guatemaltecas tuvieran en cuenta sólo de forma parcial la causa abierta por la Audiencia Nacional de España. Otros dos ex oficiales estaban bajo custodia y un tercero se encontraba huido de la justicia.

Novedades en la región

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mecanismos de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptaron varias decisiones importantes. En el caso de que los Estados Partes las aplicaran, no sólo abordarían casos individuales de negación o violación de los derechos humanos, sino que sentarían también un precedente importante para un cambio sistemático en toda la región.

No se registró ningún avance en las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio para toda América; en muchos países, la actitud ante este acuerdo era de escepticismo o rechazo. Sin embargo, se produjeron avances en el fortalecimiento de las asociaciones comerciales dentro de América Latina.